Editorial, ABC, 27/4/12
La lucha contra ETA no puede terminar con las víctimas sintiéndose traicionadas. Menos aún por un Gobierno del Partido Popular
EL Gobierno ha confirmado la existencia de un plan para reinsertar terroristas de ETA que, según el ministro del Interior, Jorge Fernández, muestren una voluntad «clara, solemne y pública» de renuncia a la violencia. A renglón seguido, el ministro Fernández ha matizado que el terrorista deberá cumplir el resto de los requisitos previstos por la legislación penitenciaria. Con esta matización, el anuncio del Gobierno no debería suponer novedad alguna. En efecto, conviene recordar que el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, del año 2000, suscrito por PP y PSOE, ya preveía que «la legislación penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas» y limitaba la reinserción a la conducta individual del preso, no a tratamientos colectivos. En virtud de este pacto, el Código Penal fue reformado para que la concesión de libertad condicional solo se concediera a los terroristas que hubieran cumplido tres cuartas partes de la condena y que, además, hubieran pedido perdón a las víctimas, repudiado la violencia, colaborado con la Justicia y resarcido a la víctima de los daños causados. Por el mismo motivo se modificó, y con iguales requisitos, la Ley Orgánica General Penitenciaria para la concesión del tercer grado. La conclusión es evidente: la excarcelación de un terrorista sin cumplir todos estos requisitos solo será legal si se modifican estas leyes.
Ahora bien, si solo se trata de acercamientos selectivos a cárceles próximas al País Vasco, el anuncio del Gobierno carece de sentido, siembra la confusión e inquieta a las víctimas; y si es otra cosa, entonces falta claridad y transparencia en el procedimiento de reinserción. El Gobierno debería reflexionar sobre un dato esencial. El PP nunca ha tenido que dar explicaciones a las víctimas ni a la opinión pública por su posición ante el terrorismo porque siempre ha sido coherente y ajustada al Estado de Derecho. Romper este signo de identidad sería una irresponsabilidad, tanto como dejarse embaucar por los juegos de palabras de los sectores del PSOE empecinados en dar a ETA un final dialogado y no un final impuesto. Introducir en el discurso sobre el fin de ETA expresiones tales como «talleres de reinserción» para los terroristas es una distorsión de la verdadera naturaleza de los etarras. Y, además, innecesaria, porque los etarras arrepentidos han necesitado, únicamente, de duras condenas de privación de libertad para renunciar a la violencia. La lucha contra ETA, que no está disuelta ni desarmada, no puede terminar con las víctimas sintiéndose traicionadas. Menos aún por un Gobierno del PP, que urgentemente debe aclarar qué es lo que está haciendo.
Editorial, ABC, 27/4/12