En el colmo de la irresponsabilidad, también con el temporal Filomena, que ha asolado especialmente la ciudad de Madrid, los dos gobiernos han reproducido su colisión con acusaciones cruzadas utilizando argumentaciones tan estúpidas como esas que critican que Pedro Sánchez apareciese cuando acabó la nevada y las que descalifican a Pablo Casado por aparecer con una pala limpiando el acceso a un centro sanitario.

Ahora, esta batalla desconsiderada para con los ciudadanos se libra respecto de la aplicación para la capital de España de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, una declaración que corresponde al Consejo de Ministros a propuesta de los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas e Interior, previo informe de la comunidad.

En esa declaración, el Gobierno debe valorar “que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales”, todo ello como establece el artículo 23 de la Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Las disputas sobre la declaración prevista en la ley no pueden superponerse en el debate público a la colaboración entre las dos administraciones para paliar las consecuencias del temporal ni al llamamiento a la colaboración de los ciudadanos. Si estos comprueban que los dirigentes políticos de ambas instancias —además de la municipal— no se coordinan con eficacia y pierden el tiempo y las energías en la continuación de una estéril confrontación, baja la moral colectiva, crece el desdén hacia los políticos y se resquebraja la confianza en la acción de los servicios públicos.

El deterioro del ambiente civil y político conduce directamente al sectarismo que se expresa, inicialmente, en las redes sociales

Y, de nuevo, se pone en valor a los sanitarios, a las Fuerzas Armadas, a los bomberos, a la Policía Municipal y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al 112 y a esa nueva expresión de civismo que están siendo los transportistas desinteresados de personas vulnerables en vehículos 4×4. Si todo ese esfuerzo profesional y ciudadano se conectase con una eficiente y discreta relación de colaboración entre administraciones, los problemas se resolverían antes y mejoraría el clima social.

El déficit de responsabilidad en los discursos de unos y de otros, la incomunicación personal prolongada, las displicencias mutuas y las polémicas tan inoportunas como improductivas comienzan a hacer mella en la gente, que con una enorme fatiga emocional y psicológica debe afrontar sucesivos acontecimientos adversos en un nuevo año que ha abierto sus puertas con una tercera ola de la pandemia y, en estos días, con la gravísima contrariedad de una nevada sin registros cercanos en el tiempo que ha vuelto a colapsar la vida y la economía de la capital de España.

El comportamiento de las autoridades de una y otra Administración, a veces con competencias exclusivas, pero frecuentemente concurrentes, no es discrecional: son obligadas la colaboración y la coordinación. Lo establece para casos como el que vivimos la ley antes citada, pero lo impone la propia Constitución como un principio de convivencia elemental y básico: solidaridad y cooperación.

El deterioro del ambiente civil y político conduce directamente al sectarismo que se expresa, inicialmente, en las redes sociales —desbocadas, por cierto— y luego en los medios de comunicación que, a veces, también con alineamientos arbitrarios, renuncian a conformar criterios colectivos más constructivos y alientan debates pseudo ideológicos que esconden batallas espurias de poder.

El Gobierno de la CAM no tiene un mandato para convertirse en un bastión de la oposición

Desde esta perspectiva, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene un mandato ni constitucional, ni estatutario, ni electoral para convertirse en un bastión de la oposición contra el Ejecutivo central, ni este, a través del presidente o de los ministros, debería mostrar, como lo hace en ocasiones, una suficiencia prepotente. Los desacuerdos entre administraciones son normales, pero cuando se cronifican y cualquier circunstancia es buena para la agresión verbal, estamos ante un cuadro de preocupante confrontación que, a la postre, repercute sobre los derechos de los ciudadanos.

Discutan en privado y por los cauces discretos previstos en las leyes las medidas que el Consejo de Ministros debe adoptar para la ciudad de Madrid, pero prívesenos de un espectáculo que aproveche el temporal para continuar la disputa de la gestión de la pandemia y del plan de vacunación. Porque esta situación de crispación se está volviendo francamente insufrible y, en términos éticos, despreciable.