La coalición gubernamental entre el PSOE y Unidas Podemos no es una realidad sino una virtualidad. Y lo virtual es aquello que “tiene existencia aparente y no real”. En rigor, el PSOE gobierna en solitario. El presidente es Pedro Sánchez y los ministros efectivos, todos los de la cuota socialista, con la excepción de Yolanda Díaz que, en un alarde de perspicacia e instinto de supervivencia, se ha comportado con vis política y que tanto puede aspirar a constituir un proyecto alternativo al del PSOE como a figurar en sus listas como independiente o asociada. 

Las ministras de Asuntos Sociales (Belarra) y de Igualdad (Montero) están siendo arietes de la agitación de Iglesias, que el próximo día 15 hará un año que huyó de la vicepresidencia y dejó el escaño para fracasar en las autonómicas del 4 mayo en Madrid. El argumentario del jefe de Podemos (¿quién se cree a Belarra?) lo verbalizan ambas activistas con una inconsistencia intelectual que insulta la inteligencia de los ciudadanos: hay que parar a Putin con la ignota “diplomacia de precisión”, una expresión ajena por completo al derecho internacional y a la jerga profesional de las funciones de la política exterior. Se trata de una semántica insidiosa, pero que, objetivamente, favorece las tesis de Vladímir Putin.

Son obvias las razones por las que Sánchez no despide a Unidas Podemos: utiliza sus efectivos parlamentarios en los asuntos ordinarios, les elude en las decisiones estratégicas y evita el coste de asumir la ruptura. Por su parte, Podemos —más que Izquierda Unida, aunque Enrique Santiago, secretario general del PCE, se perfila como un personaje oscuro— no tiene terreno político en el que acampar si sale del Consejo de Ministros. Con sus opciones electorales a la baja; con su referente máximo en el ejercicio mediático de un pacifismo taimado y una agitación reventadora; sin implantación territorial y con las peores expectativas en las elecciones andaluzas y municipales próximas, prefiere seguir cabalgando sobre unas contradicciones insuperables a convertirse en un sintecho político. 

Durante demasiado tiempo y con insufrible insistencia, determinados análisis políticos venían asegurando que la dinámica de las coaliciones eran las propias que manifestaba la española. Este discurso, mediático y político, jamás ha sido cierto y bastaban para desmentirlo los comportamientos de otros gobiernos de coalición en Europa como el alemán, el italiano o los muchos de los países del norte de Europa. Esta coalición ha sido contra natura desde el 12 de noviembre de 2019 y se forjó en la necesidad y no en la afinidad, en una urgencia patológica ante la que decayeron las invectivas aparentemente irreversibles cruzadas entre Sánchez e Iglesias meses antes de su constitución, inmediatamente después de las elecciones de abril de ese mismo año.

Ambos se mintieron a sí mismos suponiendo que este constructo era posible cuando nunca lo fue; jamás dispuso de posibilidades de prosperar. Iglesias, aunque es un personaje decepcionante para la política institucional, tiene capacidad para la provocación. Es un hombre intelectualmente sin hechuras y aferrado a las consignas y los tópicos, y también falaz porque designa dactilarmente a una sucesora —Yolanda Díaz— y ahora le siega la hierba y lanza contra ella a sus dos ministras de cabecera (se abstiene el otrora locuaz Garzón, y Subirats responde a la táctica de los comunes). 

Por lo demás, la cuota Podemos nuclear en el Consejo de Ministros no se determinó por la valía de las designadas sino por la fidelidad al líder. La excepción, ajena a los morados, fue Yolanda Díaz, militante del PCE, pero no de Izquierda Unida ni del partido de Iglesias. Designada por este como su sucesora en las listas electorales, no ambicionó —con muy buen criterio— el liderazgo de su organización, que ella observó declinante y expropiada por el activismo antiinstitucional. Detectó la inmadurez total de la formación y, sobre todo, la imposibilidad de que la adquiriese en el futuro.

Y acertó: cuando han llegado las dificultades, Unidas Podemos se ha venido abajo como un castillo de naipes. Cierto es que en enero de 2020, en la investidura de Pedro Sánchez, nada hacía pensar en los tres factores exteriores al Gobierno determinantes de la legislatura: 1) la pandemia, 2) la implosión del PP y 3) la invasión de Ucrania por Putin. Así pues, por razones endógenas y exógenas, este Gobierno está fuera del tiempo político nacional e internacional y el primero que lo sabe es el que lo intenta dirigir. 

Esos tres hitos han marcado —en distinta medida y con diferentes consecuencias— una nueva era nacional e internacional. La irrupción de Núñez Feijóo, que será aclamado tras arrasar con más de 50.000 avales, permite a Sánchez mirar a la derecha de otra manera, avanzar en el pacto de rentas, que será una respuesta a la crisis económica y energética, y soldar por completo la relación europeísta y atlantista de España, siempre y cuando el secretario general del PSOE acumule las dosis necesarias de sensatez que habitualmente se le echan en falta. Un político que cambia de criterio en 36 horas sobre el envío de armamento para detener una invasión brutal resulta inquietante. Lo es también que la ministra portavoz no permita que su colega de Igualdad conteste —sucedió el martes pasado en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros— a preguntas que a ella de forma directa y nominal le fueron formuladas por dos periodistas. Muy fuerte pero muy revelador.

Sánchez sabe también que en el momento más crítico para el mundo —la invasión de Rusia a Ucrania, a sangre y fuego, con graves riesgos de conflagración bélica general— no tiene un Gabinete sólido ni presentable para encarar la cumbre de la OTAN en Madrid el próximo mes de junio. Esa carencia dramática para España no la oculta la sobreactuación sobre el Rey emérito, que ha sido escaneado por la fiscal general del Estado nombrada por él y en los tiempos que ella ha determinado, incluido el momento de hacer públicos los decretos de archivo de las investigaciones.

¿Explicaciones del emérito más allá de asumir sin rebatir las estimaciones de la Fiscalía, reconocer las infracciones fiscales con las regularizaciones y acatar los términos de su actual y futura situación? Que diga él cuáles serían las satisfactorias. Porque su decisión ha impedido intervenir al Congreso sobre este particular, y al Gobierno corresponde la iniciativa legislativa relativa a aspectos sustanciales que afectan a la Corona, transparencia y control financiero de la familia real y de la Casa del Rey, aunque el rediseño del alcance de la inviolabilidad requiera de una reforma del Título II de la Constitución, previo estudio del derecho comparado vigente sobre este aspecto en las monarquías parlamentarias europeas. ¡Qué difícil es vislumbrar en Pedro Sánchez los rasgos que distinguen a un estadista para un tiempo histórico de un político doméstico idóneo para regatear la realidad que le interpela en la esencia de su función: la cohesión de su Gobierno!