El Gobierno ha decidido conceder 4.500 millones de euros en el reparto final del fondo estatal de rescate de 2016 de los cuales, más de un 28% serán destinados a la Generalitat de Cataluña, según datos del Ministerio de Hacienda.
El Govern de Carles Puigdemont recibirá 1.300 millones de este tramo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según confirma el secretario general de la Consejería de Finanzas de la Generalitat, Pere Aragonés.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sostiene así su línea de mantener la financiación a la Generalitat a pesar del desafío soberanista, para que pueda cubrir sus servicios públicos. De los 1.300 millones destinados a Cataluña, 800 millones corresponden a financiar un aumento del objetivo de déficit de 2016 desde el 0,3% al 0,7% con respecto al PIB y otros 500 al desvío de la Generalitat en el pasado año. Los préstamos del FLA son a tipo idéntico al que se endeuda el Estado español con un calendario blando de devolución y constituyen una vía clave de financiación para comunidades autónomas que no tienen acceso a los mercados por encontrarse con calificación de bono basura, como es el caso de la Generalitat. En situación similar se encuentra la siguiente comunidad más beneficiada, la de Valencia con 942 millones. En tercer puesto aparece Andalucía con 766 millones.
Montoro ha explicado que repartirá en los próximos días 1.638 millones de remanente del FLA y otros 2.900 millones por el aumento del margen de gasto permitido, ya que las comunidades ya no tendrán que bajar el déficit al 0,3%, sino al citado 0,7% en coherencia con la suavización que también disfruta el Estado por acuerdo con Bruselas. En el total del año, los fondos estatales para las comunidades han repartido más de 30.000 millones con la Generalitat catalana como principal beneficiaria un año más. Sin embargo, su citado representante ayer, calificó de «irrealizables» los objetivos de déficit aprobados por Montoro para las comunidades.
En el Consejo de Política Fiscal se ha vuelto a escenificar que el acercamiento del Gobierno y el PSOE no está exento de tensiones. Montoro ha reafirmado, tal y como publicó EL MUNDO en su edición de ayer, que no va a realizar anticipos a cuenta a las comunidades autónomas en tanto no se aprueben los Presupuestos del Estado. Los consejeros socialistas de Andalucía y Castilla-La Mancha criticaron este «chantaje», pero el ministro rechazó que fuera tal. En la rueda de prensa posterior al CPFF dijo que «el término chantaje no es apropiado». Aseguró que «es imposible que el Gobierno facilite lo que no tiene».
«Los Presupuestos habilitan al Gobierno a la previsión de determinados ingresos tributarios que corresponden a la financiación de las comunidades. Sin Presupuestos no se puede facilitar nada», zanjó.
Según el ministro, «necesitamos Presupuestos y estoy convencido de que vamos a tener más pronto que tarde unos Presupuestos y ahí conocerán las comunidades los anticipos a cuenta». El PSOE tiene así un incentivo económico de envergadura para su aprobación, porque los anticipos a cuenta son vitales para las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por los socialistas, según recalcaron ayer sus consejeros de Hacienda.
No obstante, la mayoría de las comunidades socialistas se abstuvieron, en lugar de su habitual voto en contra, a la hora de ratificar los objetivos de déficit para los próximos años y que implican una suavización con respecto a lo previsto antes del verano. En 2017 el objetivo que deberán cumplir es del 0,6%, apenas un décima menos que este año.
No pudo votar el secretario de Economía del Gobierno catalán, Pere Aragonés, al no estar presente el titular, Oriol Junqueras, pero reclamó objetivos «diferenciados» de déficit, porque, en su opinión, no todas las comunidades parten de la misma situación. Aragonés recalcó que el criterio europeo establece «diferencias» entre los Estados y que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) está «en contra» de los objetivos aplicados por Montoro.
Las comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Murcia) y de Canarias votaron a favor. Comunitat Valenciana y Baleares, gobernadas por el PSOE, fueron las únicas en votar en contra, en tanto que seis, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Asturias y Cantabria, se abstuvieron.