EL CONFIDENCIAL 26/09/15
· El Ejecutivo ha roto la tradición que otorgaba a los nacionalistas catalanes una cuota en los entes reguladores. El nuevo reparto de poder se verá reflejado en la CNMC tras las elecciones
La deriva secesionista de Artur Mas ha supuesto también la ruptura definitiva del modelo de colaboración que los distintos Gobiernos del Partido Popular y del PSOE han venido manteniendo con la Generalitat de Cataluña dentro de los órganos de control de las principales comisiones encargadas de regular y supervisar la actividad económica en España. La política de consenso con los nacionalistas catalanes representados hasta ahora por la antigua CiU ha saltado por los aires como demuestran los últimos acontecimientos protagonizados en el seno de la CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear (CNE) y, sobre todo, en la propia CNMC que ahora tiene que encarar la primera renovación del consejo fundacional constituido hace dos años.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia ha sido el fichaje de Oriol Amat, antiguo consejero de la CNMV, como número siete de la candidatura unitaria independentista Junts pel Sí en Barcelona. Amat fue promovido al máximo órgano de gobierno de la Comisión de Valores por la vicepresidenta económica socialista, Elena Salgado, como representante de la cuota catalana en el regulador bursátil que entonces presidía Julio Segura. Tras cuatro años en el cargo, el mandato de Amat se agotó el pasado mes de junio cuando el interesado se incorporó sin solución de continuidad al proyecto secesionista de Cataluña. El puesto sigue vacante desde entonces a la espera de un acuerdo entre la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, con el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Está claro en cualquier supuesto que el futuro sucesor de Amat estará avalado por una filiación política radicalmente distinta a la que hasta ahora ha permitido a los políticos dominantes en Cataluña hacer valer el efecto diferencial de su comunidad autónoma en las instituciones del Estado español. La norma no escrita en las relaciones con las minorías parlamentarias de CiU ha permitido tradicionalmente durante los últimos veinte años que la Generalitat distribuyera estratégicamente a sus agentes delegados en las comisiones de control económico. El pacto se ha hecho efectivo siempre y con independencia de que el Gobierno surgido de las urnas necesitase o no los votos del grupo catalán para imponer una mayoría estable en el Congreso de los Diputados.
El último consejero nombrado a instancias de la antigua CiU en la CNMV, Oriol Amat, es ahora el número siete en la lista de Junts pel Sí por Barcelona
Pero los tiempos de vino y rosas con la representación catalana han pasado a peor vida y el Partido Popular no tiene tampoco el menor recato en salvar unas apariencias que Artur Mas y su séquito se esmeran en poner constante y progresivamente en evidencia. La piedra de toque que demuestra el contagio de la desafección en los organismos reguladores ha roto hace unos días el equilibrio de poder en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con motivo de la salida del representante catalán Antoni Gurguí, que entre otros cargos fue director general de Industria de la Generalitat entre los años 2000 a 2003 en la última etapa del entonces ‘Molt Honorable’ Jordi Pujol.
Gurguí ha sido relevado por el catedrático de Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Cataluña, Javier Dies Llovera, un técnico muy valorado en su profesión pero al que adorna también una estrecha vinculación con el Partido Popular, pues no en vano formó parte de sus listas electorales en las elecciones locales de 2011 en el municipio barcelonés de Sant Joan Despí. La conexión política del nuevo consejero del CSN se define ‘blanco y en botella’, con la misma y meridiana claridad con la que los responsables de la política económica del Gobierno quieren mostrar el ‘portazo’ al grupo catalán de CiU en los todopoderosos y teóricamente independientes organismos reguladores.
El CSN, tres del PP y dos del PSOE
El PP ha desafiado los equilibrios políticos tradicionales y a partir de ahora el pleno del CSN responderá exclusivamente al secular bipartidismo que comparten los dos grandes grupos del arco parlamentario. El actual grupo en el poder dispondrá de tres miembros, incluyendo a su presidente Fernando Marti, antiguo secretario de Estado de Energía en el primer año de José Manuel Soria como ministro de Industria. El PSOE dispondrá de dos representantes, ambas mujeres, entre las que destaca la también exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona. La histórica delegación catalana será encarnada en la persona de Dies Llovera pero los nacionalistas de antaño serán expulsados definitivamente del paraíso donde se garantiza la seguridad de las instalaciones nucleares en España.
Tras la nefasta experiencia del consejero independentista de la CNMV, lo ocurrido en el CSN no puede interpretarse como un caso aislado, sino más bien como una referencia de lo que puede suceder en el flamante supervisor único instaurado en la controvertida Comisión Nacional de Mercados y Competencia. La célebre CNMC acaba de cumplir dos años de funcionamiento desde su creación en septiembre de 2013, plazo previsto para llevar a cabo la primera renovación de sus órganos de gobierno. En concreto, según la ley fundacional y a tenor del sorteo efectuado en su día, tres de los diez vocales del pleno trabajan en funciones desde el pasado día 9, cuando caducó la vigencia de sus respectivas encomiendas.
La CNMC tiene tres vocales en funciones, pero Economía quiere reservarse el ‘derecho de admisión’ de sus relevos hasta pasadas las elecciones generales
La suerte fue esquiva con María Ortiz, Diego Rodríguez y Eduardo García Matilla, a los que el cargo se redujo a un solo bienio, pero bien mirado ellos tres podrían ser los únicos privilegiados con una renovación en el cargo por un nuevo y completo mandato de otros seis años. Precisamente esta es la cuestión que ahora se ventila, si revalidar en el puesto a los actuales vocales o sustituirlos por otros beneficiarios que, en su caso, tendrían que ser designados formalmente a instancias del ministro Luis de Guindos. Las tensiones en el seno del Gobierno se cortan con un cuchillo porque el bocado es muy apetitoso para cualquier deudo político con aspiraciones de acceder a un sillón de relumbrón dentro de la Administración del Estado.
Quizá por ello que la solución más cómoda invoque a la prudencia jesuítica que recomienda no hacer mudanza en momentos de tribulación. En otras palabras, el horno no está para bollos y hay quien piensa que será mejor esperar y ver cómo se conducen los acontecimientos a partir de las próximas elecciones generales para recomponer la cúpula de mando de la CNMC en colaboración con los eventuales partidos emergentes que actúen como bisagra del futuro Gobierno de la nación. El exquisito celo político mostrado para cerrar la legislatura con un Presupuesto atado y bien atado no ha servido de ejemplo para guiar otras decisiones que vienen impuestas por esa ‘realpolitik’ basada en el mondo y lirondo ‘cambio de cromos’.
La CNMC ofrece una excelente dote para todo aquel que quiera ejercer derechos de usufructo sobre el funcionamiento de los principales sectores de actividad económica. Es muy previsible por tanto que la renovación del triunvirato en funciones sea postergada hasta que se conozca el mapa parlamentario que ha de legislar en el país durante los próximos cuatro años. El PSOE ha rechazado la tentación de entrar ahora en el organismo de regulación, sabedor de que tendrá muchas más y mejores opciones después de los comicios de Navidad. Lo que está claro es que cualquier grupo catalán que aspire a formar parte de las instituciones estatales deberá hacer previa, total y definitiva entrega de la estelada antes de franquear la puerta de acceso. En este marco de relaciones políticas, el supervisor mayor del Reino ofrecerá, sin duda, un extraordinario termómetro para calibrar los repartos de poder en una España que, esta vez sí, parece decidida a reservarse el derecho de admisión contra los nacionalismos del más rancio abolengo.