EL CORREO 22/12/14
· Plantea que la banda dé la localización de su armamento a un «comité» formado por el Ejecutivo, «agentes internacionales» y el Foro Social de Lokarri
El Gobierno vasco oficializó ayer la ‘vía vasca’ para lograr el desarme de ETA; una fórmula que viene defendiendo en los últimos meses para impulsar un proceso inmerso en un evidente parón desde que el pasado febrero la banda anunció que había sellado un zulo. Ante el «interés táctico» de la organización terrorista, la «no colaboración» del Gobierno español y la evidente «complejidad operativa» de este proceso, el Ejecutivo liderado por Iñigo Urkullu lanzó una propuesta cuyo eje central es la oferta a ETA para que entregue sus arsenales a un «comité» especial formado por miembros del Foro Social, «agentes internacionales» y representantes del propio Gobierno autónomo, que además contaría con el apoyo del Parlamento vasco. «ETA debe desarmarse ante la sociedad vasca, no ante los Estados o ante una Policía», afirmó ayer Jonan Fernández.
La iniciativa diseñada por el secretario de Paz y Convivencia con el evidente aval de Urkullu se dio a conocer a media tarde, apenas treinta minutos después de que se hiciese pública otra declaración de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), el organismo encabezado por Ram Manikkalingam que ratificó hace ocho meses el cierre de un deposito de armas de la banda durante una solemne comparecencia en Bilbao.
Desde entonces no había habido noticias de su trabajo ni de la decisión de ETA de inutilizar más armamento, lo que empezaba a generar serias dudas sobre su voluntad. Ayer, en un breve comunicado, la CIV sostenía que había «recibido informes» de la banda de que «continúa» el proceso de «sellado y puesta fuera de uso operativo de sus armas, munición y explosivos». Sin embargo, no iba más allá. No ofrecía pruebas. Tampoco incluía un calendario y la propia comisión admitía que no existe un «inventario» de lo que había sido inutilizado.
Fuentes del Gobierno vasco sostienen que el lehendakari conocía tanto la existencia del comunicado de los verificadores como su contenido al menos desde el sábado. Y al ver que no se cumplía ninguna de las expectativas generadas y que se mantenía la «situación de estancamiento» optó por lanzar de inmediato una propuesta alternativa que no tenía pensado hacer pública hasta principios de 2015. Asimismo, recalcaron que no existe ningún contacto con ETA.
El Ejecutivo esperó a que la CIV emitiese su declaración para desvelar su propuesta, que llegó acompañada de una nota de prensa en la que recalcaba que «un proceso de sellado de armas sin verificación efectiva y sin calendario conocido no tiene valor» y que «el costo del no desarme lo paga la sociedad vasca y esto es inadmisible».
Un bloqueo que Urkullu y Fernández quieren romper con una propuesta que consideran adecuada para «un desarme rápido, viable y efectivo». La hoja de ruta diseñada por el lehendakari consta de cinco pasos, y parte de la necesidad de que sean las propias instituciones vascas las que lideren y participen de forma activa en el proceso de abandono de las armas.
Cuarta vía
La herramienta que plantea el Gobierno vasco es la creación de un ‘comité para el desarme’, integrado por una representación del Foro Social –organismo impulsado por Lokarri–, de «agentes internacionales» –que podrían ser los propios verificadores– y por miembros del Ejecutivo.
Este comité contaría con el aval del Parlamento. A través de este organismo de nueva creación, ETA entregaría al Gobierno vasco «la localización de sus almacenamientos de armas y explosivos». Una vez en su poder dicha información, el Ejecutivo actuaría según «legalmente proceda», aunque en la nota hecha pública ayer no explica cómo.
De modo previo, ETA habría aceptado materializar el desarme «ante la sociedad vasca» y «estructurado el depósito de todas sus armas y explosivos en un número determinado de almacenamientos localizables y seguros para la población».
La oferta del Gobierno vasco fue aplaudida de inmediato por el PNV y rechazada por el PSE. Habrá que ver la respuesta de Sortu. La izquierda abertzale siempre ha mostrado sus reticencias hacia la ‘vía vasca’ pergeñada por el Ejecutivo al considerar que ocultaba un intento del lehendakari por patrimonializar el proceso de desarme. Sortu siempre ha insistido en la necesidad de que la entrega de las armas tenga una verificación internacional, una petición que ahora el Ejecutivo habría cumplido al integrar en el ‘comité para el desarme’ a lo que denominan «agentes internacionales».
El Ejecutivo vasco considera que su «modelo» supone una novedosa herramienta frente a las tres vías tradicionales que se han barajado hasta la fecha: el desarme por «incautación policial», un escenario que en «un Estado de Derecho no puede ni debe descartarse»; un desarme acordado con el Gobierno español, «tan perfectamente aceptable como inviable en la realidad política actual»; y un desarme «mediante sellado no verificado y sin calendario», la fórmula por la que ha apostado ETA y que «equivale a nada».
Y para el Ejecutivo liderado por Urkullu, «el no desarme impide pasar página», «favorece el inmovilismo en materia de política penitenciaria y perjudica a los presos y a sus familias», además de bloquear «la normalización de la izquierda abertzale en el juego político». Por contra, un abandono real de las armas por parte de ETA «favorecería nuevas dinámicas de diálogo político y parlamentario en los temas estratégicos y de convivencia».