La muerte de Rita Barberá, «excluida del partido», como apuntó incisivamente José María Aznar, duele en el Gobierno y en el PP. Hará falta tiempo para asumir la parte de culpa en la construcción del entorno solitario que acompañó a la ex alcaldesa y senadora hasta su última madrugada en el hotel Villa Real.
En Moncloa y en Génova están impactados y se ha instalado la duda de si hicieron lo correcto cuando aceptaron revisar su posición tradicional sobre la asunción de responsabilidades políticas cuando se abre juicio oral y cambiarla por el momento de la imputación. En el Ejecutivo admiten que la cuestión está sobre la mesa. «Moralmente» creen que su postura original respecto a los presuntos casos de corrupción es la correcta, pero asumen que «en situación de minoría no hay más camino» que aceptar lo que reclaman otras fuerzas políticas, especialmente si de ellas dependía la investidura de Rajoy y el Gobierno.
El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró ayer en Antena 3 que las medidas que han tomado los propios partidos contra la corrupción «probablemente son injustas», en referencia a Barberá.
Moncloa señala que no están ahora en disposición de profundizar sobre el debate abierto en torno a lo que ha sucedido con la ex alcaldesa de Valencia, porque «es demasiado pronto; todo es muy reciente». A modo de disculpa, Moncloa reconoce ahora que se sacrificó la convicción respecto a la política a seguir ante los casos de presunta corrupción, a cambio de conseguir el respaldo de Ciudadanos a las aspiraciones de Rajoy de seguir en La Moncloa.
El punto 93 del pacto que firmaron PP y Ciudadanos el 28 de agosto es el que persigue la conciencia de muchos en el partido. En dicho documento se establecía que ambas formaciones «se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados en delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial. Asimismo, se comprometen a que las personas que se encuentran en dicha situación no puedan ser incorporadas a las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos».
Apenas dos semanas después de que PP y C’s suscribieran este acuerdo, cimentando así el camino de Rajoy hacia la investidura, el Tribunal Supremo abrió investigación sobre Rita Barberá. Era el 13 de septiembre. El PP puso entonces a la senadora en la tesitura de abandonar el partido o ser expulsada. Finalmente fue ella la que 24 horas después decidió darse de baja de la formación en la que había militado durante 40 años. Día y medio les costó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y al vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, conseguirlo. Habrían preferido que renunciara también al escaño y no se marchara al Grupo Mixto. Por el PP y por ella, para que dejara de ser el foco de atención de los medios de comunicación. Barberá se negó.
Fuentes del partido confirman que para Rajoy fue muy complicado tomar la decisión de amenazar a Barberá con echarla del PP si no daba un paso atrás. Pero esto es exactamente lo que sucedió. «Dudó mucho», aseguran y, por ello, ahora está tan afectado.
Desde el partido explican que se actuó así «por el pacto con Ciudadanos» y «por la inmensa presión que teníamos por las elecciones gallegas y vascas». «Hicimos lo correcto y nadie lo puso en duda entonces. Al contrario, eran muchos los que nos pedían que lo hiciésemos», añaden. La dirección del partido asume que la línea roja que fijan los Estatutos es la «apertura del juicio oral» pero lo cierto es que, antes de actuar contra Barbera, el PP ya lo hizo contra otros destacados militantes mediando sólo una imputación judicial. Contra Rodrigo Rato y con todos los implicados en el caso Púnica. El PP entendía como después se confirmó, que las sospechas de corrupción mermaban su potencia electoral.
La directriz que tome ahora es una incógnita. El debate está abierto en el PP de una manera incontrolada y cargando las tintas contras los vicesecretarios –Javier Maroto y Pablo Casado– que públicamente se mostraron más críticos con la ex alcaldesa. Fuentes del partido sostenían ayer que esta actitud es profundamente «hipócrita». Lo cierto es que fueron muchos en el PP los que defendieron, en público y en privado, que Barberá debía abandonar el Senado «después de que se haya imputado a todos sus concejales» y también que censuraron su conducta cuando decidió marcharse al Mixto. Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Alonso o Cristina Cifuentes, entre otros.
El ex presidente del Congreso, Jesús Posada, sostuvo ayer que el partido actuó «adecuadamente» con Barberá. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, señaló que hizo lo que «hace con sus cargos públicos de manera general». Otra cosa, dijo, es la «campaña de acoso» que tuvo que sufrir. En esta línea dirigentes del PP volvieron a cuestionar ayer el papel de los medios de comunicación, un reproche dirigido, fundamentalmente, a las televisiones. El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, insistió en que hubo una «cacería» y habló de «hienas».
En esta polémica conviven no sólo la actuación del PP e incluso los medios, también el examen interno de si se dio la espalda a Barberá. Si quienes antes la trataban, le hicieron el vacío. Méndez de Vigo defendió ayer que «la reflexión que tenemos que hacer todos es si en estos casos tenemos que estar más cerca de las personas, ése es el reproche que algunos nos podemos hacer».
El cuñado de la ex alcaldesa, José María Corbín, aseguró ayer a La Cope que murió «de pena, y, en esa pena, la fundamental aportación la han tenido los suyos».