EL MUNDO – 27/02/16
· El nuevo presidente del Tribunal Superior insta a encauzar la política fuera de los tribunales.
· Para el Gobierno catalán, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha anulado la obligatoriedad de que los funcionarios de la Generalitat se expresen preferentemente en catalán, en realidad, «no implica una modificación de la política lingüística» que se aplica en la comunidad.
La directora general de Política Lingüística del Govern, Ester Franquesa, fue ayer muy clara en este sentido: «No habrá ningún cambio en las relaciones de comunicación con el ciudadano porque la lengua de uso normal en la Administración Pública de Cataluña es la lengua catalana».
El protocolo que ha sido en buena parte anulado establecía para los empleados de la Administración catalana que «la lengua de comunicación entre el personal ha de ser la catalana, tanto presencialmente como por teléfono, en la megafonía, en las reuniones de trabajo, etc., especialmente ante terceras personas», o que «las conversaciones telefónicas deben iniciarse siempre en lengua catalana». Además, indicaba que «tanto si la conversación la inicia el usuario como el trabajador, éste la mantendrá en catalán, independientemente de la lengua que utilice el interlocutor, salvo que el usuario manifieste dificultades para entender el catalán o pida ser atendido en la otra lengua oficial».
El TSJC considera que este protocolo tiene un «contenido imperativo» y que «extralimita» el marco normativo fijado por el Estatuto. En este sentido, destaca que estos artículos vulneran las reglas de la cooficialidad lingüística y el derecho a la libertad de expresión.
Frente a ello, Franquesa defendió ayer que la Administración catalana seguirá atendiendo al público en catalán «como hasta ahora» y que prevalecerá el derecho del ciudadano a usar la lengua que quiera. Consideró que la resolución del TSJC es «una sentencia política», ya que «lo mismo que se está recomendando y que está funcionando en la Administración en estos momentos, hace más de 35 años que se está siguiendo e intentando normalizar».
En la misma línea se manifestó la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, que aseguró que este protocolo «no es un tema normativo y obligatorio para los trabajadores públicos; la sentencia no altera nada». El conseller de Justicia, Carles Mundó, completó el cuadro recordando que los derechos lingüísticos de los ciudadanos están preservados por la Ley de Política Lingüística vigente.
Con este panorama se estrenaba precisamente ayer el nuevo presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que en su primera intervención instó a los responsables políticos a «encauzar» el debate soberanista en Cataluña y la política fuera de los «juzgados y tribunales». Para ello, Barrientos pidió a los poderes legislativos y ejecutivos que articulen «respuestas imaginativas que puedan resultar aceptadas por amplias mayorías sociales y que, al tiempo, reporten beneficios mutuos a los ciudadanos de Cataluña y del resto de España, como desea y reclama el conjunto de la sociedad».
En este sentido, el nuevo presidente del TSJC señaló que «la ley no es inmutable, tampoco el texto constitucional», y añadió que «debe estar al servicio de la sociedad y adaptarse a las exigencias que en cada momento demanden sus ciudadanos mayoritaria y democráticamente, siempre dentro del marco de reforma admitido por la propia ley».
Barrientos realizó estas manifestaciones tras tomar posesión del cargo en presencia de su antecesor, Miguel Ángel Gimeno, y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, además de una nutrida representación de vocales del Consejo, de presidentes de otros tribunales superiores, del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, de la delegada del Gobierno, María de los Llanos de Luna, y de los consejeros Carles Mundó y Jordi Jané, entre otros..
Barrientos admitió que Cataluña «se encuentra inmersa en un intenso debate social relacionado con la propuesta de revisión del actual modelo de encaje y convivencia con el resto de España». Tras considerar que el Parlament está «plenamente legitimado para emprender iniciativas de mejora de ese marco de relaciones y convivencia», recordó que su «legitimidad proviene de la Constitución» y que «jueces y magistrados independientes e imparciales» son la garantía última en «la preservación» de ese Estado de Derecho.
Partidos y entidades destacaron la importancia de la sentencia sobre el catalán. El portavoz del PP en el Parlament, Santi Rodríguez, aseguró por ejemplo que «no hay conflicto lingüístico» entre trabajadores y ciudadanos, que «se entienden perfectamente», sino que «quien viene a buscar problemas es el Govern, exigiendo utilizar una sola lengua y discriminando a la otra oficial atentando de forma grave a los derechos y libertades de las personas».
EL MUNDO – 27/02/16