EL MUNDO 15/03/14
· Recuerda al Ejecutivo de Artur Mas que «no va a permitir actos de naturaleza ilegal»
La perseverancia de Artur Mas en la organización de la consulta independentista con la movilización de los Mossos d’Esquadra, y sus últimas declaraciones asegurando que el próximo 9 de noviembre habrá urnas para votar, motivaron ayer una reacción más enérgica de lo habitual del Gobierno que, más allá de reiterar que el referéndum no se celebrará, advirtió por primera vez al president catalán de las consecuencias de sus actuaciones.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «el Gobierno cumple y hace cumplir las leyes y no va a permitir actos de naturaleza ilegal», en referencia a la convocatoria de la consulta. Había sido preguntada explícitamente por si el Ejecutivo podía garantizar que el 9-M Mas no sacaría las urnas a la calle y por su respuesta ante la actuación de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una organización impulsora del referéndum. Y fuera por esta mención concreta o no, fue justo ayer cuando la vicepresidenta decidió anunciar que la Delegación del Gobierno en Cataluña ha recurrido por la vía contencioso-administrativa las aportaciones de dinero de 28 ayuntamientos a esta entidad.
«Este Gobierno ya está actuando y tomando decisiones», aseveró. «El Estado, a través de la Abogacía del Estado, está recurriendo aquellas decisiones de ayuntamientos que están colaborando con esas asociaciones para perseguir un fin que nuestra Constitución no ampara», añadió.
Este es el primer paso dado por el Ejecutivo desde que, en diciembre pasado, Artur Mas y sus socios en favor del derecho a decidir pusieron fecha a la consulta y formularon las preguntas. Desde aquel momento la Generalitat no ha parado de tomar decisiones para organizar el referéndum soberanista. A pesar de ello, el Gobierno ha optado durante este tiempo por la prudencia, lidiando con las peticiones de grupos parlamentarios como UPyD, que reclaman la suspensión de la autonomía catalana, precisamente porque la Generalitat contraviene la legalidad con los actos de preparación de la consulta. Ayer UPyD volvía a preguntar al Gobierno qué piensa hacer respecto a Mas.
A falta de concretar las respuestas, por primera vez el tono político de la vicepresidenta se elevó considerablemente. «No es bueno ver a un cargo público hablar en los términos en que lo hace», declaró, para recordar que hace pocos meses el propio Mas era «muy consciente» de que la legalidad «obliga a todos». De manera velada, Sáenz de Santamaría aludía a los mensajes extraoficiales que llegaban al Gobierno sobre que el referéndum no se iba a celebrar.
Mientras el Ejecutivo clarifica su hoja de ruta y su grado de contundencia, no se descarta que el director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Eguidazu, acuda al Parlament a debatir las conclusiones del informe sobre el coste de la secesión de Cataluña enviado a las embajadas.