EN 2008, Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado y vivo ejemplo de la degradación política del Ministerio Público, porque hasta él nadie se había atrevido a decir que en el apaño de ZP con la ETA había que «mancharse las togas con el polvo del camino», y vaya si se las manchó, proclamó la necesidad de que el fiscal se convirtiera en juez instructor. La respuesta del PP en la oposición y de las organizaciones profesionales no identificadas con el Derecho sectario y el embarramiento de togas fue clara: mientras no se reforzase y asegurase la independencia de la Fiscalía, ese cambio sería una calamidad para los ciudadanos, que quedarían a merced del poder Ejecutivo sin posibilidad de defenderse con la Ley, en el Judicial.
En 2010, Francisco Caamaño, ministro de Justicia de ZP y que aún escondía su nacionalismo gallego y su condición de masón, volvió a insistir en la necesidad progresista de entregar la instrucción de los casos a los fiscales, amén de la conveniencia de acabar con la acusación popular y otros obstáculos que se interponían entre la Alianza de Civilizaciones y la Justicia Perpetua que el Gran Arquitecto depara a los iniciados en la Cosa. El PP volvió a negarse y las asociaciones mayoritarias volvieron a decir lo mismo: mientras no se refuerce la autonomía fiscal, lo que el Ejecutivo busca es anular la independencia judicial y controlar ab initio los casos de corrupción que le afecten. Un golpe de Estado entre poderes.
En 2013, Alberto Ruiz Gallardón, recién traicionado su compromiso de despolitizar el CGPJ («vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos»), no tuvo el decoro de dimitir y, en su línea Philby, asumió el viejo proyecto del PSOE, que, desde la LOPJ/85, es liquidar la autonomía del poder Judicial. Y contra lo dicho por el PP a Pumpido y Caamaño, anunció la entrega de la instrucción a los fiscales –él estudió eso y lo fue un rato, aunque su carrera se la debe al secuestro de Cambio 16 como abogado de Fraga–. El PSOE le dijo que quería tapar Gürtel; las asociaciones profesionales, atrocidades.
En 2016, Catalá anuncia lo mismo que Pumpido, Caamaño y Gallardón. Sigue pareciendo un golpe de Estado del Ejecutivo contra el Judicial. Y nadie dice nada. ¿Habremos muerto?