EL CORREO 09/10/13
· Interior advierte que la excarcelación de presos de ETA no sería inmediata, sino que se haría de modo individual y por orden de un juez español.
El Gobierno de Mariano Rajoy teme que la ‘doctrina Parot’ vaya a ser anulada de forma definitiva en las próximas semanas. El Ejecutivo aguarda una sentencia contraria a sus intereses por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). «No huele bien», reconocía ayer un portavoz gubernamental al ser preguntado sobre el procedimiento abierto en Estrasburgo por Inés del Río, exmiembro del ‘comando Madrid’ de ETA. La Gran Sala del TEDH debe decidir en las próximas semanas si ratifica la resolución adoptada en primera instancia por unanimidad de cinco de sus magistrados que, en julio de 2012, dieron la razón a Del Río y consideraron «irregular» que la Justicia española prorrogara de julio de 2008 a junio de 2017 su excarcelación.
Fue la primera vez que la corte europea se manifestaba sobre la doctrina inaugurada por el Supremo en 2006 y que ha servido para alargar hasta los 30 años el tiempo en prisión de los etarras con mayores penas. Los jueces de Estrasburgo ponían de manifiesto el que se ha considerado como el ‘talón de Aquiles’ de la ‘doctrina Parot’: la ilegalidad de aplicar de manera retroactiva una norma cuando ésta es desfavorable al preso, planteamiento que choca con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
De confirmarse ese fallo –son contadas las excepciones en que la Gran Sala enmienda la plana a una sentencia adoptada por unanimidad–, 53 reclusos de la banda, media docena más de internos de la llamada ‘vía Nanclares’ y una treintena de presos comunes –entre los que figuran violadores y narcotraficantes– verían cómo llevan en la cárcel más años de los que deberían. La medida supondría, además, un balón de oxígeno para la izquierda abertzale, a cuyos dirigentes la situación de los presos de ETA se les ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza.
El colectivo oficial de reclusos, el EPPK, estaba convencido de que el «cese definitivo de la actividad armada», decretado en octubre de 2011 por la banda, supondría la paulatina excarcelación de los internos etarras por parte de las instituciones españolas. Algo a lo que el Ejecutivo central se ha negado al exigir a los reclusos que, como paso previo, reconozcan el daño causado y rompan con su pasado.
Las fuentes consultadas por este periódico precisan, no obstante, que el pronunciamiento del tribunal de Estrasburgo no sería inmediato. Portavoces del TEDH insisten en que, por el momento, «no hay ninguna novedad» respecto del ‘caso Del Río’ y que la Gran Sala, compuesta por 17 magistrados, tiene como «práctica habitual» anunciar con «diez días» de antelación la fecha en la que da a conocer sus sentencias, tal y como informó este periódico el pasado lunes. El Ejecutivo, de hecho, no espera que la resolución se dé a conocer «antes del mes de noviembre», según representantes oficiales.
La anulación de la ‘doctrina Parot’ supondría un duro varapalo tanto para el Gobierno central como para los tribunales Supremo y Constitucional, que avalaron el cambio de la norma, no sin fuertes discrepancias entre los magistrados conservadores y progresistas. Una decisión favorable a Inés del Río obligaría al Estado a poner en libertad a algo menos de un centenar de reclusos, entre miembros de la banda, disidentes e internos comunes, además de tener que pagarles importantes indemnizaciones por el tiempo de más que han permanecido entre rejas. En el caso de Inés del Río, el TEDH fijó en 30.000 euros la compensación por «daños morales».
«Un año por asesinato»
El proceso de excarcelación, advierten ya desde el Ministerio del Interior, no sería «inmediato». El departamento que dirige el ministro Jorge Fernández Díaz asegura que la salida de la cárcel de los presos afectados se haría «de manera individual» y «por orden de un juez». Según este relato, los reclusos deberán recurrir ante los tribunales españoles para que se les aplique la nueva doctrina que pueda fijar Estrasburgo. Un procedimiento que requeriría de varios meses de tramitación y evitaría la imagen de un buen número de antiguos miembros de la banda terrorista saliendo de prisión al mismo tiempo. «Serán los tribunales de justicia los que decidan en un sentido u otro en qué forma se tiene que aplicar el posible fallo adverso», reconoció el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Los rumores sobre la cercanía de la sentencia del caso de Inés del Río provocó ayer una cascada de declaraciones. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presente en una reunión de la UE en Luxemburgo, se mostró convencido de que hay violaciones de los derechos humanos que «merecen más atención» que la situación de los presos etarras en España. Criticó, en este sentido, que los tribunales europeos puedan dar la razón a una terrorista incriminada en 28 asesinatos y obligar a indemnizarla. «Resulta que le sale a menos de un año de condena por asesinato», reprochó el titular de Interior.
El único que ayer dijo estar «convencido» de una sentencia del TEDH favorable a España fue el fiscal general del Estado. Eduardo Torres Dulce expresó su «esperanza» de que Estrasburgo revoque su primera decisión y avale la ‘doctrina Parot’. No obstante, aseguró que un fallo contrario será «acatado respetuosamente» por la Fiscalía y que el TEDH merece un «respeto extraordinario» porque ha conformado la doctrina sobre derechos humanos en todos los Estados.
EL CORREO 09/10/13