ABC – 11/06/17
· La vigilancia se extiende a las empresas que ayuden en el proceso.
La solemnidad que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras quisieron dar a su anuncio verbal de la fecha del referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña se respondió en La Moncloa con una exhibición de normalidad. Desde el día anterior estaba decidido que no saldrían a contestar a los secesionistas ni el presidente ni la vicepresidenta del Gobierno, porque supondría realzar lo que, a su juicio, no era más que una escenificación propagandística, «sin efecto jurídico alguno» en este caso.
Desde el Gobierno se envió a la sociedad un mensaje muy claro, sin ruido ni grandes gestos: no habrá referéndum ilegal porque el Ejecutivo lo impedirá. El portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en un tono incluso amable, pero contundente, advirtió de que cuando se pase del anuncio a los hechos, el Gobierno actuará. En ese momento, y no antes. Desde el Gobierno se ha pedido calma porque están controlados «todos los pasos que se deben dar», se está vigilando cada movimiento secesionista y existe una «estrategia clara» y efectiva.
Un anuncio verbal «Nulo valor jurídico»
«La declaración leída por el presidente Puigdemont no es más que una nueva representación de una vieja estrategia. No tiene ningún valor jurídico», afirma el Gobierno en un documento interno de La Moncloa, al que ha tenido acceso ABC. En este informe se justifica así la ausencia de un recurso ante el acto de Puigdemont para anunciar la fecha del referéndum y el contenido de la pregunta: «El presidente de la Generalitat se ha rodeado de consejeros, diputados y dirigentes políticos convocados a un acto de obligada asistencia, en el que no se ha firmado ningún papel, ninguna convocatoria ni, en definitiva, ningún acto de valor jurídico».
Palabras y no hechos. Ese es el principal argumento del Gobierno. En La Moncloa creen que «la mejor confesión de parte del nulo valor de las palabras» del presidente de la Generalitat fue que, a los pocos minutos de la declaración de Puigdemont, algunas entidades soberanistas exigieron a la Generalitat la inmediata convocatoria «oficial» del referéndum. «El referéndum del que hablan está fuera de la ley. Pero, además, las palabras de Puigdemont no forman parte del Derecho», se subraya en el documento.
No quieren dialogar. Cita en el Congreso
Al mismo tiempo que el Gobierno niega toda posibilidad al referéndum ilegal de Puigdemont, ofrece como alternativa el debate en el Congreso, «el diálogo» donde puede producirse, esto es la sede de la soberanía nacional. De hecho, el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, volvió a tender la mano este viernes a Puigdemont para que lleve una oferta de reforma de la Constitución (única vía posible para que pueda celebrarse una consulta como la que pretende) al Parlamento. En el documento interno de La Moncloa se constata que, en realidad, «los independentistas nunca han querido el diálogo. Y el Gobierno ha reiterado en múltiples ocasiones que no se puede dialogar sobre el cumplimiento de la ley». La oferta del diálogo forma parte, así, de la estrategia del Gobierno, como «salida» posible.
Estrategia avalada por el TC. Responsabilidades penales
El Gobierno tiene una «estrategia clara» para evitar que el próximo 1 de octubre se celebre el referéndum anunciado por Puigdemont, advierten fuentes consultadas de La Moncloa. «La resolución del Tribunal Constitucional de 2017 avala esa estrategia», indica el documento interno. «Cualquier actuación de contenido jurídico preparatoria de dicho referéndum podrá ser inmediatamente paralizada. Y lo será, como lo han sido todas hasta ahora», avisa el Ejecutivo. «Además, el auto deja claro que se pueden poner en marcha las actuaciones para depurar las correspondientes responsabilidades de las personas físicas o jurídicas que ejecuten dichos actos administrativos».
Vigilancia permanente. Actuaciones «monitorizadas»
«Todas las posibles actuaciones están monitorizadas», aseguran en La Moncloa. Hay un plan pormenorizado sobre los pasos que se darán, tanto si se convoca oficialmente el referéndum, como si se incumple la previsible prohibición, si se acude a las leyes de ruptura por la vía exprés o se intenta aprobar una declaración de independencia. Todo está previsto, y todo está preparado para impedirlo «con la fuerza del Estado de Derecho». Incluidas las medidas coercitivas, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en su caso, para asumir de forma temporal las competencias que permitan defender el interés general.
Atención a los contratos. Responsabilidad de las empresas
El Gobierno está vigilando al detalle los procedimientos de contratación iniciados por la Generalitat para la celebración de un referéndum, «así como a todas las empresas que se han presentado a los diferentes concursos». La Moncloa recuerda que el auto del TC advierte de las responsabilidades en que pueden incurrir esas empresas si participan o colaboran en la organización del referéndum ilegal.
Ni un euro de los fondos. A la cabeza de las Comunidades
Al mismo tiempo, el Gobierno controla todos los fondos transferidos a la Generalitat, para evitar que «un solo euro pueda destinarse a objetivos irregulares de organización o promoción de la consulta anunciada». Cataluña está a la cabeza de todas las Comunidades como receptora de las ayudas del Gobierno a través de los Fondos de Financiación: 5.300 millones de euros en los tres primeros trimestres del año.
Unidad de los partidos. Respuestas consensuadas
Las respuestas del Gobierno están consensuadas con el PP, el PSOE y Ciudadanos. «Todas estas actuaciones y cautelas están siendo comunicadas al resto de formaciones políticas que respaldan la posición del Gobierno».
ABC – 11/06/17