ABC 20/12/12
Santamaría recuerda que el ordenamiento jurídico permite frenar la consulta ilegal La Moncloa cree que el principal problema lo tendrá Mas dentro de su coalición.
El pacto rupturista que han sellado el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha sido como un portazo a la propuesta de diálogo y entendimiento que había hecho el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para centrar los esfuerzos en la salida de la crisis económica. Pero la prioridad de Mas es avanzar hacia el Estado propio en Cataluña y la convocatoria de un referéndum sobre la independencia, un desafío en toda regla al Gobierno y a la Constitución, frente al que Moncloa responderá con la ley en la mano y con más diálogo, según fuentes próximas al jefe del Ejecutivo.
El Gobierno no tiene ninguna intención de entrar en una espiral verbal de amenazas recíprocas, un terreno en el que Artur Mas se siente a gusto porque le permite recuperar su papel victimista, justo cuando acaba de sufrir un varapalo sin precedentes en las urnas. Moncloa, de momento, solo ha fijado su premisa inicial, que no admite dudas: hay instrumentos legales para impedir que CiU y ERC convoquen el referéndum, y si es necesario se utilizarán.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó en el Congreso que el pacto independentista solo genera «inestabilidad», y la consulta propuesta para 2014 carece de base legal. El ordenamiento jurídico, subrayó, da muchos mecanismos para frenar una ilegalidad como esa. Santamaría recordó que los catalanes fueron «muy claros» cuando se pronunciaron en las elecciones del 25 de noviembre. «Lo que piden los ciudadanos es trabajar unidos contra la crisis y para fortalecer los mecanismos que tiene España para salir adelante», y el pacto, añadió, va en la dirección contraria.
Contra los tiempos
En tono conciliador, el presidente Rajoy aprovechó el debate sobre la cumbre europea para enviar un mensaje a CiU y ERC: «Hoy lo único que no tiene sentido es ser pequeño o estar en procesos de separación y división porque es ir contra el signo de los tiempos». En ese sentido, explicó que en Europa solo se habla de unión. Lo demás, remarcó, no genera entusiasmo.
Desde Presidencia creen que Mas ha vuelto a cometer un gran error, ya que lo ha cedido «todo» para llegar a un acuerdo con la izquierda republicana. El principal problema del presidente en funciones de la Generalitat, sostienen las fuentes consultadas, lo tendrá dentro de su coalición, donde conviven distintas sensibilidades políticas, algunas muy alejadas de las aventuras secesionistas de Mas. Uno de los descontentos con el pacto radical sería el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida.
Por eso el Gobierno de Rajoy es partidario de esperar y observar. Esperar al debate de investidura, en el que Mas tendrá que enviar un mensaje que satisfaga a Convergencia, pero también a Unión, la otra pata de la coalición. Y esperar a que la amenaza independentista se sustancie en medidas concretas y reales, y no en meras expresiones de deseos.
Cuando se haga realidad la fórmula que utilizarán los nacionalistas para su «referéndum», se analizará su encaje legal y se actuará. En el Congreso, al que la Constitución da un papel fundamental en la convocatoria de un referéndum «legal», están muy atentos al procedimiento que se utilice. Fuentes de la Comisión Constitucional consultadas subrayan que cuando afecta al interés general, el referéndum incumbe a todos los españoles. Eso sí, un referéndum sobre la independencia o secesión de una parte del territorio nacional sería siempre ilegal, pues no se puede consultar sobre una cuestión que atenta contra el corazón mismo de la Constitución (el artículo dos proclama que la Carta Magna se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española).
Por tanto, el Gobierno aguardará a conocer la Ley de Consultas que quieren aprobar los nacionalistas, y si ve el mínimo atisbo de ilegalidad, lo llevaría al Tribunal Constitucional y se frenaría en seco. No sería nada nuevo. El Ejecutivo acaba de utilizar esa vía con el euro por receta médica, y tiene previsto hacer lo mismo con el impuesto sobre los depósitos bancarios.
El final del camino
Si a pesar de suspenderse la ley se siguiera adelante con el desafío, quedan mecanismos legales para inhabilitar a Mas. Y al final del camino se reserva el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno, previo requerimiento a la Comunidad y con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, obligar al cumplimiento de la ley y defender el interés general. En ese caso extremo, a Mas solo le quedaría ya la insumisión total.
En el caso de que Mas optara por la vía legal, CiU podría llevar una iniciativa al Congreso para instar al Gobierno a proponer un referéndum (en el que votaran todos los españoles), pero no sobre la independencia, sino sobre una reforma de la Constitución. En esta hipótesis, o si llevara la convocatoria ya cerrada, la derrota sería tan sonada como la del Plan Ibarretxe.
«El adéu catalán a España sería el adéu a Europa»
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, advirtió ayer de las consecuencias «aterradoras» que para Cataluña tendría una secesión unilateral de España. Lo resumió con una frase: «El adéu a España sería el adéu a Europa».
García-Margallo volvió a recordar a los independentistas catalanes que la Unión Europea no puede aceptar una decisión unilateral de separarase de España. «No conozco ningún Estado miembro de la UE –enfatizó– que esté dispuesto a reconocer una secesión unilateral de Cataluña».
En un desayuno en el Foro de la Nueva Economía, el titular de Exteriores señaló, al preguntarle por el pacto de gobernabilidad de CiU y ERC –que incluye convocar un referéndum de autodeterminación en 2014–, que una Cataluña independiente quedaría «de manera automática fuera de la Unión Europea» y debería «ponerse a la cola» si deseara integrarse de nuevo. Dado que sería necesaria la unanimidad para aprobar cada una de las fases y los capítulos de negociación del proceso, resultaría prácticamente imposible conseguir el ingreso, ya que al menos España se opondría, y posiblemente bastantes países más. «Por primera vez en su historia, Cataluña dejaría de tener un horizonte europeo. El adéu a España sería el adéu a Europa», subrayó García-Margallo.
Además, el ministro, que criticó el mero hecho de haber abierto un debate soberanista, porque ello «no conduce a ninguna parte», indicó que lo único que se logra es «generar incertidumbre, crear problemas y dificultades y traer pobreza a Cataluña en un momento en que hay que resolver la crisis».
«Las consecuencias económicas de la secesión para Cataluña –señaló– serían aterradoras». Y agregó que, según un reciente estudio, «su aislamiento de la UE supondría una caída de su Producto Interior Bruto del 20 por ciento».
ABC 20/12/12