LIBERTAD DIGITAL 16/06/17
· No cuenta con el apoyo del PSOE
El Gobierno reconoce que la futura reforma de la financiación autonómica pende ahora mismo de un hilo. De nada servirá el trabajo del grupo de sabios que elabora una propuesta de modelo si, como confirman a este diario desde varias instancias del Ejecutivo, éste obvia sus principales sugerencias, y si ni siquiera encuentra socios en el Congreso con quienes sacar adelante el nuevo modelo en tiempo y forma. El presidente Mariano Rajoy se comprometió en la pasada Conferencia de Presidentes a que el futuro sistema de reparto entrara en vigor en 2018 y, de momento, parece poco probable que pueda ser así.
Por un lado, fuentes próximas al Ministerio de Hacienda inciden en que el apoyo del PSOE es condición indispensable para poder sacar adelante el texto y dicen no contar con él hasta la fecha. Por otro, recuerdan que el dictamen que elevarán los expertos no deja de ser un conjunto de sugerencias que no están obligados a incorporar al proyecto definitivo, por lo que debates como el de la armonización de Sucesiones y Donaciones o el IVA colegiado podrían quedar fuera del texto definitivo.
Desde Vicepresidencia, que en esta legislatura ha recibido las competencias de Administraciones Territoriales, el discurso es confuso. Fuentes de este departamento insisten en vanagloriar el trabajo de la Comisión de expertos, «que debe entregar su dictamen el 10 de agosto». Pero reconocen que este texto afrontará, desde entonces, un camino de espinas. «Primero tendremos que acudir a ministerios que puedan verse afectados, como Sanidad y Educación; después tendrá que ser Hacienda la que opine al respecto; y después el Ejecutivo tendrá que lanzar su propuesta y buscar el pacto político», admiten.
En este sentido, la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE ha venido a empañar la posibilidad de un acuerdo sencillo con los socialistas, toda vez que el lanzamiento de la financiación autonómica se produjo en enero por acuerdo de la Conferencia de Presidentes. Un evento en el que tuvo un protagonismo especial Susana Díaz, presidenta andaluza, víctima del nuevo secretario general de su partido en los comicios internos, y partidaria -al menos en privado- de una oposición dura pero dispuesta a acordar con el Ejecutivo-.
Propuestas peliagudas
Pero es que, a la previsible alergia de Sánchez a pactar algo con Moncloa, se une el debate interno que algunas de las propuestas de los expertos pueden provocar en este partido. Un IVA colegiado, por ejemplo, levantaría ampollas en federaciones como la balear, defensora a ultranza de la libertad de las autonomías a desarrollar su propia política impositiva. Limitar el concierto vasco y navarro también provocaría severas grietas, pues el PSOE en aquellas comunidades es un férreo defensor del actual sistema. Dentro del PP el asunto no es menos peliagudo, sobre todo si tenemos en cuenta que Madrid es firme partidaria de la autonomía fiscal de los territorios y otras, como Castilla y León, dicen verse seriamente perjudicadas por el conocido como dumping fiscal y se decantan también por la armonización.
Es un hecho que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no podrá apoyarse en el PNV, actual socio, para sacar adelante una reforma de la financiación autonómica que afecta fundamentalmente a las autonomías de régimen común, máxime cuando acaba de garantizarse el acuerdo sobre el cupo.
Otras fuentes consultadas inciden en que uno de los asuntos clave en el debate es si el nuevo modelo podrá contar con más recursos. Las comunidades defienden que, sin ese dinero, aprobar otro sistema no tendría ningún sentido, mientras que el Gobierno se muestra bastante reticente, al menos de momento, a ceder en ese sentido.
Puig: Hacienda «retiene» 2.400 millones de FLA
Ximo Puig ha vuelto a denunciar la gestión del FLA por el Estado, al que acusa de «retener» 2.400 millones de la Comunitat Valenciana: 1.538 millones de la liquidación de 2105 y 871 millones del FLA extraordinario por desviación del déficit de 2016. «El Ministerio tiene los recursos, mientras los proveedores valencianos sufren retraso en pagos», criticó el conseller de Hacienda, que insistió en la «calendarización» de liquidaciones.