Tres podemitas/comunistas del Gobierno se turnan estos días para atribuir a la derecha intenciones de golpe de Estado, un golpe clásico, violento, porque meten en la película a las fuerzas de seguridad. No tienen pruebas, pero eso es lo de menos porque les interesa desprestigiar a la oposición y desviar la mirada sobre sus propios objetivos.

Denunciar a la ligera deseos de golpe de Estado sería de risa si no fuera parte de un plan de acoso a la oposición, que es un artificio seguro para debilitar la democracia. El primer ataque lo materializó Sánchez cuando rotuló a Vox de extrema derecha y anticonstitucional, teniendo a su lado al líder de la extrema izquierda y de la radical anticonstitucionalidad, Iglesias, quien completó la imputación titulando a ese partido como antidemócrata.

Yo no voto ni votaré a Vox -advertencia necesaria ante el escrachador ideológico de guardia-, pero eso no impide reconocer que el de Santiago Abascal es un partido constitucional; no le gusta parte de la Constitución y quiere cambiarla, no destruirla como codicia Iglesias aunque ahora la cite mucho.

El principal acoso a la oposición se produce, con todo, mediante el menosprecio constante al Partido Popular, al que se equipara con el extremismo y, para remate, con el golpismo. Sánchez ha llegado a infamarlo como enemigo de la libertad. La anulación de la oposición deja tocada a la democracia.

Las insistencias en el fantasma del golpe, que es un bonito leitmotiv para las imposturas de los fieles repartidos por ahí, incluidos los medios, han velado otros delitos de lesa democracia, codiciados por una extrema izquierda que en esto no engaña y una izquierda calculadora dispuesta a todo para durar en el poder.

Podemos humilló a la Corona al transigir Iglesias con una cacerolada al Rey mientras el presidente evita los necesarios gestos de respeto y acatamiento al jefe del Estado, ausente de la gestión de la pandemia salvo por las tareas específicas que ha organizado la Casa. Muchos españoles deben de pensar que el Rey está de vacaciones, omitido en medios entusiastas de Sánchez, postergado a migajas informativas y ninguneado en la televisión pública.

Iglesias es enemigo declarado de la Monarquía, su pareja, elevada a la condición de ministra, no duda en lucir los colores republicanos en una pulsera y Sánchez prefiere acogerse al no sabe/no contesta. El Gobierno menoscaba el prestigio de la Jefatura del Estado, que es el prestigio de la democracia.

La división de poderes, esencia del sistema, ha recibido tarascadas varias. La conformación del gobierno de los jueces, el CGPJ, se realiza desde los años 80 con intromisión de los partidos gracias a una exégesis forzada de la Constitución, lo que facilita que el presidente del Consejo y del Supremo, primera autoridad judicial, armonice con el color gobernante. Pero nunca hasta ahora ocurrió que una mitinera psocialista y ministra, Dolores Delgado, pasara directamente a ejercer como Fiscal General, lo que allana la sumisión de gestiones judiciales a un expreso interés político.

Quienes dudaban de la exministra ya tienen hasta tres motivos en un solo día para recelar de la fiscal: rebaja la petición al golpista Josep Lluís Trapero, jefe de los Mossos, que así podría librarse de la cárcel, quita cualquier sombra de delito en la abstención del delegado del Gobierno en Madrid ante las temerarias manifestaciones del 8-M y reactiva la investigación a supuestas irregularidades del Rey honorífico, Juan Carlos I, que es una perita en dulce para que los agitadores populistas desvíen el golpe hacia su hijo.

El Gobierno intentó antes otro control de la administración de Justicia al pretender impedir una información solicitada por una jueza sobre la gestión de la pandemia por ese delegado del Gobierno, José Manuel Franco, que ha causado una asombrosa crisis privada y pública en la Guardia Civil desde el momento en que el ministro de Justicia destituyó al coronel Diego Pérez de los Cobos por cumplir el mandato de silencio que impone el trámite judicial.

Por fortuna para los defensores de la independencia judicial, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel mantiene su investigación, lo que anuncia un pulso. Si a esos controles, intentados y reales, se suma el menosprecio al Parlamento, cerrado parcialmente con la excusa del Covid-19, postergada su función legislativa y convertida la tarea de control al Gobierno en reprensiones de los interpelados a los preguntantes, tendremos un panorama de subversión del orden democrático que o se corrige con urgencia o puede llevarnos a una dramática añoranza.

No cabe en un artículo de prensa la glosa de todas las alteraciones consumadas; dejemos constancia de algunas otras en resumen: el Gobierno ha caído en el control político de la información mediante subvenciones oportunas a algunos medios, la selección de preguntas y la prohibición de repreguntas en ruedas de prensa, que han suscitado el inaudito recuerdo de la censura política; ha debilitado la defensa institucional del Estado al permitir, mediante un ardid legislativo, la presencia de un enemigo declarado de la democracia, Iglesias, en la comisión de control del CNI; negocia y pacta con golpistas catalanes (ERC) y con los herederos de quienes asesinaron durante años para derrotar el sistema español (Bildu)… Este golpe no usa la fuerza de las armas. Es una estrategia que conduce a la anulación paulatina de la calidad democrática.

Tras estudiar durante años la mutación de varios sistemas libres en consumadas tiranías, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, profesores de Harvard, anotan en su libro Cómo mueren las democracias los síntomas que conducen al fracaso. Dicen que “deberíamos preocuparnos en serio” cuando un político rechaza la Constitución, describe a sus rivales como subversivos o “contrarios al orden constitucional establecido”, patrocina “linchamientos a adversarios”, tolera o alienta la violencia y, entre otras cosas, apoya leyes o políticas que restringen las libertades civiles.

Por nuestro futuro nos importa tomar en serio la transformación encubierta que se está produciendo. Levitsky y Ziblatt insisten en que un político que cumpla siquiera uno de esos criterios “es causa de preocupación”. Preocupémonos, sí, porque no hay duda de que el golpe silencioso a la democracia, no el tan gratuitamente anunciado, está en marcha.

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Nada más concluir este análisis, escucho al ministro de Justicia sostener en el Congreso que en España hay una “crisis constituyente” y un “debate constituyente”. Confirmación por sorpresa.

Constituyente es un adjetivo con propósito, que afecta a nuestra ley básica que hoy es objeto de derribo del sector podemita del Gobierno. Juan Carlos Campo ha intentado matizar sus palabras, pero resulta extraño que un magistrado curtido yerre en un término jurídico tan explícito. Lo pronunció además en la respuesta a una diputada de ERC, que se emociona de solo pensar en la ruina del Estado español.

Yo estoy dispuesto a confiar en la rectificación del ministro pero despejaré mi duda cuando lo afirme de modo público e inequívoco. Porque en asuntos trascendentales, un titubeo equivale a unaratificación.

*** Justino Sinova es periodista y profesor emérito de la Universidad San Pablo CEU.