EL MUNDO 14/09/13
· Rajoy responde a la carta del ‘president’ cerrando la puerta al referéndum independentista / «No cabe en la Constitución», sostiene Santamaría.
El balón de oxígeno que creyó percibir la Generalitat el 29 de agosto cuando Mas y Rajoy se reunieron en Moncloa, se desinfló ayer en unos minutos y desaparecerá este fin de semana cuando Barcelona acuse recibo de la carta que el presidente ha preparado para responder a la demanda de autorización de un referéndum soberanista.
Moncloa se muestra impasible ante la exhibición de fuerza de la Diada y ante los argumentos del president sobre la conveniencia de permitir a los catalanes que ejerzan el derecho a decidir. La carta de Mariano Rajoy les ofrece un no como respuesta.
La vicepresidenta del Gobierno lo anticipó ayer: «El Ejecutivo se mantiene en la misma posición que ha venido reiterando. Ese referéndum no entra en el marco de lo que prevé la Constitución».
Santamaría anunció que la carta con la que Rajoy responde finalmente a la que le remitió Mas en julio llegará a la Generalitat este fin de semana. La vicepresidenta no quiso detallar el contenido, pero apuntó las claves necesarias para dibujarlo.
Pese a la multitudinaria participación en la cadena organizada por la Asamblea Nacional Catalana y alentada por la Generalitat para exigir una consulta secesionista, el Gobierno opta por mantenerse –«sereno pero firme», en palabras de la vicepresidenta– en las mismas tesis que hace un año, que no son otras que las de enarbolar el artículo 2 de la Constitución, sobre la indisoluble unidad de la nación española, y el 92, en el que se estipula que los referendos serán convocados por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados.
Y aún más, incluso si en las formas se cumpliera la ley (art. 92), también sería imprescindible que el contenido de la hipotética consulta se acomodara plenamente a ella (art. 2), de manera que en ningún caso podría plantearse la disyuntiva de tener que elegir entre permanecer en España o independizarse, puesto que este último escenario contradice de plano la Carta Magna.
La vicepresidenta recalcó este aspecto: «Tenemos un límite claro y una obligación, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Ése es nuestro margen, del que no nos vamos a salir». Y remachó: «Nuestra posición en este punto es la de siempre, con independencia del día. Diálogo institucional con todas las administraciones, entre ellas la Generalitat».
Éste es el mensaje, muy circunscrito al ámbito jurídico, en el que el Gobierno ha optado por moverse. El Ejecutivo ha preferido no dirigirse expresamente a la ciudadanía, ni rozar siquiera el terreno pantanoso de los sentimientos. Cuando alguno de sus miembros lo ha intentado –es el caso del titular de Exteriores, García Margallo–, ha matizado inmediatamente sus palabras.
Más allá de los insuperables condicionantes legales de la consulta, el Gobierno aspira a hacer comprender a los catalanes independentistas que la ruptura con España les llevaría a la ruina. Dicen desde el Gobierno que una vez se supere la crisis, muchos se convencerán de que España merece la pena. Los ministros económicos han repetido esta filosofía a lo largo de toda la semana, hasta el punto de llegar a trasladar la impresión de que el Ejecutivo reduce el problema catalán casi únicamente a una cuestión de dinero.
Un año después del rechazo de Rajoy a la propuesta de Pacto Fiscal de Artur Mas, ese escenario puramente económico está superado, aunque el profundo descontento que genera la crisis es un ingrediente que sazona, más si cabe, el sentimiento separatista.
Por eso, en el empeño del Gobierno no falta un ofrecimiento a mantener abiertas las vías de diálogo. «Para nosotros», dijo ayer Santamaría, «la máxima prioridad es trabajar con la Generalitat para salir de la crisis». El Gobierno hace hincapié en que lo es «también de los catalanes» y no va a «abdicar» de sus obligaciones con los ciudadanos de una comunidad que tiene importantes problemas de paro y necesitan una mejor gestión de sus servicios públicos».
EL MUNDO 14/09/13