EL CORREO 22/10/13
· Cree que puede ayudar a que Rajoy flexibilice la política penitenciaria y a que los presos de ETA acepten las vías legales de reinserción.
· El PNV exige a ETA que dé a todos sus reclusos «la misma libertad» para optar por salidas personalizadas.
La decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de tumbar la ‘doctrina Parot’ ha sido recibida con alivio y satisfacción por un Gobierno vasco que, desde hace meses, contemplaba con creciente preocupación el «bloqueo del proceso» de paz y las, a su juicio, cada vez más enquistadas posiciones tanto del Ejecutivo central y del PP como de ETA y la izquierda abertzale. En ese contexto, la resolución ha sido interpretada en Ajuria Enea como una ocasión de oro para dar un nuevo impulso a la paz definitiva.
El propio lehendakari Iñigo Urkullu, a través de su cuenta de Twitter, apuntó que el fallo «debe entenderse como una oportunidad para una nueva política de paz». Un mensaje que no va dirigido únicamente a Mariano Rajoy, al que se le pide, como hizo ayer el portavoz Josu Erkoreka, una estrategia «de Estado» en esta materia, sino también a una izquierda abertzale enrocada en sus posiciones.
El moderado optimismo del Gobierno autónomo, según las fuentes consultadas, se basa en la convicción de que la anulación del cómputo acumulado de las penas puede surtir una especie de ‘efecto dominó’ en dos de los aspectos que, según cree, obstaculizan el camino hacia la «normalización» de la convivencia: la política penitenciaria vigente y la insistencia de ETA en impedir que los presos integrados en el colectivo oficial (EPPK) puedan acogerse a vías de reinserción individual. Según creen, el aval de la corte europea puede servir de ‘percha’ a Rajoy para abrir algo la mano con los presos y, dado que la sentencia deriva de un recurso individual –el de la etarra Inés del Río–, también para que los reclusos vinculados a la ortodoxia de la banda renuncien de una vez a una amnistía general y asuman lo que ya recogen, por ejemplo, las conclusiones del ‘foro social’ que el propio entorno de Sortu toma como referencia.
En esa idea abundaron tanto el portavoz del Gobierno vasco como el PNV. Erkoreka subrayó que la resolución de la Gran Sala, que valoró positivamente por hacer prevalecer «los derechos humanos» sobre cualquier otra consideración, da pie a una «reflexión compartida» sobre la política penitenciaria. A la izquierda abertzale le reclamó «responsabilidad y altura de miras» para «gestionar esta nueva etapa» y dar «pasos» que, a través de una «revisión crítica del pasado», permitan a los presos de ETA aprovechar «las posibilidades que ofrece el marco legal en materia de beneficios penitenciarios y reinserción». También hubo peticiones para el Gobierno central, que, según Erkoreka, debería aplicar a partir de ahora la política penitenciaria desde un triple principio «de legalidad, realidad y consenso».
El PNV, por su parte, gestionó de forma especialmente activa su reacción a la sentencia, con una comparecencia de encendido entusiasmo de la burukide Itxaso Atutxa, por la mañana, y una extensa declaración de la ejecutiva, algo poco habitual, por la tarde. El EBB celebró una resolución «justa y necesaria» que, a su juicio, corrige una «incorrecta e ilegítima desviación» jurídica que suponía aplicar «medidas de excepcionalidad» para combatir el terrorismo. «El PNV siempre ha entendido que las violaciones de derechos humanos no pueden combatirse sino desde los instrumentos legales del Estado de Derecho, a través de las leyes penales, procesales y penitenciarias generales», abundaron los burukides.
A partir de ahí, ‘recados’ para Rajoy y para los presos, tras recordar y subrayar que los beneficiarios de la sentencia europea cometieron crímenes «execrables». El PNV exigió al Gobierno central que garantice «inequívocamente» el acatamiento de la resolución y olvide cualquier tentación de aplicar la «ingeniería jurídica» para esquivarla. A los reclusos les instó a que «indivudualmente, como deberán hacer los implicados por la sentencia revocatoria de la ‘doctrina Parot’, y tras el reconocimiento del daño causado», se acojan a las vías legales previstas «para su resocialización en un país que desea inequívocamente la paz y el cierre definitivo de las consecuencias dramáticas generadas por décadas de violencia y horror». Y para ello es preciso, dijeron, que ETA conceda «la misma libertad» a todos sus reclusos para optar por salidas personalizadas.
Dolor y alarma social
De perfil más bajo fue la reacción del PSE. La portavoz de la ejecutiva de los socialistas vascos, Idoia Mendia, se limitó a exigir que se acate el fallo «sin dilaciones ni subterfugios legales» porque, según dijo, es expresión palpable de la aplicación de las «reglas del juego» democrático por más que la excarcelación de terroristas y delincuentes especialmente sanguinarios pueda causar «dolor» y «alarma social».
El PP vasco, por su parte, rechazó frontalmente la sentencia, que consideró un «error» por derogar una doctrina «justa y útil contra ETA» y se posicionó sin ambages «al lado de las víctimas». «El PP quiere estar cerca de ellas, queremos compartir con ellas su dolor y su tristeza y transmitirles todo nuestro apoyo», subrayó el ‘número dos’ del partido, Iñaki Oyarzábal, que recalcó que el PP «no descansará» hasta la «disolución incondicional» de la banda.
EL CORREO 22/10/13