EL MUNDO 23/06/13
· Activará su propio plan, que prevé recortar un 20% la estructura de la Administración.
El Gobierno vasco se declararáinsumiso ante aquellos aspectos de la reforma de la Administración que proyecta el Ejecutivo con los que no está conforme. El portavoz, Josu Erkoreka, aseguró ayer que desde su Ejecutivo se hará «prevalecer» su «propia visión», lo que implicará «marginar» las propuestas que procedan de Madrid en caso de no haber coincidencia de criterios.
Según expuso, los planteamientos del Gobierno «serán muy útiles para otras comunidades, pero no para un marco institucional como el vasco», que goza de una competencia de autoorganización recogida en el Estatuto y a la que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu «no está dispuesto a renunciar», por lo que será «un celoso defensor» de sus competencias.
Por ello, aseveró que sólo tomará en consideración aquellas cuestiones en las que se «tengan sintonía». En lo demás, dijo, «haremos prevalecer nuestros planteamientos».
De hecho, Erkoreka aseguró que el Ejecutivo vasco cuenta con su propio plan de redimensionamiento del sector público y que implicará una reducción del 20% de las estructuras administrativas, de modo que, según advirtió, el País Vasco no va a estar «a la espera de lo que llegue» del Estado. Además, precisó que lo que plantea el Gobierno del PP son «simples propuestas» que «serán o no aceptadas por las Comunidades Autónomas» si lo consideran oportuno.
En concreto, el Gobierno de Urkullu está en claro desacuerdo con las propuestas de Madrid de proceder a la eliminación del defensor del pueblo vasco, conocido como Ararteko, y del Tribunal de Cuentas. Según aseveró Erkoreka, se trata de dos órganos creados por el Parlamento Vasco que «cuentan con un arraigo y un reconocimiento notable en la sociedad vasca y siguen desempeñado una función eficaz», por lo que advirtió que su supresión «no se contempla en absoluto».
El portavoz del Gobierno vasco, que ayer participó en un homenaje a los gudaris de 1936 en Bilbao, aseguró que «en breve» se presentará ante el Parlamento autonómico el plan de redimensionamiento de la administración institucional y del sector público empresarial y fundacional, el cual contempla reducir las estructuras en torno al 20%. Además, recordó que este proyecto llega después de haber reducido en este mismo porcentaje el personal de altos cargos y de confianza con el que trabajaba el anterior Gobierno del PSE.
En este debate también terció el presidente del PNV en Guipúzcoa, Joseba Egibar, que aseguró que el Gobierno «puede hacer un ejercicio de supresión o racionalización de organismos, pero tiene un modelo territorial absolutamente en crisis». Aseguró que el País Vasco es «una realidad nacional que no tiene ese reconocimiento de estatalidad pero que quiere ser dueña de su destino».
Desde IU, su coordinador federal, Cayo Lara aseguró que la reforma de la Administración es un «absoluto despropósito» con el que «quieren volver a recortar servicios y recortar democracia». Lara criticó que el «recorte» planteado de 37.700 millones de euros se haga «con la excusa de evitar la duplicidad en las Administraciones», y cuestionó que no suponga una destrucción de empleo.
El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Francisco Jorquera, demandó que «se dejen de agredir los derechos nacionales del pueblo gallego» con la reforma anunciada, que consideró «un auténtico chantaje a las comunidades».
El informe del Gobierno ha hecho saltar las alarmas en multitud de organismos autonómicos cuya continuidad corre ahora peligro. El presidente del Consejo Consultivo de Baleares, Rafael Perera, aseguró ayer que «suprimir» el órgano que dirige sería «un auténtico disparate» ya que habría que cambiar el Estatuto. Y que es imposible que sus funciones las realice el Consejo de Estado.
En los sindicatos tampoco ha gustado mucho la reforma administrativa. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, expresó ayer su «preocupación» por el proyecto ya que, en su opinión, con él «los problemas se agravarán, no se resolverán». Ese proyecto «no pretende dar más eficiencia al gasto público, sino recortar ese gasto y despedir a empleados públicos», sentenció.
EL MUNDO 23/06/13