El Gobierno intentó hacer este jueves una voladura controlada del caso Ceuta para aliviar la presión sobre Pedro Sánchez y mitigar la desconfianza de la opinión pública sobre la actuación del Ejecutivo -negligente para unos y cómplice con Marruecos para otros- y no le salió bien. De hecho, le salió peor que mal. Porque intentó arreglarlo arrastrando la reputación del CNI, igual que la semana pasada hizo con la del CENIF de la Policía Nacional.

El detonante fue la desclasificación de los informes, alertas y comunicaciones emitidos entre el 1 y el 31 de julio, pero sobre todo de uno: una nota del CNI emitida el 29 de julio, la víspera de la invasión, en la que los agentes de inteligencia avisaban de forma clara: «El Día del Trono se prevé una entrada masiva en Ceuta a nado y por la valla». Ese aviso es al que se refirió la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su comparecencia de hace dos semanas en el Congreso; cuando fue desmentida por Fernando Grande-Marlaska y por el resto del Ejecutivo.

El CNI hizo llegar la advertencia a la Delegación del Gobierno en Ceuta, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los servicios de inteligencia marroquíes, según prueban los documentos desclasificados. De manera que, en la media tarde de ayer, la versión oficial hecha jirones.

Tanto es así que, después de dos largas horas de desconcierto y silencio gubernamental, la Moncloa emitió un comunicado en el que la emprendió contra el CNI con una dureza impropia. Tanto o más que la que el miércoles pasado empleó contra el CENIF de la Policía Nacional por señalar a la Gendarmería marroquí en un informe que no entregó al director general del Cuerpo ni al ministro del Interior, sino directamente a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón por expresa petición de esta.

Según el Gobierno, el CNI «nunca» alertó de una llegada masiva, sino solo de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook con 180.000 seguidores. El comunicado continuaba: «En ningún momento el CNI envió un aviso o alerta formal a su cadena de mando ni a miembro alguno del Ejecutivo por ninguna vía. Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no se limita a mandar un WhatsApp ambiguo a un cargo menor: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia».

La realidad es que el CNI mantuvo comunicación con el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta; con la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3), el servicio de información de la Guardia Civil; y con el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional.

La bola siguió creciendo pese a los intentos del Gobierno por recuperar el control del relato. Así que, 50 minutos después, el CNI hizo llegar a la prensa unas aclaraciones. Curiosamente, a través de la Moncloa. El comunicado eran solo dos párrafos en los que el CNI se hacía el haraquiri para tratar de mantener en pie la versión oficial. «La desclasificación evidencia que el CNI emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta, si bien no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha», empezaba. «El CNI quiere aclarar que no se ha realizado ninguna valoración o comentario sobre la desclasificación llevada a cabo esta tarde y desmiente cualquier atribución al respecto, ya que se ha mantenido desde el primer momento el deber de secreto», añadía.

Entre la información desclasificada también hay varios documentos que aluden a la inacción al otro lado de la frontera. Entre ellos, un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, del 30 de julio, que advertía de la «pasividad» de las fuerzas de seguridad marroquíes. Abundando así en la teoría que el CENIF de la Policía Nacional expuso a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, y que fue clave para que la magistrada decidiera el lunes asumir el caso formalmente al tratarse de un «ataque a la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad de nuestro Estado de Derecho».

El Ejecutivo, molesto con esta investigación, decidió solicitar su personación como acusación particular (a través de un abogado del Estado) para tener información de primera mano. Este miércoles la jueza lo admitió al considerar como perjudicado «al propio Reino de España». Y lo mismo con el Gobierno de Ceuta.

Que la causa acabe en el Tribunal Supremo dependerá de que la jueza halle indicios contra Fernando Grande-Marlaska. Por algo le preguntaron al presidente en su entrevista en TVE si teme que alguno de sus ministros acabe «en el banquillo del Supremo» por lo que el Gobierno pudo hacer y no hizo. Sánchez no respondió. Sí fue más explícito a la hora de señalar las fallas en la seguridad del Estado, al mostrarse partidario de mejorar en «cómo nos preparamos ante ataques híbridos de esta naturaleza».

Junto con el ministro del Interior, hay otro cargo político de menor entidad señalado, más aún tras la desclasificación: el delegado del Gobierno en Ceuta, sobre el que ya pesan dos querellas de Manos Limpias y de Hazte Oír admitidas a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la ciudad autónoma. Miguel Ángel Pérez Triano descartó ayer dimitir y sostuvo que no conoció el aviso del CNI a su Gabinete. En otras circunstancias, siendo el eslabón más débil él habría tenido muchas papeletas para ser el chivo expiatorio. Pero no parece el caso, puesto que cesarlo conllevaría reconocer que el «whatsapp ambiguo a un cargo menor», como lo catalogó este miércoles la Moncloa, ni era tan ambiguo ni tan intrascendente.