EL MUNDO 30/04/13
El recurso del abogado del Estado ve el plan de Mas como «un desafío contra la Constitución»
Aunque, al principio reaccionó quitándole importancia, el Gobierno decidió finalmente llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) la declaración de soberanía que el Parlament aprobó el pasado 23 de enero con el argumento de que «en la perspectiva de la Constitución sólo hay un soberano», que es «el pueblo español».
Según el texto aprobado en la Cámara catalana, apoyado por CiU, ERC e ICV, «el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». Pero el abogado del Estado considera que esa declaración expresa «un desafío contra la Constitución», y que es contraria a varios artículos de la Carta Magna.
«La soberanía del pueblo catalán supone atribuirle el derecho de secesión, que podrá ejercitar si ésa es su voluntad», afirma el texto, que ayer recogió El Punt Avui.
Con respecto a la consulta, que el Ejecutivo de Artur Mas se ha comprometido a convocar el año que viene, los argumentos del abogado del Estado van en dos direcciones: la primera, que «sólo una decisión soberana del pueblo español podría reconocer de manera constitucionalmente válida la soberanía del pueblo catalán». Es decir, que sólo una cesión en ese sentido del Gobierno podría habilitar la declaración catalana. La segunda es una advertencia contra el más probable plan B de la Generalitat, una vez que el Gobierno lleve ante el TC la convocatoria de la consulta y éste la anule: un nuevo adelanto de las autonómicas, donde concurrirían en una lista conjunta CiU, ERC y otros partidarios del Estado propio catalán. «Es, de nuevo, una obviedad constitucional que unas elecciones autonómicas nunca pueden investir de naturaleza constituyente a la asamblea legislativa de la nacionalidad o región que resulte», advierte el recurso.
Mas se declaró ayer sorprendido por el recurso. «Ni lo entiendo ni lo comparto», dijo. Alegó que la propuesta fue apoyada por una «supermayoría» en el Parlament e instó a «los poderes del Estado» a respetar las decisiones de la Cámara catalana.
«Deberían actuar de una forma más prudente, serena y con un talante más democrático», añadió el president. «No estamos hablando de independencia sí o no; no se trata de eso, pero difícilmente sabremos qué quiere la gente si no la dejamos votar». Tanto ERC como ICV acusaron a la Abogacía del Estado de no respetar la voluntad del Parlament. El PSC consideró el recurso un «error» y pidió «diálogo», mientras PP y Ciutadans vieron legítimo su rechazo.