EL CORREO 04/05/14
· Encarga un estudio del periodo 1960-2010 dando por hecho que el maltrato ha estado generalizado a pesar de que en democracia sólo ha habido 14 condenas.
LAS FRASES
· Jon Landa Profesor de Derecho Penal: «Los partidos deben decidir si quieren generar bronca con este asunto o cerrar las heridas»
· Iñigo Lamarca – Ararteko: «El testimonio de las personas en comisaría ha sido suficiente para sustentar condenas»
· Carlos Hernández – Salhaketa: «El terrorismo de ETA ha distorsionado la defensa de algo que es parte de los derechos humanos»
Diez de las once personas con las que se reunió esta comisión hicieron unos relatos creíbles y consistentes sobre maltrato ejercido por parte de la Guardia Civil». La afirmación forma parte del informe que el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa hizo público en enero de 2013. Los especialistas europeos aluden a una serie de detenciones efectuadas a comienzos de 2011 en la lucha contra ETA y su entorno. Su estudio, que sobre todo critica las condiciones de la cárcel Modelo de Barcelona, dedica un apartado a las denuncias por torturas, a las que da credibilidad. Carga contra el periodo de incomunicación que se aplica a los arrestados por terrorismo y habla de abusos policiales consistentes en «patadas», la práctica de «asfixia» mediante «la bolsa» o haber obligado a los detenidos a mantener «posturas forzadas o ejercicios prolongados», entre otros procedimientos.
El Gobierno vasco ha decidido reabrir el debate sobre la existencia de torturas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La Secretaría de Paz y Convivencia que dirige Jonan Fernández anunció a finales de marzo el inicio de un estudio que pretende demostrar la «incidencia real» de los malos tratos policiales en un largo periodo de tiempo, el que va de 1960 a 2010. El trabajo se ha encargado al Instituto Vasco de Criminología y será supervisado por Francisco Etxeberria, uno de los forenses de mayor reputación en España y que ha participado en el esclarecimiento de sumarios tan mediáticos como el ‘caso de José Bretón’ –identificó los huesos de los dos niños desaparecidos en Córdoba– y el de Lasa y Zabala –analizó por encargo del abogado de la izquierda abertzale Iñigo Iruin los restos de los militantes de ETA secuestrados por los GAL, torturados en el cuartel de Intxaurrondo y enterrados en cal viva en una fosa en Alicante–.
El estudio comenzará a elaborarse en junio y, si las previsiones se cumplen, estará completo para 2016, antes de las elecciones autonómicas. Se trata del análisis más exhaustivo que se ha planteado en Euskadi desde la llegada de la democracia. Aunque no es el único. De hecho, el trabajo que ahora va a llevar a cabo Etxeberria y su equipo ya estaba entre los planes de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de Juan José Ibarretxe, que a mediados de 2008 presentó en el Parlamento vasco un informe que cifraba en 647 los ciudadanos que habrían padecido abusos policiales, torturas o ataques de grupos vinculados a la extrema derecha. Una «primera aproximación» al tema que, seis años después y tras el regreso del PNV a Ajuria Enea, será completada.
Los resultados que vaya a dar el nuevo análisis científico sobre las torturas, y que se conocerán en su totalidad dentro de dos años, provocarán a buen seguro una fuerte polémica. Como sucedió en 2008. Y amenaza con volver a dividir a los partidos vascos y abrir un nuevo escenario de enfrentamiento entre los gobiernos vasco y central. Porque el estudio que se ha puesto en marcha parte de la base de la existencia de malos tratos por parte de los cuerpos policiales, algo que se niega desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al menos en la época más reciente.
Según la base de datos del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), adscrito al Ministerio de Justicia, se contabilizan 14 condenas firmes por torturas contra miembros de las fuerzas de seguridad por hechos ocurridos entre 1979 y 1992. Desde entonces, no existe ninguna sentencia definitiva por estos motivos. Sólo ha habido algunas en primera instancia, como la que dictó la Audiencia de Gipuzkoa en diciembre de 2010 por la detención de los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola y que condenó a un sargento de la Guardia Civil y a otros tres agentes. Los cuatro fueron absueltos, sin embargo, un año después cuando el caso fue revisado por el Tribunal Supremo.
En los manuales de ETA
El Gobierno central se aferra a esta ausencia de condenas para defender que el sistema funciona y que existen los suficientes mecanismos para, primero, evitar los malos tratos policiales y para, después, depurar responsabilidades. En sus respuestas al CPT europeo, la Administración nacional suele alegar que todas las detenciones por terrorismo que conllevan incomunicación «están controladas por un juez» y que los sospechosos reciben «visitas periódicas» de médicos forenses. Además, recuerdan que ETA cuenta con varios manuales y ha dado orden a los miembros de la banda de denunciar torturas.
Unos argumentos que chocan de plano con la visión que Francisco Etxeberria tiene sobre todo este asunto. Antes de que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu anunciara la elaboración del nuevo informe, el forense guipuzcoano, en una entrevista publicada en ‘Gara’, aseguraba que los forenses de la Audiencia Nacional habían elaborado informes para respaldar determinadas actuaciones policiales, a sabiendas de que la realidad era otra. Algo que en el tribunal madrileño niegan en rotundo.
