Lo que está claro es que el Gobierno, tras recibir la patata caliente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tiene un papelón porque debe decidir ahora si paraliza una operación de dimensión europea en la que están en juego muchas cosas, sobre todo la propia imagen de la cuarta potencia de la Unión Europea. «Solo pido una cosa, que se actúe con profesionalidad». Y es que el mensaje del Banco Central Europeo, que en su día tardó diez minutos en dar su plácet a la opa, era de todo menos inocente. Pro-fe-sio-na-li-dad. ¿De verdad que hay que recordar algo tan obvio a estas alturas de la película?

Bruselas vigila de cerca y el titular de Economía, que debe elevar el asunto al Consejo de Ministros para debatir el asunto y tomar una decisión ‘ad hoc’, es muy consciente de ello. Carlos Cuerpo, sin duda el ministro menos político y el mayor conocedor de las instituciones comunitarias, sabe que no puede cometer el más mínimo error y debe armar con extrema precisión jurídica cualquier palo que quiera poner en la rueda de la opa. Porque parar políticamente una operación de este calibre tras recibir todos los parabienes de los reguladores (también de la Comisión Europea) tiene compleja venta a ojos de Bruselas, los mercados y los inversores internacionales.

La presión es enorme, con el presidente del Sabadell, Josep Oliu, devolviendo la sede del banco a Cataluña y exigiendo al Gobierno que vete la opa por el «daño» que va a causar en una comunidad clave para Sánchez, donde todos -y todos son todos, desde partidos a organizaciones empresariales- se han posicionado en contra de que BBVA se haga con la entidad vallesana.

El Ministerio de Economía, primero, y el Consejo de Ministros, después, deberán basarse en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia para tomar una decisión que tendría que tomarse, como muy tarde, antes del verano. Si finalmente da luz verde, llegará el turno de los accionistas, que deberán decidir si aceptan las condiciones de BBVA. Porque aunque todo ha quedado eclipsado por el ruido político, no podemos olvidar que el hito clave de toda opa es que los propietarios decidan vender o no. En la cúpula del banco vasco creen que pueden superar el 50,01% que se han fijado para culminar la operación, pero incluso en este hipotético caso, el Gobierno tendrá la última palabra.

La pelota volvería al tejado del Consejo de Ministros, que tiene capacidad para vetar la fusión. Es decir, que para nada es descartable que BBVA se haga con la propiedad del Sabadell pero que las dos marcas sigan funcionando de forma autónoma. Sería, sin duda, el peor escenario para todas las partes, pero a día de hoy, quizás el más factible.

De todos modos, cuando llegue este momento, es posible que Puigdemont lleve tiempo residiendo en Cataluña (atentos al Tribunal Constitucional antes del verano) y el escenario político que ahora condiciona todo haya cambiado por completo.

Bruselas, mientras tanto, vigila muy de cerca la operación.