EL MUNDO – 23/02/15
· Telefónica, Repsol, BBVA y otros grupos tienen un riesgo en Venezuela de 9.000 millones, según un informe oficial El CNI extrema su vigilancia tras las declaraciones del líder bolivariano.
El Gobierno está en alerta ante el peligro de que se produzcan expropiaciones de empresas españolas en Venezuela, tras las últimas declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Fuentes gubernamentales admitieron a este diario su temor a que Maduro quiera dar un golpe de efecto sobre alguna o varias de las compañías radicadas en el país.
Un informe oficial que maneja el Gobierno y al que ha tenido acceso EL MUNDO indica que varias sociedades del Ibex encabezadas por Telefónica, Repsol, BBVA o Mapfre acumulan un riesgo de, al menos, 9.000 millones de euros en Venezuela, por lo que el impacto de cualquier represalia podría ser sustancial.
Las declaraciones del propio Maduro en la noche del viernes sobre la existencia de un eje que conspira contra su poder desde España, Colombia y Estados Unidos han agregado preocupación al Gobierno de Mariano Rajoy.
«Desde Madrid, la derecha; de Bogotá, la ultraderecha, y de Miami, la ultraderecha, han hecho un eje Madrid-Bogotá-Miami para conspirar contra nuestra patria, y todos los días sacan barbaridades de Venezuela», afirmó Nicolás Maduro en un acto en Caracas, poniendo de ejemplo a la prensa española.
«Es una campaña contra Venezuela, contra la revolución, como se hizo contra Chávez también, ahora lo hacen contra mí», afirmó el sucesor de Hugo Chávez mostrando que las conciliadoras declaraciones 48 horas antes del viceministro Calixto Ortega sobre las empresas españolas pueden ser un espejismo.
En paralelo, el régimen venezolano prevé enviar en los próximas días una delegación política a Madrid «para explicar la verdad» de su país, según las fuentes consultadas. Por su parte, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está extremando su vigilancia y capacidad de recabar información en las últimas semanas para proteger los intereses de empresas españolas en el país, según fuentes próximas al organismo.
El documento oficial interno del Gobierno no ve sentido a que Venezuela impusiera barreras comerciales, puesto que además de «ilegal» sería «incoherente», ya que tiene superávit con España gracias al petróleo. Pero el Gobierno no descarta expropiaciones, pese al daño reputacional que, como le sucedió a Argentina, suponen estas medidas para los regímenes latinoamericanos.
El informe describe que «se han detectado unas 110 filiales de empresas españolas establecidas en Venezuela cuyas operaciones adquieren una trascendental relevancia dentro de la estrategia general de sus respectivos grupos». Telefónica, Repsol, BBVA, Mapfre e Iberia figuran ente ellas con riesgos multimillonarios de impacto, incluso si la represalia no llega a la expropiación. Diversos empresarios ya han transmitido al Gobierno que vienen teniendo problemas de cobro de deudas, retrasos en las concesiones de autorización de divisas para poder realizar importaciones y también para que puedan repatriar dividendos.
Se evalúa en cerca de 8.000 millones de euros lo adeudado a las empresas españolas por diversos conceptos, sin incluir los 1.000 millones adicionales pendientes de compensación al grupo agroalimentario Agroisleña, por la expropiación decretada en 2010 por el entonces presidente Hugo Chávez. Además del riesgo de impagos, los activos de las grandes empresas españolas en Venezuela son valiosos.
EL MUNDO – 23/02/15