El Gobierno vasco sondea a las víctimas para frenar sus recelos hacia Jonan Fernández

EL CORREO 04/02/13

· Txema Urkijo inicia los contactos con los colectivos de afectados para celebrar un encuentro con el nuevo equipo de Paz y Convivencia.

Al nuevo secretario general para la Paz y la Convivencia, Jonan Fernández, le espera un duro camino por delante. Su nombramiento, que el lehendakari, Iñigo Urkullu, hizo oficial el pasado martes, no tardó el levantar ampollas en partidos como el PP y UPyD, pero también, y con especial virulencia, en algunos colectivos de víctimas –sobre todo afincados en Madrid–, que no olvidan su pasado como concejal de Herri Batasuna.

Consciente de que deberá tejer complicidades para llevar a buen puerto el nada desdeñable trabajo que tiene por delante, el departamento, de la mano de Txema Urkijo, actual coordinador de víctimas, ha iniciado una ronda de contactos para comunicar a los colectivos de damnificados la nueva estructura del Ejecutivo de Vitoria, pero también para sondear la disposición de las diferentes asociaciones a reunirse con Fernández.

Los portazos fueron sonoros desde el primer día y tuvieron como protagonistas a las principales agrupaciones. También las más conservadoras. Covite y la AVT, mayoritarias en Euskadi y España, respectivamente, cargaron con dureza contra el nuevo secretario general de Paz y Convivencia, al que ven lejos de los postulados defendidos por las víctimas. Esta última, liderada por Ángeles Pedraza, llegó incluso a anunciar la ruptura de relaciones con el Gobierno vasco, al que, según aseguraron, no volverá a solicitar subvención económica alguna por «respeto» a los afectados. Hasta la fecha, la AVT ha sido una de las asociaciones más beneficiadas por las ayudas de Lakua. A estos dos colectivos se sumó también la Fundación Víctimas del Terrorismo, que colabora con una veintena de agrupaciones de afectados y fundaciones repartidas por toda España. Su presidenta, Mari Mar Blanco, se negó a mantener contacto con Jonan Fernández, cuya designación tildó de «humillación».

El ‘mundo’ de las víctimas es, sin embargo, complejo y, aunque les une más de lo que les separa, cada colectivo se guía por sus propios criterios. De igual modo que hay asociaciones más mediáticas, azote de la clase política, y otras que se mantienen en un discreto segundo plano, las hay también conservadoras o aperturistas. Con esa diversidad como punto de partida, Urkijo, que ha trabajado mano a mano durante años con las víctimas –desde 2006 era asesor de la oficina de atención a los afectados por el terrorismo del Gobierno vasco, junto a Maixabel Lasa– inició la semana pasada una ronda de contactos telefónicos con los líderes de las diferentes asociaciones. El objetivo de la misma es informarles personalmente del área de Paz y Convivencia y del equipo que lo compone. Junto a Fernández trabajarán Mónica Hernando, como nueva directora de Derechos Humanos, y el propio Txema Urkijo, que pasará a ser coordinador de víctimas. Pero también para trasladarles la voluntad del nuevo departamento de reunirse cara a cara con ellos. Para la inmensa mayoría de los colectivos de víctimas Hernando, miembro de la Unesco Etxea, es una desconocida.

En el Gobierno vasco aún no hay decidido si organizarán una cita conjunta –con las agrupaciones que así lo deseen– en Vitoria o, por el contrario, si el equipo visitará individualmente la sede de cada colectivo. La clave del encuentro reside, ahora bien, en la disposición que muestren las asociaciones para citarse en persona con Jonan Fernández. Y ahí, las posturas son también de lo más variadas. Pese a que en los últimos años ha estado vinculado a plataformas pacifistas como Elkarri o la Fundación Baketik, hay quienes no perdonan que fuese concejal de HB en los ochenta y que vea inviable, como él mismo ha reiterado recientemente, una paz «con culpables y vencedores».

