Fernando Garea-El Confidencial

Sánchez mantiene todas las opciones abiertas para los Presupuestos, pero aplaza la decisión a conocer las condiciones de la UE, lo que irrita a sus posibles socios

«El Gobierno solo piensa en la curva que tiene delante y actúa como si fuera la última curva del camino, pero no es consciente de que luego llegará otra, que puede haber baches o que puede venir otro coche de frente». La frase es del portavoz de uno de los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, los llamados socios parlamentarios preferentes.

Resume la queja coincidente de los partidos con los que el Gobierno suele negociar y pactar, que otros portavoces etiquetan como «regate corto» o «cortoplacismo» y que tanto irrita a esos socios. Así, ha ido funcionando la legislatura, con trompicones, votaciones al límite y cesiones y, sobre todo, marcada por una terrible pandemia que ha provocado la crisis sanitaria y ahora la crisis económica y social.

Como para pensar en junio con quién van a pactar los Presupuestos en septiembre y octubre. Con todo lo que ha pasado en cinco meses de legislatura, es imposible aventurarse a pronosticar cómo serán esas cuentas para 2021, con quién se negociarán y si llegarán a aprobarse en octubre y en diciembre, según admite el Gobierno.

El interés del Gobierno, según explica uno de los negociadores habituales, es mantener abiertas ahora todas las opciones posibles, desde ERC y Bildu a Ciudadanos y, sobre todo, el PNV, sin descartar la remota opción del PP. Tener todas las opciones sobre la mesa para cuando llegue el momento, cuando se acerque la curva de los Presupuestos a finales de septiembre.

Para entonces también habrá que aprobar un nuevo techo de gasto para 2021, porque se aprobó uno hace meses, pero ha quedado obviamente obsoleto, según explica Economía.

La geometría variable le ha permitido a Pedro Sánchez llegar hasta aquí en una situación muy complicada y, por el momento, no se divisa ninguna curva próxima hasta septiembre. Entendiendo como tal las votaciones comprometidas que exigen una negociación en la que el Gobierno se ve obligado a ceder, como ha ocurrido hasta ahora.

Fuentes del Gobierno hacen autocrítica por haber tenido que «gastar reservas» y haber incluido en las negociaciones sobre el estado de alarma asuntos ajenos a la pandemia. Eso sí, lo justifican —con razón— por la premura casi angustiosa que se vivió en esas semanas tan duras.

Ahora, el PSOE pretende evitar la tramitación de leyes conflictivas y ganar tiempo hasta septiembre para darse un respiro y, por supuesto, siempre con la espada de Damocles de posibles rebrotes de la covid, además del estallido de la gran crisis económica y social.

Hay una situación tan inestable que hace que cualquier acontecimiento pueda alterar el equilibrio

El Gobierno ha aprobado y convalidado hasta ahora 22 decretos, que, a su vez, eran cajones de sastre sin fondo que contenían multitud de reformas legales, y con ellos ha conseguido hacer frente a los efectos de la pandemia.

Quedan tres o cuatro plenos hasta que se interrumpa la actividad parlamentaria en agosto. Para la próxima semana está asegurada la convalidación del llamado decreto de nueva normalidad y, probablemente, con los votos del PP, gracias a la presión de sus barones, la negociación de Ana Pastor y el giro «moderado» de Pablo Casado.

Todo ello, en una situación tan inestable que hace que cualquier acontecimiento pueda alterar el equilibrio. Hasta los GAL que actuaron hace 40 años provocan conflictos políticos ahora, quién lo iba a decir. Todo por un impreciso informe de la CIA desclasificado en 2011 y que se limita a remitirse a informaciones de la prensa de la época, previas a las sentencias de diferentes procesos judiciales sobre la guerra sucia, ya concluidos y con condenas cumplidas.

De hecho, la descripción topográfica del Parlamento en este momento muestra un panorama complejo en el que el Gobierno irrita a sus socios, tanto como sus socios irritan al Gobierno.

Por ejemplo, la citada petición de comisión de investigación sobre los GAL incomoda al Gobierno, aunque se esfuerce en minimizarlo en público. Por un lado, porque activa a sectores del PSOE más tradicional para defender a Felipe González y arremeter contra PNV o ERC, partidos fundamentales para el apoyo parlamentario de Sánchez.

Obligaba a Unidas Podemos a votar en contra en vísperas de las elecciones vascas y, por eso, ha tenido que dar un giro en 24 horas y pasar de no apoyarlo a decir que lo apoya por coherencia sobrevenida, de la que ha tardado un día en ser consciente.

