El Gobierno embargará bienes a los ex presos etarras sin necesidad de pasar por el juzgado

El Gobierno no se conformará con negar el subsidio de paro a los exmiembros de ETA que no se arrepientan de sus crímenes sino que prevé establecer «mecanismos más ágiles» para embargar bienes a los terroristas. El Ejecutivo pretende cobrar de esa manera la multimillonaria deuda de los etarras con el Estado a causa de las indemnizaciones a las víctimas de sus atentados adelantadas por la Administración.
Soraya Sáenz de Santamaría explicó que esa fue la razón por la que el PP no secundó en el Congreso una moción de UPyD para exigir el arrepentimiento a los etarras excarcelados, la petición explícita de perdón a las víctimas, el compromiso de pago de las indemnizaciones y la colaboración con la justicia para percibir subsidios y otras ayudas sociales una vez que queden en libertad. La vicepresidenta explicó que la iniciativa de la formación que lidera Rosa Díez era «genérica» y no entraba en los detalles concretos para recuperar el dinero adeudado.
Nada más conocerse hace un mes la sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos contra la ‘doctrina Parot’ Mariano Rajoy ordenó que se creara un equipo interministerial con expertos de Interior, Justicia y Empleo para estudiar medidas que contrarrestaran los efectos de la decisión de la corte para las víctimas. Uno de los primeros frutos de este trabajo es el mecanismo para agilizar el cobro de la deuda de los exmiembros de ETA con el Estado, que asciende, según fuentes gubernamentales, a varias decenas de millones de euros en concepto de adelanto de las indemnizaciones a las víctimas. Solo Inés del Río, la primera excarcelada, adeudaba 250.000 euros, de los que la Administración ha recuperado 30.000 mediante la confiscación de la multa impuesta a España por Estrasburgo por los años de más que pasó en prisión en aplicación de la ‘doctrina Parot’.

Vía directa
La número dos y portavoz del Ejecutivo señaló que el Estado quiere dotarse de «instrumentos ágiles y eficaces» para «cobrar o embargar directamente» a los exterroristas sin necesidad de pasar por un tedioso proceso judicial que incluye la investigación de la situación patrimonial del demandado, la solicitud del embargo, que es lo que ocurre ahora y que muchas veces se queda en nada. El mecanismo será la actuación directa de la Agencia Tributaria, que cobra las deudas sin necesidad de que intervenga un juez. Este organismo recaudador, apuntó Sáenz de Santamaría, estará «muy pendiente» de si los antiguos miembros de ETA «reciben una herencia o si compran bienes». «Cobraríamos de ahí», dijo.
La vicepresidenta precisó que este procedimiento no entrará en vigor de inmediato porque va a llevar tiempo «blindarlo» en términos legales y pulir sus aspectos jurídicos más controvertidos para que «salga legal y constitucionalmente de la manera más clara y más segura» a fin de que no pueda ser recurrida ante los tribunales.