ABC 02/08/15
· De detectarse cualquier intento de convertirlo en un plebiscito, sería recurrido ante el TC
El presidente catalán está a punto de firmar el decreto de convocatoria de las elecciones del próximo 27 de septiembre, que ha presentado como un plebiscito sobre la independencia de Cataluña. Los plazos legales marcan la fecha de mañana, 3 de agosto, como el día en que Artur Mas suscribirá un documento sobre el que el poder ejecutivo y el judicial tienen puestos sus ojos. Mañana, pues, no será un lunes cualquiera; Mariano Rajoy y la Abogacía del Estado leerán con precisión de relojero el texto de convocatoria por si se desliza alguna indicación del carácter pretendidamente plebis
citario de la consulta. El Gobierno ha dejado claro que, más allá de lo que digan las formaciones que respaldan la secesión, las elecciones de septiembre se celebrarán, como así ha sido siempre, para elegir exclusivamente a los diputados autonómicos. «No habrá plebiscito, como no hubo referéndum», sentenció Rajoy el viernes. Si hubiera en el decreto cualquier señal independentista, susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, los poderes del Estado no se lo pensarían dos veces. De hecho, los miembros del TC han sido alertados de que han de estar localizables durante este mes por si fuera necesario improvisar un pleno. Pero varios dirigentes populares manifestaron a ABC que «es improbable que Mas cometa ese error que le introduciría en un laberinto jurídico en el que tiene todas las de perder».
También desde la Generalitat se asegura que no se dará ningún paso en falso, para evitar que la cita sea recurrida apelando a su adulteración legal. Mas, apuntan en su entorno, «tiene claro que firmará un decreto ordinario que no se diferenciará en nada de los anteriores que fueron perfectamente aceptados por el Ejecutivo y por los tribunales». Su propio socio soberanista y líder de ERC, Oriol Junqueras, aseguró hace unos días que «nos lo jugamos todo», en referencia a lo que digan las urnas y, probablemente también, a la necesidad de que no se cometa ningún cambio formal que comprometa la jornada electoral. Lo que no se descarta en el PP es que el frente soberanista empiece a tomar decisiones por la vía de los hechos una vez que se celebre el 27-S, siempre que el resultado le sea propicio, extremo que desmienten las últimas encuestas. En ese caso, nada se descarta, aunque desde el Gobierno se evita explicitar si se aplicaría el artículo 155 de la Constitución, disposición que está prevista para situaciones extremas, como lo sería un intento de secesión que afectara a la integridad de España.
Sin embargo, Rajoy está convencido de que los datos que arrojarán las urnas no darán más opciones a Mas que tirar la toalla. En este contexto, ha tomado las riendas del PP catalán situando in extremis a Xavier García Albiol, con perfiles más tradicionales y contundentes, y con más bazas como cartel electoral que Sánchez-Camacho. El presidente se debate, afirman en su entorno, entre el deseo de que crezcan todos los partidos constitucionalistas (incluido su enemigo número uno: Ciudadanos) y su lógica aspiración de que Albiol aborte la subida espectacular que pronostican los sondeos a Albert Rivera.