Son evidencias que desmontan la tesis mantenida por el presidente y su Ejecutivo en diferentes comparecencias, sustentada básicamente en que la entrada en aluvión fue un «evento imprevisto» y en que las alertas dadas eran poco menos que un «aviso rutinario» que haría imposible predecir la llegada de 80.000 personas por el control fronterizo. Las revelaciones deberían hacer reaccionar al Gobierno, que se resiste a la autocrítica -Sánchez apenas admitió ayer que el Estado «debe prepararse mejor»-. Si algo ha quedado de manifiesto es que sí hubo un aviso, pero en cambio no vino acompañado de una respuesta operativa ni diplomática a la altura de lo ocurrido.

Las únicas notas discordantes desde el Ejecutivo han llegado a través de la ministra de Defensa, que aseguró que el CNI informó de lo que se avecinaba, y del informe policial que revelaba la implicación de gendarmes marroquíes en la gestión del flujo migratorio. Los hechos parecen darle la razón a Margarita Robles, cuyo desmarque del relato oficial le ha costado un incómodo señalamiento dentro del Gobierno. La desclasificación ha podido tener otra virtud. Demuestra la necesidad y obligación democrática de rendir cuentas para esclarecer situaciones de crisis como la que se vive en Ceuta, aunque sea a remolque de la presión de la opinión pública y de la investigación abierta por la Audiencia Nacional.