Juan Carlos Girauta-ABC
- Contra el interés del Estado, el Gobierno entrega a Paz Esteban y lo justifica con una excusa prefabricada
O bien hubo un fallo de seguridad, como sostiene Sánchez para justificar el cese de una directora del CNI, o bien no se la ha destituido sino sustituido porque a Paz Esteban le desbordaban las nuevas tecnologías, como vino a decir Margarita Robles. Principio de jerarquía: a las palabras de Sánchez nos atenemos y, en conclusión, la ya exjefa de la inteligencia es responsable de que a varios miembros del Gobierno les pincharan el teléfono. Ahí quedaría la cosa si no existiera el contexto, no hubiera prensa libre y todos nos chupáramos el dedo.
Hechos. Cumpliendo con su deber, el CNI cree que hay que investigar a una serie de personas, con y sin cargos públicos, que podrían estar amenazando
la seguridad del Estado, y obtiene la preceptiva autorización judicial. Visto hoy, el caso del investigado Pere Aragonès reviste especial gravedad, pues el CNI creyó (y el juez consideró verosímil) que quien se convertiría en ‘president’ coordinaba los CDR, grupos que colapsaron Barcelona, bloquearon la frontera con Francia, cortaron autopistas, reventaron una manifestación de policías y provocaron, en fin, de la mano de Tsunami Democràtic, las tristes imágenes de una ciudad en llamas mientras Quim Torra les instaba a persistir: «Apreteu, apreteu!».
Sánchez lo conoce todo desde hace años pues, como es lógico, el CNI le hizo sabedor de la investigación y de sus razones. ¿Y qué hace cuando los partidos que organizaron el golpe de Estado, en una típica operación de agitprop, deciden agitar el victimismo, airean unas escuchas de las que habían tenido conocimiento un año antes y las difunden en un informe de parte disfrazado de estudio académico? Si prima el interés del Estado dentro de la ley, como es su obligación, tiene que callar. O bien, como hizo, remitir el asunto a la Comisión de Secretos Oficiales. Pero primero hay que nombrar a sus miembros, y no cuenta con los 210 votos necesarios para que los separatistas se integren en ella. Así que la presidenta del Congreso adapta las reglas a los intereses espurios de Sánchez, rebaja los 210 a 176 y abre las puertas del control del CNI incluso a Bildu. Incumpliendo el Reglamento y el Código Penal (art. 598), varios miembros airean secretos y exigen que rueden cabezas. Contra el interés del Estado, el Gobierno entrega la de Paz Esteban y lo justifica con una excusa prefabricada: algún país extranjero espió al presidente y a varios ministros.
En una democracia sana, tal revelación solo habría servido para atar cabos y relacionar dichas escuchas con unas concesiones a Marruecos que trituraban la línea diplomática de casi medio siglo y ponían en primera línea de fuego reivindicativo a Ceuta y Melilla. En esta autocracia en construcción han servido para colocar a los enemigos del Estado a controlar la garantía última de su seguridad y para arrojar como carnaza a los separatistas a una funcionaria ejemplar.