Fuentes del partido de Pablo Iglesias explican que la petición de comisión de investigación es un enorme error de cara a los comicios vascos porque sitúa en el foco de esa campaña a ETA y el terrorismo, justo lo que el PP quiere por su propio interés. El marco del terrorismo es el ideal para Carlos Iturgaiz, candidato de PP y Ciudadanos, para esos comicios. Pero los de Iglesias los apoyarán por presión de sus organizaciones en Euskadi y Cataluña.

El Gobierno es consciente de que, obviamente, cada partido tiene su margen de maniobra y más en vísperas de unas elecciones, pero le incomodan esos movimientos porque dan argumentos a los críticos que sostienen lo del «Gobierno Frankenstein», rebautizado ahora por Felipe González como el «camarote de los hermanos Marx». La comisión no se aprobará por los votos de PSOE, PP y Vox, pero nadie le evita un debate en pleno y en enfado de los socialistas «antiguos» por la falta de respaldo a González por parte de los actuales dirigentes y ministros.

Le incomoda que se incluyan en las negociaciones asuntos ajenos a los que se quiere pactar.

Y a los socios parlamentarios les desquicia que no haya visión global en las negociaciones, pensando en futuras votaciones, y detalles que interpretan como falta de sensibilidad para mantener la línea de acuerdos y prolongar la legislatura.

La situación de ERC es otra de las variables que hacen imposible determinar qué ocurrirá con los Presupuestos, por las elecciones catalanas

Así, al PNV le irrita que el Gobierno apruebe el decreto con el reparto de fondos y no convoque previamente la Comisión Mixta entre el Estado y el País Vasco, como exige la ley del Cupo.

Y a ERC le molesta que el Gobierno no responda a sus requerimientos para preparar de forma discreta la reunión de la mesa sobre Cataluña, para que en la próxima reunión se avance. Sabe que será en julio, pero la Moncloa aún no les ha respondido si prefiere que sea antes o después de las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio.

La situación de ERC es otra de las variables que hacen imposible determinar qué ocurrirá con los Presupuestos, porque está pendiente la convocatoria de elecciones en Cataluña, porque podrían ser hacia el simbólico 1 de octubre, porque en septiembre el Tribunal Supremo inhabilitará a Joaquim Torra y porque los presos siguen presos y en algún momento el Gobierno tendrá que abordar los indultos.

Con Ciudadanos hay interés de Sánchez de regar la relación. Primero para premiar el esfuerzo de Inés Arrimadas para rectificar la etapa de Albert Rivera y, por otra, por el interés práctico del Gobierno de mantener un comodín sobre la mesa, para jugarlo cuando sea necesario, cuando se quede sin cartas en la mano. La posibilidad de que Ciudadanos permita la aprobación de los Presupuestos se incluye en el viejo sueño de transversalidad del presidente del Gobierno, pero hoy por hoy es un problema del Sánchez del futuro.

Sánchez no tendría más remedio que mirar al PP para aprobar los Presupuestos de la reconstrucción

El Gobierno explica que el factor determinante para entonces será Europa, es decir, la forma en la que la Unión Europea ayude a España. La famosa condicionalidad. Y en esto coinciden todos los partidos.

De Europa vendrá la salida, pero puede venir también la exigencia y, en todo caso, Europa determinará el sentido y la duración de la legislatura. La visión extrema es la de Casado, que entiende que Europa va a poner condiciones que exigirán cumplimientos que el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos no podrá aceptar. Que los de Pablo Iglesias no aceptarán renuncias como derogar la reforma laboral y, sobre todo, hacer recortes.

Para entonces, siempre según su hipótesis podría ponerse fin a la legislatura. O, según el deseo de empresarios y opinadores, Sánchez no tendría más remedio que mirar hacia el PP para aprobar unos Presupuestos transversales de reconstrucción.

Varios ministros, de diferentes procedencias, ven remota esta posibilidad. La propia vicepresidenta Carmen Calvo dejó claro a Casado en una conversación telefónica reciente la intención de avanzar en la legislatura con el actual Gobierno de coalición. Y eso mismo le intentan transmitir al líder del PP otros dirigentes de su partido y destacados barones regionales.

