ABC – 23/01/16
· Moncloa presentará otro recurso por la Comisión de Estudio constituyente.
· El Gobierno autonómico cree que la Consejería cumple con la legalidad del Estatuto.
Dispuesto a frenar en seco cada paso de la Generalitat de Cataluña o de las instituciones autonómicas que puedan pasar la línea de la ley, el Gobierno de la Nación dio ayer luz verde a sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra las competencias asumidas por la nueva Consejería catalana de Exteriores y contra la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente, que se pretende crear en el Parlamento de esa Comunidad Autónoma.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció esta decisión tomada por el Consejo de Ministros, tras conocer los correspondientes informes presentados por los ministros de Administraciones Públicas y de Justicia, basados a su vez en el análisis de la Abogacía del Estado.
Como ya informó ABC, el Gobierno encargó a sus servicios jurídicos un informe en cuanto se publicaron, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, las competencias concretas de la Consejería de Exteriores. El Gobierno considera que con ese Departamento, la Generalitat pretende ejercer una competencia que es exclusiva del Estado, como es la de Relaciones Internacionales (artículo 149,3 de la Constitución). Según lo publicado en el Diario Oficial, la nueva Consejería, dirigida por Raül Romeva, asumiría «la coordinación de la acción exterior, las relaciones exteriores y la actuación de la Generalitat ante las instituciones de la Unión Europea y la cooperación al desarrollo».
«Agilidad y prudencia»
En cuanto a la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente, la vicepresidenta explicó que la propuesta que se llevó a la Junta de Portavoces de la Cámara autonómica fue una «comisión legislativa de proceso constituyente». En esa reunión, el propio secretario general del Parlamento catalán advirtió de que se trataba «clarísimamente» de una infracción de la sentencia del Tribunal Constitucional que prohibía abrir un proceso de esa naturaleza, por lo que «se transformó en comisión de estudios», explicó la vicepresidenta. «Indudablemente, este Gobierno tiene que tener la suficiente agilidad y, también, prudencia, para evitar que lo que quería hacerse de una manera no acabe convirtiéndose en otra a través de otra fórmula», afirmó Sáenz de Santamaría.
El Gobierno analizará «muy bien a qué se va a dedicar» la Comisión de Estudios «y cuál va a ser el futuro de las decisiones que adopte», con el objetivo de ver «si algunas cosas se hacen para evitar otras» mediante «un uso del derecho que tampoco está permitido». «Las cosas son lo que son y también lo que se persigue con ellas», explicó.
El Ejecutivo ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que prepare la fórmula procesal más adecuada para proceder a la interposición de los recursos o conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional.
Desafío de la Generalitat
Mientras, la Generalitat desdeñó ayer el anuncio del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional su Consejería de Exteriores y la Comisión de Estudio parlamentaria sobre el proceso constituyente. La consejera de la Presidencia, Neus Munté, aseguró que su Gobierno piensa mantener la consejería de Asuntos Exteriores y continuar ejerciendo las competencias en este ámbito, con la «tranquilidad absoluta» de que el Estatuto así lo «ampara». Invocando el capítulo tercero del título quinto del Estatuto, donde se recogen las competencias en «acción exterior de la Generalitat», Munté expresó su «pleno convencimiento» de que la Generalitat está «haciendo las cosas bien hechas» y bajo el «amparo de la legalidad».
«Cataluña continuará ejerciendo con normalidad sus competencias en Exteriores como hasta ahora», recalcó Munté, quien, sin embargo, eludió pronunciarse sobre si el Gobierno autonómico de Puigdemont acataría una eventual suspensión de la Consejería de Exteriores si así lo determinara el Tribunal Constitucional.
ABC – 23/01/16