La máxima política clásica dice que “si no lo puedes explicar, mejor no lo hagas”. En el caso del Gobierno actual, la máxima cambia para ser algo así como “si lo has hecho, no te líes y enredes y explícalo”. Esa idea vale para casi todas las polémicas en las que se ha enredado el Gobierno desde que tomó posesión el mes de enero. Casi siempre ha faltado claridad.

 El enredo tiene doble coste político. Y no será porque no sea un Gobierno preocupado por la comunicación y la estrategia, porque casi en cada Consejo de Ministros hay aportaciones e intervenciones sobre cómo abordar públicamente los asuntos. O quizás es precisamente por eso.Por hacer un recorrido rápido en los ejemplos, eso empezó antes de la coalición con aquello de la mesa de diálogo con Cataluña y la figura del relator. El Gobierno ya había decidido abrir una vía de diálogo, tras el fracaso manifiesto de la vía judicial y policial, y se enredó en la explicación por no asumir claramente su intención y su estrategia. Ha tenido continuidad esa situación en las decisiones sobre los políticos independentistas presos.

 El enredo llegó al índice máximo a principios de este año con el llamado caso Delcy, en el que el Gobierno dio múltiples versiones, tanto que, finalmente, tras muchas idas y venidas, la polémica se centró más en las contradictorias explicaciones que en el encuentro en Barajas que las motivó. El coste político fue doble. Ocurrió algo parecido con la destitución del coronel Pérez de los Cobos el pasado mes de junio.Recientemente, se repitió sobre el IVA de las mascarillas, cuando en lugar de admitir la realidad de la rectificación, se enredaron en la falta de autorización de la Unión Europea, como si no fuera posible que los ciudadanos se enteraran de que en casi toda Europa ya se había reducido hace meses.

 Hace poco, la falta de explicación de una orden ministerial en el BOE dio lugar a interpretaciones sobre censuras y supuestos ministerios de la verdad, pese a que la norma solo establece un procedimiento y no habla de nada de eso. Para rematar, la ministra de Exteriores se metió en el lío de explicar que se trata de detectar falsedades en los medios de comunicación, aunque la orden no habla siquiera de eso. No se lo explicaron ni a ella.
 Ahora ha vuelto a pasar con Bildu. El Gobierno se reúne en múltiples ocasiones con este partido con el propósito de alcanzar un acuerdo sobre los Presupuestos; Arnaldo Otegi anuncia que votará a favor de la tramitación de las cuentas; el vicepresidente primero da la bienvenida con redoble de tambor a Bildu para integrarse en la “dirección del Estado”, y dirigentes del PSOE como Adriana Lastra y José Luis Ábalos justifican el acuerdo durante el fin de semana, pero al llegar el lunes, la ejecutiva del PSOE intenta explicar que no hay pacto alguno con este partido. Días de justificación del pacto, para terminar diciendo que no hay tal pacto.Eso último es cierto literalmente, porque es ahora cuando deben cerrarse los acuerdos sobre las enmiendas concretas, pero también lo es que ya ha habido reuniones para ese pacto y, además, ha logrado que Bildu no presente enmienda de totalidad y, por primera vez, vote a favor de la tramitación de las cuentas. Sin contar con que en Navarra se ha firmado ya un acuerdo con este partido sobre los Presupuestos forales.

Por todo ello, si la voluntad (defendible) del Gobierno es normalizar la relación con Bildu como con el resto de partidos, ¿por qué no admitirlo, explicarlo y asumirlo?No haciéndolo, Sánchez ya recibió críticas en mayo con el pacto con Bildu sobre la reforma laboral para salvar la prórroga del estado de alarma. Y ahora vuelve a recibirlas y, de pronto, da un paso atrás para asegurar que no hay pacto. Pero si como parece termina habiendo pacto sobre las enmiendas, las volverá a recibir. El coste será doble o triple.

 El enredo por no admitir y explicar esa relación con Bildu que, tarde o temprano, tendrá que admitir hizo que en septiembre el Gobierno tuviera que hacer dos rondas con partidos para negociar los Presupuestos para que los representantes del partido ‘aberzale’ se fotografiaran con Pablo Iglesias y no con Carmen Calvo. Y hace dos semanas, se improvisó una ronda con María Jesús Montero con fotos, tras semanas de reunirse de manera reservada. Y las fotos de la reunión fueron transmitidas tres horas después del encuentro.

Otro ejemplo vinculado es el de la política de dispersión de presos de ETA. Por los hechos, parece que el Gobierno está desde el principio en contra de mantener esta política y, además, así se lo trasladó hace tiempo a Bildu. Es fácil argumentar que esa política se puso en marcha en los ochentaa por PSOE y PNV para romper los bloques de las cárceles y favorecer la reinserción y ahora, disuelta ETA, ya no tiene sentido. Sin embargo, el Gobierno renuncia a explicarlo, mientras se presenta erróneamente como un beneficio o privilegio de los presos terroristas.

 Solo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho alguna referencia al fin de la dispersión, pero de pasada en alguna respuesta parlamentaria y dentro de explicaciones técnicas y sin argumentar su inutilidad en este momento. Esa falta de claridad y de asunción publica tiene el coste de generar dudas y especulaciones sobre cesiones o contrapartidas, con doble coste político.

 No obstante, la falta de claridad y el enredo son extensibles a los llamados barones del PSOE, que cuestionan decisiones del Gobierno, pero callan en las reuniones del partido. Daría la impresión a veces de que sus críticas forman parte de la misma estrategia de Sánchez para ser a la vez Gobierno y oposición y para jugar, de forma concertada, con la presión de los barones como arma de negociación con partidos independentistas.