ABC – 15/10/16
· Solicita la nulidad de la iniciativa que dio luz verde al referéndum de 2017.
· El Gobierno demanda advertencias expresas a Forcadell y Puigdemont, entre otros.
Las últimas resoluciones independentistas aprobadas en el Parlamento autonómico catalán el pasado 6 de octubre han vuelto a chocar contra el mismo muro. Después de recibir el informe de la Abogacía del Estado, el Gobierno de la Nación acordó ayer enviar al Tribunal Constitucional las resoluciones referidas a la convocatoria de un referéndum de secesión en 2017 y al «proceso constituyente» catalán. El Ejecutivo solicita la nulidad de las iniciativas y la suspensión inmediata de todas ellas.
La historia se repite. La respuesta del Gobierno de Rajoy es idéntica a todas las que ha dado hasta el momento cada vez que los independentistas han tratado de dar un paso hacia su objetivo de secesión. Sin gestos exagerados y sin levantar la voz, los servicios jurídicos estudian cada movimiento que se da, envían su informe al Consejo de Ministros, y este se dirigen de forma urgente al TC para que lo suspenda y declare su nulidad.
Una respuesta que, de momento, ha llevado a Artur Mas y a dos de sus consejeras al banquillo de los acusados por la consulta del 9 de noviembre, y que tiene al actual portavoz en el Congreso, Francesc Homs, pendiente del suplicatorio pedido por el Supremo. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su Consejo de Gobierno y la Mesa del Parlamento están repitiendo ahora el mismo camino que llevó a Mas a los tribunales.
En esta ocasión, el Consejo de Ministro ha acordado plantear un incidente de ejecución de sentencia ante el TC por el incumplimiento de un fallo judicial ya dictado, el 259/2015, de 2 de diciembre. Se invoca el artículo 161.2 de la Constitución, para que se produzca la suspensión de cinco resoluciones.
Violación de sentencia
Esa sentencia declaró inconstitucional la resolución por la que el Parlament aprobó «el inicio del proceso político en Cataluña tras los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015». Las nuevas iniciativas se impugnan ahora «porque podrán ser entendidas como un intento de dar apariencia de validez al denominado proceso constituyente en Cataluña, cuya inconstitucionalidad fue declarada por la sentencia 259/2015 y esto es suficiente para que se estime el incidente de ejecución planteado». Se trataría, pues, de una violación de sentencia.
El Gobierno cree que «existe voluntad deliberada de llevar adelante el contenido» de la resolución ya anulada, es decir «desarrollar el proceso constituyente al margen de cualquier previsión vigente, sin establecer garantía alguna para los ciudadanos, por la sola voluntad de una mayoría no cualificada del Parlamento de Cataluña y con expresa exclusión de cualquier control judicial o externo».
A partir de estas consideraciones, el Gobierno de Rajoy solicita al TC la nulidad de cinco resoluciones adoptadas a propuesta de los grupos de Junts pel Sí y CUP por el Pleno del Parlamento autonómico el 6 de octubre, referidas al «referéndum» y al «proceso constituyente». También pide que se notifique el auto a la presidenta del Parlamento catalán, a los demás miembros de la Mesa, al secretario general de la Cámara y al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno, con la advertencia de abstenerse de realizar cualquier actividad tendente a dar cumplimiento a esas resoluciones, y con el deber de impedir iniciativas que ignoren la sentencia del TC.
ABC – 15/10/16