DIARIO VASCO, 23/6/12
Las defensas alegan ante el TC una aplicación incorrecta de los indicios. Los letrados de los cinco condenados por Bateragune solicitan la suspensión de la ejecución de las penas
El Gobierno se mostró ayer partidario de que Arnaldo Otegi, Rafa Díez y los otros tres condenados por el caso Bateragune cumplan la sentencia íntegra de más de seis años que les impuso la Audiencia Nacional y ratificó hace un mes el Supremo. Las declaraciones de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría coinciden en el tiempo con la presentación de los recursos de amparo por parte de las defensas de los procesados, en los que además de solicitar, en una pieza separada, la suspensión de la ejecución de las penas hasta que se resuelva el caso, aducen -en el caso al menos de Rafa Díez- una vulneración de la presunción de inocencia, por una «aplicación incorrecta de la doctrina que el TC tiene sobre las pruebas indiciarias» a la hora de servir de base irrefutable para una condena.
El Gobierno espera que el TC confirme la pena, pero matiza que está en manos de los jueces
Una vez resuelto de forma positiva para Sortu el futuro del partido de la izquierda abertzale, la reacción en la mayoría de las formaciones vascas sobre la «contradicción» o «absurdo» que suponía mantener en prisión a Otegi y el resto de condenados, motivó ayer la contestación del Ejecutivo del PP. Sáenz de Santamaría se mostró partidaria de que la corte constitucional no estime los recursos presentados. «Creemos que deben cumplirse íntegramente las sentencias que se imponen y más en casos de naturaleza tan grave como los delitos de los que estamos hablando», señaló en referencia a la acusación de pertenencia a banda armada.
La vicepresidenta del Ejecutivo, no obstante, matizó que son los tribunales quienes tienen que decidir si merecen o no seguir encarcelados, y en este momento la pelota está en el tejado del TC. Ante él, han presentado las defensas de Otegi, Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez los recursos de amparo con el fin de intentar que la corte revoque la condena del Supremo por considerar que los cinco acusados impulsaron un proyecto político «siguiendo la estrategia de ETA».
Voto discrepante
Los abogados defensores han apoyado sus argumentos en el voto particular discrepante que emitió el juez Alberto Jorge Barreiro en contra del fallo condenatorio de la sala del Supremo, en el que consideraba que Otegi y sus compañeros actuaron «por su cuenta», no a las órdenes de ETA, e «incluso oponiéndose con hechos sustanciales» a la estrategia de la banda terrorista. Y, además, defendía que la condena no se sustenta jurídicamente por la falta de pruebas directas.
Así, según explicó a este periódico la defensa de Díez, su principal motivo para solicitar el amparo es la vulneración de la presunción de inocencia de los acusados, cuya condena está basada «solo en pruebas indiciarias y no directas». Este hecho, alega la defensa, contraviene la doctrina marcada por el propio TC, que considera que una sentencia condenatoria así debe estar sostenida en pruebas directas. «Ha existido una aplicación incorrecta de la doctrina».
Además, la defensa de Díez, ejercida por el letrado Iñigo Iruin, alude, como otro argumento de peso, a la falta de «engarce» o de razonamiento entre los cinco indicios que sirvieron de base acusatoria a la Audiencia Nacional -primer tribunal que dictó condena en este caso-, y el veredicto final. Es decir, «pese a que es obligatorio, en el auto no se explica cómo deriva la condena final de esos cinco indicios», entre los que se encontraban las reuniones en la sede de LAB, o algunas ruedas de prensa.
En el recurso, además se alude al fallo que el TC emitió el año pasado sobre Bildu. Y se recuerda que si en el caso de la coalición, los tres documentos de ETA y uno de la izquierda abertzale que aportó la acusación «no tenían entidad» para una condena, tampoco en el caso Bateragune -en el que se incluyen como prueba esos mismos documentos-, la pueden tener.
En una pieza separada, las defensas han solicitado también la suspensión de la ejecución de las penas mientras el alto tribunal emita un veredicto definitivo. Pero antes de que el TC adopte cualquier decisión, el primer paso es la admisión a trámite de los recursos. En este caso, lamentan los abogados, tampoco existen plazos, por lo que todo apunta -han tardado un año en resolver Sortu- a que no habrá ninguna decisión a corto plazo.
Llegará, casi seguro, una vez hecha la renovación en el seno de la corte, la inminente y la del próximo año, cuando la mayoría que ahora ostentan los magistrados progresistas frente a los conservadores puede verse alterada.
DIARIO VASCO, 23/6/12