La percepción de Etxeberria es ratificada por uno de los profesores universitarios que más ha estudiado en los últimos años las denuncias por torturas, Jon Landa, que con Ibarretxe ocupó el cargo de director de Derechos Humanos y promovió el primer informe del Gobierno autónomo sobre abusos policiales y torturas. «No sirve la hipótesis de que todo es mentira ni la de que todo es verdad. Aquí hay un problema; lo corroboran los datos», advierte. Titular de una plaza de Derecho Penal en la UPV, llama la atención sobre la falta de condenas desde los noventa por casos relacionados con ETA. «Entre 2002 y 2012 –explica– hubo más de 200 condenas contra agentes de policía por torturas infligidas en casos no relacionados con temas de terrorismo –35 de ellas han sido ya ratificadas por el Supremo–. Y no las hay en los casos de terrorismo, que es una materia más proclive a este tipo de episodios. Hay un agujero. Es sospechoso».
Landa reprocha, además, que el Gobierno central haya promovido «al menos» una docena de indultos a policías condenados por este tipo de abusos en operaciones contra ETA, algo que, sostiene el profesor, contraviene la «doctrina interpretativa» del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque no ha habido sentencias de cárcel para ningún agente de la lucha antiterrorista, sí que se han registrado pronunciamientos judiciales que han llamado la atención sobre «la ausencia de control suficiente y eficiente» de la detención incomunicada. Así lo constatan resoluciones de la Audiencia Nacional, el Supremo, el Constitucional y el TEDH.
Este último ha emitido tres fallos en contra del Estado español por no investigar «suficientemente» otras tantas denuncias por malos tratos. Los jueces europeos, los mismos que han puesto fin a la ‘doctrina Parot’ no entran en el fondo del asunto, ni abordan si hubo o no torturas, pero consideran que la Administración de Justicia española debía haber tomado un «mayor interés» por llevar a cabo una investigación seria de lo denunciado.
Los trabajos independientes realizados hasta ahora, siempre desde el País Vasco, constatan la existencia de torturas. Aunque cada investigación arroja diferentes porcentajes de incidencia, muy alejados, en todo caso, de los datos que ofrece el Grupo contra la Tortura (TAT, en sus siglas en euskera, que habla de 10.000 torturados).
Un estudio encargado por el Ararteko y hecho público en 2009 analizó un centenar de casos, todos ellos datados en 2001. Casi la mitad de los detenidos a los que le habían aplicado la incomunicación, el 47%, «comunicó» al juez instructor «algún tipo de vulneración de derechos y, en ocasiones, muy graves». Sin embargo, sólo el 27% tramitó una denuncia. Las autoras de ese estudio Izaskun Orbegozo, Ana Isabel Pérez Machío y Laura Pego sostenían ya entonces que «las denuncias de torturas y malos tratos en España no pueden considerarse como meras confabulaciones, y que su uso, si bien no sistemático, es sin embargo más que esporádico e incidental».
Estas especialistas llamaban la atención asimismo sobre el «significativo» número de declaraciones que los detenidos relacionados con ETA llevaban a cabo «en dependencias policiales» y en las que «renunciaban a su derecho a no declarar contra sí mismos y no confesarse culpables». Y advertían de que en los casos que ellas habían realizado esa confesión sustentó, «en el 67% de los casos», la prueba inculpatoria.
Agresiones con ruido
En la misma línea, Benito Morentín, responsable en Bilbao del Instituto Vasco de Medicina Legal y que ahora colaborará con Paco Etxeberria en el nuevo informe, analizó algo menos de un millar de casos (957) registrados entre los años 2000 y 2008. El 66% alegó torturas en algún momento del proceso, mientras que el 46% lo denunció ante el juez. Este trabajo, en el que también participó Jon Landa, subrayaba que el «riesgo» de maltrato «fue hasta diez veces más alto» entre los detenidos por la Guardia Civil frente a los arrestos llevados a cabo por la Ertzaintza. En este sentido, Morentín subrayaba que desde 2004 no ha habido denuncias contra la Policía autónoma por este motivo, aunque hasta 2003 «se habría caracterizado por el uso habitual de las posiciones anómalas, la agresión con ruido y las humillaciones».
El Ararteko, Iñigo Lamarca, subraya, en este sentido, que el Gobierno vasco es el «único» que dispone de un protocolo de actuación para intentar evitar esta clase de abusos en sus comisarías. «Se graban imágenes, se asiste a los detenidos por profesionales del Instituto Médico Forense y se da información a los familiares», explica. Lamarca pone el foco, no obstante, sobre dos cuestiones que considera preocupantes: el aumento de las denuncias por actuaciones llevadas a cabo por policías locales que carecen de planes de prevención y la ausencia de investigaciones internas por parte de todos los cuerpos policiales acusados de episodios de torturas. «Casi nunca ha habido investigaciones internas; siempre se han derivado a los tribunales. Las instituciones deben asumir que hay que desterrar la mala práxis», propone.
En esta línea, Carlos Hernández, de Salhaketa, considera que las denuncias de torturas constituyen «la demostración de que no hay una democracia real». «Frente a las legítimas ansias de venganza, existen los derechos humanos que hay que cumplir», insiste. Hernández cree que la existencia de ETA ha «distorsionado» la sensibilización contra los malos tratos policiales por la politización que ha sufrido esta cuestión. O estabas con las fuerzas de seguridad o estabas contra ellas, viene a decir. «Las torturas –concluye– son un delito contra la humanidad. Es terrorismo de Estado».
EL CORREO 04/05/14