Fuentes del sector de Unidas Podemos en el Gobierno también creen que la legislatura seguirá y que habrá Presupuestos. Su convencimiento se basa en la previsión de que llegarán fondos abundantes de la UE y no será preciso abordar esta vez recortes. No se pedirá austeridad, pero sí reformas.

Es decir, que no habrá condicionalidad y menos referida a exigencia de recortes como ocurrió con la anterior crisis. Y por supuesto Europa aceptará una reforma fiscal basada en subida de impuestos para rentas altas o grandes empresas y, en cambio, no admitiría bajadas de impuestos, ni impondrá recortes de gastos. De hecho, el PP no pudo recortar impuestos en la anterior crisis.

El partido de Iglesias asegura, por si acaso, que ya tienen hecho su relato de su paso por el Gobierno: subida sin precedentes de salario mínimo, ingreso mínimo vital, ERTE, eliminación de la baja prolongada de enfermedad como causa de despido, proyecto de ley de libertad sexual y proyecto de ley de protección a la infancia. Tanto que sostienen que las iniciativas que han obtenido más apoyo parlamentario, incluso de a derecha, han sido las que han impulsado o acelerado ministros de Unidas Podemos y además son las más «vistosas» del Gobierno de coalición.

El Gobierno admite que puede haber presiones para hacer algunas reformas o dejar de hacer otras, como la reforma laboral. Pero sería subsanable manteniendo su propuesta de abordar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, pactando con sindicatos y patronal y sin prisas. Algunos de los puntos rechazados de la reforma laboral, como los despidos por baja prolongadas de enfermedad o la adaptación de los ERTE ya se han modificado de forma aislada.

Añade que uno de los activos del Gobierno en esta etapa tan difícil es haber mantenido pese a todo el diálogo social y los acuerdos con sindicatos y patronal. Y pone de manifiesto la evidencia de la falta de sintonía o, al menos, la ausencia de coordinación entre el PP y la CEOE, porque los empresarios pactan con el Gobierno y los populares lo evitan.

La explicación del Gobierno es que los fondos de la UE no pueden tener condicionalidad porque están vinculados a proyectos concretos y son finalistas. Por ejemplo, para transformación digital o sostenibilidad.

Curiosamente, FAES, la fundación de José María Aznar que siempre hay que escuchar por su influencia en Casado, se sumaba esta semana a esta tesis en un análisis titulado ‘Fondos y desinformación’. El texto atribuía al Partido Popular Europeo la aprobación del fondo de recuperación en el Parlamento Europeo y aseguraba que «la clave del reparto de los fondos aplicada por la Comisión hace de España el país más beneficiado ya que podría obtener hasta 140.000 millones de euros, de los cuales la mayor parte serían transferencias directas y una parte sustancialmente menor préstamos a muy bajo interés».

Esos fondos deben ser ratificados en cada Estado de la UE y no estarán hasta entrado 2021, pero su perspectiva condicionará la legislatura

FAES hablaba de «mala fe e infantilismo» por atribuirle al PP la intención de alienarse con otros estados para imponer condiciones a España y añadía que «el recurso al fondo será decisión voluntaria de cada Estado, no es obligatorio acudir a él. No será una forma de asistencia presupuestaria, es decir, no podrá ser destinado a reducir el déficit ni a amortizar deuda. El dinero tendrá que ser aplicado a proyectos de inversión en los ámbitos de la transformación digital y transición energética en el marco del Green Deal. Una parte del importe de los proyectos tendrá que ser cofinanciado por el Estado receptor, pero, a cambio, la gran mayoría de esos recursos serán transferencias directas y no préstamos que aumentarían la carga de la deuda. La Comisión controlará tanto la selección de los proyectos como su ejecución. El dinero será desembolsado en entregas sucesivas en función de la evaluación que haga la Comisión sobre su uso”.

Es decir, que esta vez no son condicionalidades, sino proyectos y control de ejecución. «Ni condiciones exorbitantes, ni cláusulas secretas, ni conspiraciones europeas», concluía FAES, eliminando la opción a la que aspira el PP de que Europa imponga condiciones que hagan imposible la continuidad del Gobierno de coalición.

En todo caso, esos fondos deben ser ratificados en cada Estado de la UE y no estarán culminados hasta entrado 2021, pero su perspectiva condicionará la legislatura y, sobre todo, será imprescindible para la recuperación.

Los caminos de Europa son muy lentos, pero fundamentales para España. Quizás por eso, en las comidas (casi) semanales de Sánchez e Iglesias el tema principal de conversación es Europa.