EL MUNDO – 04/08/15
· Santamaría recuerda que la Generalitat ha sido «incapaz de sacar adelante» a Cataluña.
Horas antes de que el presidente de la Generalitat pusiera su firma al pie del decreto de disolución del Parlament y convocatoria de elecciones para el próximo 27 de septiembre, el Gobierno central lanzaba su advertencia definitiva: «Vigilaremos todo el proceso, cualquier acto, para garantizar el cumplimiento estricto de la ley».
Con estas palabras, la vicepresidenta confirmaba el grado de alerta que mantendrán los servicios jurídicos del Estado para impedir cualquier movimiento del bloque independentista que sobrepase las líneas rojas marcadas por la Constitución. Que el decreto de convocatoria –firmado por el president ayer a las 21.00 horas– se acomode estrictamente a los parámetros propios de una llamada a las urnas autonómicas no será argumento suficiente para que en Moncloa bajen la guardia. Sáenz de Santamaría lo dejó bien claro.
La desconfianza que el Gobierno central destila hacia Artur Mas es absoluta. Tanta, que la número dos no se priva de lanzar un rotundo mensaje preventivo: «Para lo único que está legitimado Mas es para disolver y convocar elecciones autonómicas». Todo lo que supere este escenario –por ejemplo, otorgarles explícitamente un supuesto carácter plebiscitario– caería dentro de la ilegalidad y sería recurrido de inmediato ante el Tribunal Constitucional.
Nadie en el Gobierno pensaba ayer que Artur Mas pudiera arriesgarse a firmar un decreto que no cumpliera estrictamente con la ley. Hacerlo hubiera implicado su impugnación y anulación prácticamente instantánea, y ello impediría de facto la celebración de los comicios.
El escenario que sí imaginan en Moncloa es el de un proceso de casi dos meses hasta las elecciones en el que se sucederán actos, gestos y pronunciamientos carentes de imparcialidad, destinados exclusivamente a reclamar el voto a favor de la independencia.
Y es desde esta hipótesis desde la que la vicepresidenta advirtió ayer a Mas de que, en su calidad de president, está obligado a velar por la «neutralidad», entendiendo como tal «el respeto a todos los ciudadanos, incluidos aquellos para los que», dijo, «hasta ahora no ha gobernado», es decir, los no independentistas. La condición de president prima sobre cualquier otra, más aún en este caso en el que Artur Mas ni siquiera encabeza una lista electoral (figura en cuarta posición en la candidatura Junts pel Sí, cuyo número uno es Raül Romeva).
En este sentido, en el Ejecutivo estarán pendientes al minuto del desarrollo de la precampaña y de la campaña electoral con especial atención al 11 de septiembre, fecha en la que coincidirá la celebración de la Diada con el inicio oficial de la campaña. «Todos los actos en ese periodo se rigen por lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General», recordó la vicepresidenta, que hizo hincapié en la necesidad de «respetar a todos los ciudadanos de Cataluña».
En opinión de Santamaría, el balance que puede presentar Artur Mas ante los catalanes no es más que la constatación de un «fracaso». «Si en cinco años se han celebrado tres elecciones es porque algo no ha ido bien. Para empezar, no ha sido capaz de sacar adelante a su comunidad autónoma sin el apoyo del resto de los españoles», recordó la vicepresidenta, haciendo referencia a las inyecciones de liquidez que ha necesitado Cataluña para poder hacer frente a sus obligaciones de deuda, al sostenimiento de sus servicios públicos y a las facturas de sus proveedores.
Llegados al punto actual en el que el desafío independentista parece no tener marcha atrás, el Gobierno central arremete contra la Generalitat sin concesiones.
«Los dirigentes políticos en Cataluña viven de la reclamación constante», reprochó Santamaría antes de insistir en que desde el Gobierno central se ha hecho, «y se hará», todo lo posible para que los catalanes «no paguen el pato de sus decisiones».
«Quizá Artur Mas», argumentó la vicepresidenta, «pueda llenar el calendario cada vez más de fechas históricas, pero este Gobierno se ha llenado cada día del trabajo que los ciudadanos de Cataluña merecen en su presente y su futuro». En este sentido, apuntó que los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno envía hoy a las Cortes para su tramitación incluyen un incremento de más de 10.000 millones para la financiación de las comunidades autónomas, de los cuales 1.860 corresponden a Cataluña.