La Comisión Europea va a emitir su cuarto informe sobre la Justicia y el informe va a ser otra vez muy negativo. Lo de España con la Justicia tiene mal arreglo desde la infausta Ley del Poder Judicial (L.O. 6/1985 del 1 de julio). La Comisión quería renovar el CGPJ, cuestión ante la que el PP se llamaba andanas mientras exigía el cambio del sistema a lo que el PSOE se negaba en rotundo.
Pudo ser peor lo de ZP, que empezó con López Aguilar. Luego lo fue con Fernández Bermejo, aquel fenómeno que cenaba en cacerías con el todavía juez Garzón, la fiscal Delgado y el comisario de la Policía Judicial el mismo día que el juez arrancó el caso Gürtel contra el PP. El ministro tuvo que dimitir por desconocer las sutilezas fronterizas de nuestras autonomías en materia de licencias de caza. Luego vino Caamaño, fruto del talento de ZP como head hunter. El PP nombró ministro a Gallardón, que no llegó a cumplir dos años, después de fracasar en la reforma de la ley del aborto. Rajoy lo sustituyó por Rafael Catalá, dos veces reprobado en el Congreso, aunque su estrella palideció frente a Lola Delgado, antigua fiscal y cómplice afectiva de Garzón, que superó la marca: a ella la reprobaron tres. Con semejante currículo su futuro estaba cantado: Sánchez la nombró fiscal general del Estado y cubrió el hueco que dejaba en el Ministerio con Juan Carlos Campo, un tipo que consiguió dos hitos grandiosos: ligar con la presidenta del Congreso y dictaminar que España se encontraba en una crisis constituyente.Todo lo que puede empeorar lo hará, ya lo dice la Ley de Murphy, y en 2021 fue elegida ministra de Justicia Pilar Llop, que ha dejado el nivel bajo mínimos, aunque parecía difícil. También hay que decir que tuvo mala suerte, la pobre mujer. Cada vez que era interpelada sobre cuestiones relacionadas con su Ministerio, ella daba cuenta de los ninguneos a los que era sometida: “A mí no me lo han consultado”, era una respuesta que afloraba a sus labios con extraordinaria (y quizá inadecuada) naturalidad. Se estrenó prometiendo renovar el CGPJ, pero ahí quedó todo. Vaya en su descargo que el ministro de facto era el inefable Félix Bolaños, detalle ésta capaz de explicar por sí mismo casi todo. Luego vino lo de la Ley Sisí, que se había gestado antes de su llegada al Gobierno y ante la que asumió “en primera persona lo que pueda pasar”, sin saber si contaba con el respaldo de Pedro Sánchez. Luego le tocó lidiar con la huelga de los letrados de Justicia y la de jueces y fiscales y la del resto de funcionarios, sin que Sánchez fuera capaz de asumir el principio sabiamente enunciado por Carlos Rodríguez Braun: “el mejor amigo del hombre (y de la mujer, naturalmente) es el chivo expiatorio”. O la chiva. Ni siquiera tiene puesto en las listas del 23-J. Por si todo fuera poco hay que añadir que el presidente del Constitucional es Cándido Conde Pumpido. No hay quién dé más.