EL MUNDO – 10/06/17
· En un acto sin trascendencia jurídica, el ‘president’ fija verbalmente el 1 de octubre como fecha para la consulta.
· Moncloa garantiza que no habrá otro 9-N y dice que el llamamiento «son sólo palabras».
· El Gobierno rebajó ayer a la mínima expresión la trascendencia del anuncio de Carles Puigdemont fijando la fecha –1 de octubre– y el texto de la pregunta –¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?– del referéndum que piensa celebrar, sí o sí, para dar cumplimiento a su hoja de ruta secesionista.
Para el Ejecutivo, el acto protagonizado por el presidente de la Generalitat no tiene ningún valor jurídico. En definitiva, el llamamiento verbal que hizo el president a los catalanes «son sólo palabras».
El Gobierno central aseguró una vez más, por boca del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que la consulta que promete convocar Puigdemont el primer domingo de octubre no se llevará a cabo en ningún caso.
El Govern preparó para la ocasión un acto solemne, pero también aséptico a efectos legales, para evitar una intervención inmediata de los órganos judiciales. Por eso no dejó nada por escrito, a diferencia de lo que ocurrió meses antes del 9-N de 2014, cuando Artur Mas sí firmó un decreto que posteriormente anuló el Tribunal Constitucional.
En consecuencia, el Ejecutivo central no dará ningún paso nuevo en su defensa de la legalidad constitucional porque considera que el acuerdo verbal alcanzado por el Govern de la Generalitat en una reunión extraordinaria no es más que una «escenificación», una mera declaración de intenciones de cara a la galería y sin soporte jurídico documental.
En esas condiciones no cabe la presentación de recurso alguno contra lo que sólo es, al menos de momento, una simple evanescencia. «Los pensamientos son libres; los pensamientos y las intenciones no delinquen», afirmó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, para explicar por qué el Ejecutivo se toma con tanta calma el anuncio del presidente de la Generalitat.
Sólo cuando Puigdemont «pase de los anuncios a los hechos», Mariano Rajoy dará de inmediato la respuesta oportuna en los tribunales. Entre tanto, la batalla se circunscribe al ámbito líquido de las palabras.
Tanto es así que el propio portavoz aseguró no haber escuchado personalmente la intervención del presidente de la Generalitat y, antes que ésta, la del número dos del Govern, Oriol Junqueras.
De hecho, ninguno de los ministros la siguió en directo porque, como explicó Méndez de Vigo, se encontraban «trabajando» reunidos en el semanal Consejo de Ministros. Así, el Gobierno tuvo conocimiento del anuncio de Puigdemont por el resumen que se le hizo llegar desde la Secretaría de Estado de Comunicación.
En cualquier caso, el ministro sí dejó una vez más meridianamente claro que «no habrá referéndum ilegal»; en definitiva, que no se repetirá lo sucedido en el 9-N.
Tanto el president como su segundo utilizaron en sus respectivos discursos argumentos más propios de un mitin. El primero hizo hincapié en que «sí hubo diálogo y pacto con el Estado, e incluso se celebró un referéndum acordado que no sirvió para encontrar soluciones», en referencia al proceso de reforma del Estatut. Y no sirvió para nada, dijo, «porque un órgano politizado [el Tribunal Constitucional] fue suficiente para acabar con todo».
Los independentistas llevan meses obsesionados con escenificar intentos de negociación con el Estado y mientras tanto preparan el plan para la desconexión unilateral que todavía mantienen en secreto. La previsión es que pronto se conozcan más detalles, aunque el Govern no tiene intención de aprobarlo en el Parlament hasta después del verano, sin dar tiempo a la oposición a que lo enmiende y tratando de dificultar la acción de la Justicia.
Pese a la aparente falta de interés que ayer quiso mostrar el Gobierno central, el ministro portavoz no dudó en pronunciar en nombre del presidente una suerte de declaración institucional en la que calificó el acto de la Generalitat como «un nuevo paso en una estrategia cada vez más minoritaria, más unilateral y más radical».
En definitiva, «una escenificación que trata de ocultar la soledad de los convocantes y su fracaso» tanto dentro de Cataluña y España como en el escenario internacional. Méndez de Vigo se refería en concreto al último pronunciamiento de la Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa; al «fiasco» de la reunión del Pacto Nacional por el Referéndum, y a la propia división en las filas de Junts pel Sí.
Más aún, reprochaba a Puigdemont el escenario elegido para su anuncio – el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat– por no respetar que el mismo es sede de una institución «de todos los catalanes» y no sólo de los que se declaran independentistas.
Méndez de Vigo intentó en todo momento trasladar la imagen de un Gobierno tranquilo, que agarra firmemente las riendas de la situación y al que no inquietan en absoluto las palabras del presidente catalán. Al menos mientras las mismas no se conviertan en hechos.
Así, insistió una vez más en ofrecer a Puigdemont diálogo «sin fecha de caducidad pero dentro de la ley» y le urgió a aceptar la idea de acudir al Congreso a someter su plan al voto de los representantes de la soberanía nacional.
Por su parte, también el presidente catalán insistió en que ha intentado negociar hasta el último minuto, y recalcó que la falta de voluntad política de Rajoy es lo que impide una consulta oficial en Cataluña. «No es cuestión de marcos legales», llegó a decir, «el problema real es el no quiero de Rajoy, y con un no quiero es mejor no ir al altar».
EL MUNDO – 10/06/17