La relación institucional entre el Gobierno y el poder judicial se encuentra en una situación crítica. Socialistas y morados, llevados por la inercia de los estereotipos y los tópicos, han hecho recaer sus errores legislativos sobre las espaldas de la judicatura creando un antagonismo interesado que intenta desacreditarlos colectivamente. Si la ley del solo sí es sí está mal hecha —que lo está— la responsabilidad, dicen en el Gobierno, sería de la Justicia “patriarcal” de jueces y magistrados “machistas”, insensibles a la violencia de género. Aplicar la Constitución (artículo 9) y el Código Penal (artículo 2) revisando las sentencias para que los reos de delitos sexuales se beneficien inevitablemente de los efectos retroactivos más favorables no es una cuestión ideológica, sino meramente técnica y garantista. 

Si creen Irene Montero y los demás ministros y portavoces de los grupos que forman la coalición que la opinión pública comulgará con esa rueda de molino, se equivocan. Es muy lamentable que más de 135 delincuentes sexuales hayan visto rebajabas sus condenas y más de 20 hayan sido excarcelados, pero tal indeseado efecto se debe a las deficiencias de la Ley de Garantía de la Integridad de la Libertad Sexual y en absoluto a ningún sesgo machista de los togados. El desprecio a los informes técnicos consultivos por parte del Ejecutivo ha llevado a esta coyuntura, que es verdaderamente escandalosa.

Buena parte de los dirigentes políticos desconocen por completo la judicatura española, integrada por 5.400 jueces y magistrados en activo, de los que el 56% son mujeres y el 44% hombres. De todos ellos, solo el 55,9% está afiliado a organizaciones judiciales, que son varias: la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Ágora Judicial, Asociación Nacional de Jueces y Unión Judicial Independiente. ¿Las mujeres juezas y magistradas son machistas y patriarcales? ¿Está la judicatura sesgada de conservadurismo ultramontano cuando casi la mitad de estos funcionarios no están adscritos a ninguna asociación profesional? Con tan variadas asociaciones y tantos no afiliados, ¿suponen los políticos que los jueces y magistrados están uncidos al carro de la uniformidad ideológica? No hará falta explicitar que los populismos embisten sistemáticamente contra los jueces, magistrados y tribunales y contra los medios de comunicación, al tiempo que implantan un recreado peronismo dando carta de naturaleza a una sociedad subsidiada y, al tiempo, desmantelando los valores constitucionales como el de la seguridad jurídica, entre otros varios. 

La actitud gubernamental y de sus portavoces en el Congreso ante la admisión a trámite y la adopción de medidas cautelares por el Constitucional, que suspendieron la votación en el Senado de las enmiendas de adición sobre las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional, resultó inaceptable. En particular, la del socialista Felipe Sicilia, que se permitió, ante una impertérrita Meritxell Batet, presidenta de la Cámara, acusar de “golpistas” a unas “togas” que habrían sustituido a los “tricornios” del 23-F. Y aunque la Justicia constitucional no pertenece al poder judicial, la intencionalidad descalificatoria era nítida: contra los magistrados del Constitucional y, de paso, contra las togas. Contribuyó a la estigmatización de jueces y magistrados —aunque refiriéndose al órgano de garantías constitucionales— el mismísimo ministro de la Presidencia, que auguró “consecuencias imprevisibles” si el TC admitía el recurso de amparo del PP y aceptaba las medidas cautelares que solicitaba.

La administración de la Justicia ha sido represaliada por el Gobierno como si jueces y magistrados resultasen terminales del PP que se ha negado a renovar el Consejo General del Poder judicial. Al declarar al órgano de gobierno del poder judicial “en funciones” (algo que no prevé la Constitución), se ha suspendido la posibilidad de que el Consejo provea decenas y decenas de plazas en órganos jurisdiccionales en el Supremo, en los tribunales superiores y en audiencias provinciales. Como ayer informaba aquí Beatriz Parera, la Sala Tercera del Supremo ha pasado de 32 miembros más su presidente a solo 10, de tal manera que su colapso es cuestión de meses. Otras salas del alto tribunal comienzan a resentirse de la falta de nombramientos y lo mismo ocurre en diversas instancias. Una medida legislativa reactiva, errática e impulsada con el criterio político de forzar una negociación con el PP que ha impactado sobre el buen funcionamiento de los tribunales españoles, lo que, al fin y al cabo, perjudica a los ciudadanos. Y no ha movido un ápice a la negociación del CGPJ. 

Bajo el mandato de Carlos Lesmes, en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Supremo, se realizaron estudios demoscópicos analizados por el catedrático emérito de sociología José Juan Toharia. En 2021 se auscultó cómo los jueces y magistrados entendían su función y una mayoría aplastante —siempre superior al 85%— coincidía en una visión plenamente democrática y garantista de su misión, que demostraría que la interesada y anacrónica descripción de estos funcionarios como conservadores a ultranza es una de las narrativas más torticeras de las elaboradas por determinada izquierda. El año 2022, se pulsó la opinión de los ciudadanos sobre la administración de la Justicia, y aunque se apreció un fuerte malestar por su tardanza en resolver, los niveles de confianza sobre la preparación y fiabilidad de los jueces y magistrados son altos. Y se les considera, además, “inasequibles al soborno”. El reciente y exhaustivo estudio de la Fundación BBVA sobre la confianza de los españoles acredita que los tribunales de Justicia se sitúan en una “horquilla media” de fiabilidad, de tal modo que hasta el 60% de los consultados los califica con cinco o más puntos. Se desploma la confianza en los partidos políticos, y es escasa en el Parlamento y en el Gobierno. La percepción de corrupción, además, está generalizada en el ámbito político, pero es reducidísima en el judicial.

Los jueces y magistrados no son patriarcales (más de la mitad mujeres), ni machistas, ni golpistas. Por el contrario, los tribunales de Justicia y el Constitucional son la última frontera de la democracia, la empalizada frente a la arbitrariedad. Y eso, en el actual proceso de mutación constitucional, de desfondamiento efectivo de los principios constitucionales en que está inmerso el sistema institucional, resulta incómodo. Quienes conozcan bien los mecanismos de un sistema democrático en el que los jueces, después de 44 años de democracia, no pueden ser tachados de franquistas, entenderán muy bien que el PSOE de Sánchez y la izquierda extrema han pinchado en hueso, abriendo una brecha en la relación entre los poderes del Estado que va a tener un coste extraordinario. Lo iremos viendo. Porque las togas van a ser muy protagonistas en este año 2023.