ABC 21/12/12
En La Moncloa no temblará el pulso para el uso inmediato de los mecanismos judiciales.
Informes de Montoro El titular de Administraciones Públicas vigilará el contenido de cada punto de las normas.
El texto de la ley El Ejecutivo esperará a conocer el texto definitivo y aprobado de la Ley de Consultas para recurrir.
En el Palacio de la Moncloa hay una preocupación lógica ante el desafío independentista que han planteado Artur Mas y sus socios de la izquierda republicana radical. En el Gobierno el tono es firme y ya ha advertido de que utilizará todos los mecanismos legales a su alcance para frenar la amenaza independentista de los nacionalistas catalanes. Eso sí, tomará las decisiones cuando se conozcan las leyes concretas que se aprueban. Y en todo caso nadie en Presidencia ha hablado de una suspensión de la autonomía de Cataluña, que ni siquiera está prevista en la Constitución.
Para evitar una escalada verbal, que solo favorecería al victimismo de los nacionalistas, desde el Ejecutivo quieren agotar la vía del diálogo y el entendimiento, pero con un límite. No temblará el pulso cada vez que el Gobierno autonómico apruebe una ley que pueda contener aspectos inconstitucionales. Los abogados del Estado vigilarán cada punto de las normas, como hacen con todas las leyes autonómicas, y enviarán sus informes al responsable de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. El ministro elevará las conclusiones al Consejo de Ministros, que actuará de manera inmediata, sin ninguna dilación, para tratar de suspender en el Tribunal Constitucional las leyes y decretos aprobados que puedan contener aspectos contrarios a la Carta Magna.
El Gobierno ya anunció la semana pasada un recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta médica implantado en Cataluña, al entender que supone una invasión de competencias, y atenta contra la igualdad de los españoles. El recurso llegó después de un proceso de diálogo que duró meses, y que finalmente no se fraguó en un acuerdo.
El siguiente recurso podría ser el que se presente contra el impuesto sobre depósitos bancarios. El Gobierno ya ha expresado su oposición a que las comunidades puedan imponer tributos de esas características, y de hecho a partir del 1 de enero entrará en vigor una norma nacional similar, pero con una tasa del 0 por ciento, para dejar sin efecto a la autonómica, ya que no se puede gravar dos veces lo mismo. La Generalitat podría pedir entonces una compensación de hasta 500 millones, por las pérdidas de ingresos. La pelota quedará en el tejado del TC.
El momento oportuno
Y será a partir de enero cuando la vigilancia de los servicios jurídicos del Estado se agudice ante cualquier decreto-ley o norma que surja del nuevo Ejecutivo autonómico. Se espera que la ley de Consultas empiece a tramitarse en las próximas semanas. El Gobierno de Rajoy esperará a conocer el texto definitivo de la ley, cuando ya esté aprobado, para tomar una decisión. Nunca antes. Si considera que supone una invasión de una competencia exclusiva del Estado, lo llevará inmediatamente al Constitucional. Será uno de los momentos clave de la legislatura, ya que a partir de ese momento Mas tendrá que decidir si acata la suspensión o sigue adelante.
ABC 21/12/12