Mirarse «a los ojos»

Hay asociaciones, como es el caso de la gallega (AGAVITE), que sostienen que su relación con Txema Urkijo será «cordial», aunque se muestran contrarios a la decisión del lehendakari de elegir a Fernández para dirigir la secretaría general de Paz y Convivencia. «Estamos dispuestos a reunirnos con el Gobierno vasco, como lo hemos hecho hasta ahora, pero no con esa persona», afirma su presidente, Antonio Suárez Bujía.

Pero no todo son negativas. Las asociaciones catalana y andaluza, si bien mantienen una actitud recelosa ante Fernández, están dispuestas a sentarse en la misma mesa y formarse su opinión, una vez tengan la oportunidad de entrevistarse con él personalmente. Joaquín Vidal, presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT) tiene muy claro que «el camino tiene que ser el diálogo y conocerse». Vidal pone en valor la «magnífica trayectoria de Txema Urkijo». De Mónica Hernando y Jonan Fernández prefiere no pronunciarse. «Quiero comprobar con reposo el perfil que tienen antes de dar una opinión», señala. Lo poco que sabe de ambos se lo trasladó el propio Urkijo por teléfono. «El día que nos llamen otra vez para quedar, estaremos; por nuestra parte no hay problema», añade.

Más visceral se muestra José Vargas. Presidente de la catalana ACVOT, su primer impulso a la hora de referirse al nuevo secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco es contundente. «Es como meter al zorro en el gallinero, como cuando Josu Ternera formó parte de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco», valora. Pero Vargas no se cierra en banda. Todo lo contrario. Superviviente del atentado de Hipercor, no tiene «inconveniente» en reunirse con Fernández. «Eso sí –advierte–, para que nos miremos a los ojos, me conteste a lo que le pregunte y así yo le pueda creer». Vargas busca de esta forma comprobar en primera persona, tal y como ha defendido Urkullu desde el día en el que hizo público su nombramiento, la evolución del director de Baketik, su postura ante la gestión del final del terrorismo de ETA y la memoria de las víctimas. «Quiero verle y darle, no un voto, pero sí un rato de confianza», apostilla Vargas. La ‘pelota’, y la oportunidad, estará entonces en el tejado de Jonan Fernández.

 

A la espera del reglamento que permita desarrollar la ley estatal

El Senado dio luz verde a la norma hace casi año y medio, pero el Gobierno aún no ha aprobado el proyecto que permitirá aplicarla en su totalidad.

El Pleno del Senado refrendó en septiembre de 2011 la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo, gracias al acuerdo alcanzado entre los dos partidos mayoritarios, pero casi año y medio después, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha presentado todavía el reglamento que permitirá aplicar la normativa en su totalidad. Es decir, hacer práctica una ley que hasta ahora es una declaración de buenas intenciones.

La nueva norma, que sustituye a la de 1999, fue una promesa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero en su primera legislatura. Mucho ha llovido desde entonces. Su redacción recibió en los primeros pasos hacia su gestación las críticas de varios colectivos de damnificados, que afearon al Ejecutivo que no tuviese en cuenta sus propuestas, pese a que Interior había pedido la colaboración de las asociaciones para hacer una ley que pudiera satisfacer, si no a la mayoría, a buena parte de las víctimas.

La normativa vio la luz entre numerosos recelos –de i nicio, PSOE y PP rechazaron las enmiendas de PNV, CiU y Entesa–, aunque su aprobación, con retraso y en el límite de la disolución del Congreso y el Senado por la convocatoria de las generales, fue motivo de alivio para los afectados. La duda reside ahora en cuándo dará luz verde el Gobierno central al reglamento que la desarrolla. Y que, supuestamente, debería ha ber estado listo en un periodo de seis meses. El pasado mes de diciembre, el Ministerio del Interior remitió un borrador del mismo a diferentes colectivos de víctimas para que volvieran a hacer sus aportaciones, si bien parte de estos últimos han optado por no trasladar su opinión «dado el caso nulo que nos hicieron la última vez», justifican. El Ejecutivo les aseguró que el reglamento estaría listo en enero –con anterioridad había fijado noviembre como fecha–. Pero el mes ha pasado y no tienen noticias de la ley. Su pregunta es clara: «¿Para cuándo?». La respuesta que reciben desde Madrid es, al parecer, «siempre la misma: en breve».

EL CORREO 04/02/13