El Gobierno busca fórmulas para que los etarras excarcelados no perciban ayudas

El Gobierno de Mariano Rajoy estudiará todas la medidas legales para evitar que los etarras excarcelados puedan cobrar el subsidio de paro y recibir otras ayudas del Estado, como becas, a las que en estos momentos tienen derecho. Sin embargo, es complicado que, de hallarse una fórmula ajustada a la ley, ésta pueda aplicarse a los reclusos beneficiados por la sentencia de Estrasburgo sobre la ‘doctrina Parot’. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recalcó ayer que el Ejecutivo está «desde el primer día» trabajando para evitar situaciones «injustas» y que los terroristas se «beneficien con las prestaciones sociales del Estado que han tratado de dinamitar».
El máximo responsable de las fuerzas de seguridad insistió en el Congreso de los Diputados en que su departamento se va a «esmerar» para evitar que los miembros de ETA y otros «criminales especialmente abyectos» cobren estas cantidades. Fernández Díaz respondía así una pregunta de Rosa Díez, quien consideró una «vergüenza» que los terroristas «no sólo se rían de los muertos después de matarlos, sino que se rían de todos los españoles cuando salen de prisión».
La portavoz de UPyD había interpelado al ministro al conocerse que Inés del Río tiene derecho a cobrar 426 euros mensuales durante 18 meses. La exmiembro del ‘comando Madrid’ fue condenada por cometer más de veinte asesinatos. Tras pasar 26 años en prisión, el martes de la semana pasada abandonó la cárcel coruñesa de Teixeiro al ser la primera beneficiada por la derogación de la ‘doctrina Parot’ de forma retroactiva acordada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El actual sistema de protección permite a todos los presos que salen de la cárcel el derecho a percibir el subsidio de paro en el caso de que no tengan otras rentas y de que cumplan una serie de requisitos. Por ejemplo, encontrarse inscrito como demandante de empleo y no cobrar la prestación de paro o no tener rentas propias que sumen más del 75% del salario mínimo sin pagas extras: 483,98 al mes. La cuantía final que pueden recibir los expresos asciende al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale a 426 euros al mes. Además, dado que no es una cantidad elevada, se considera a salvo de embargo a pesar de que Del Río debe 19 millones de euros al Estado en concepto de indemnización a las víctimas.
La etarra excarcelada también podría quedarse al final con los 31.500 euros que Estrasburgo incluyó en la sentencia que derogó la ‘doctrina Parot’ como indemnización por «daños morales» que tendría que darle el Estado por haber prolongado más de lo debido su internamiento. Cuando la Audiencia Nacional aceptó excarcelarla, también acordó por unanimidad que la cantidad fijada por el Tribunal de Derechos Humanos fuese destinada a hacer frente al pago de los 19 millones de responsabilidad civil a los que fue condenada y que nunca abonó. Sin embargo, los letrados de Del Río recurrieron ayer ante la misma instancia judicial al considerar que la jurisprudencia de Estrasburgo ya ha dicho en varias ocasiones que no puede ser objeto de embargo. A la espera de cómo se resuelva este recurso, el Gobierno quiere evitar nuevos conflictos con las víctimas tras comprobar el domingo, con la masiva concentración convocada en Madrid por la AVT, que los ánimos están muy encendidos entre los afectados por el terrorismo y un importante sector del PP. Los gritos contra algunos de los principales líderes populares y las acusaciones de «traición» lanzadas por parte de los asistentes al acto celebrado en la plaza de Colón han activado las alarmas en el Ejecutivo. «La lógica indignación de la sociedad, especialmente de las víctimas del terrorismo, nos exige a los gobernantes tomar medidas para estar a la altura de lo que todos ellos nos exigen», afirmó ayer el ministro.
«Vamos a hacer todo lo legalmente posible para que ningún ex preso cobre indebidamente ayudas públicas. Vamos a reconsiderar los requisitos objetivos y subjetivos que la Ley de Seguridad Social exige, en particular, para la percepción del subsidio de excarcelación», añadió Fernández Díaz en la Cámara baja.
En este sentido, el titular de Interior anunció que ya se han introducido medidas en la ley de Presupuestos «para que en ningún caso los terroristas puedan beneficiarse» y que ya se han rechazado más de 40 peticiones.
En todo caso, no parece sencillo encontrar la fórmula que busca el Gobierno. Desde el propio ministerio se admite que cualquier medida deberá ser analizada con cuidado. Una de las principales incógnitas es si una restricción de este tipo puede ser aplicada de forma retroactiva, lo que podría reeditar un proceso similar al de la ‘doctrina Parot’.
«Es necesario alcanzar el mayor consenso posible», dijo Fernández Díaz, quien mostró la disposición del Gobierno para recibir todas las aportaciones de los grupos orientadas a conseguir la derrota total del terrorismo. A partir de ahora, el Ejecutivo se ha dado un plazo de tres semanas para intentar encontrar la fórmula idónea y acordarla con otras fuerzas con representación parlamentaria.