El Gobierno no dará beneficios penitenciarios colectivos aunque ETA desaparezca

LA VOZ DE GALICIA, 5/10/11

Solo se contempla la posibilidad de «ciertos traslados» a cárceles del País Vasco o Navarra como respuesta a un hipotético comunicado de ETA que anuncie su disolución

«Solo y exclusivamente acercamientos». El Gobierno únicamente contempla la posibilidad de «ciertos traslados» de presos de ETA a cárceles del País Vasco o Navarra como «respuesta colectiva» a un hipotético comunicado de ETA que anuncie su disolución. Sería el gesto del Ejecutivo para con los reclusos que, a pesar de la desaparición de la banda, se nieguen, de forma individual y expresa, a pedir perdón a las víctimas o a hacer frente a la responsabilidad económica por sus atentados. Cualquier otra opción «no individualizada», si no media una profunda reforma del Código Penal, sería «directamente ilegal», según los informes recabados por el Ejecutivo y el Ministerio del Interior.

Estas fuentes explicaron que todos los estudios jurídicos ante un hipotético final de ETA son unánimes: las reformas que introdujo la Ley Orgánica 7/2003 en el Código Penal y en la Ley General Penitenciaria para el «cumplimiento íntegro y efectivo de las penas» no dejan otro margen de actuación ni al actual Gobierno ni al que salga de las urnas el 20-N ni al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, sea cual sea su voluntad o su intención.

Los estudios apuntan a que, si el Parlamento no aprueba cambios legales, hasta cinco artículos del Código Penal y uno de la Ley General Penitenciaria reformados hace ocho años convierten en «ilegal» cualquier «política colectiva» con los presos que no se arrepientan de manera expresa y que no hayan cumplido buena parte de su pena.

Ilegalización de Amaiur

Por otra parte, el PP reclamó al Gobierno que acuda a los tribunales para impedir que Amaiur (marca con que la izquierda aberzale pretende presentarse al 20-N y que aglutina a los partidos de Bildu y Aralar) consiga concurrir a las elecciones generales. Aunque sin citarlo, el PP se adhirió así al informe de las asociaciones de víctimas del terrorismo que concluye que primero Bildu, y ahora Amaiur, son piezas de la estrategia de Batasuna y ETA para burlar su ilegalización y retornar a las instituciones.

LA VOZ DE GALICIA, 5/10/11