EL MUNDO
· Puigdemont convoca el 1-O tras un pleno bronco en el que los independentistas cercenaron derechos de la oposición para lograr una aprobación exprés El Govern en pleno firma el decreto que consagra la ruptura con la legalidad.
· Carles Puigdemont firmó el pasado 8 de septiembre el decreto de convocatoria de un referéndum unilateral de independencia en Cataluña.
El Parlament se convirtió durante muchas horas en una batalla, casi siempre grotesca, en la que en vez de con armas los contendientes se batieron con artículos del reglamento, con peticiones de reconsideración y con recursos y apelaciones. Pero la mayoría independentista estaba determinada a que ayer fuera su gran día: a las 23.25 horas el presidente de la Generalitat convocó a los catalanes a votar si quieren romper con España el próximo 1 de octubre.
Costará que quienes la siguieron olviden la jornada parlamentaria de ayer. No sólo porque al fin Junts pel Sí y la CUP traspasaron la línea roja y, después de varios años de amagos, aprobaron una Ley del Referéndum que «prevale jerárquicamente», según su artículo 3, sobre el Estatut y la Constitución, y activaron la respuesta de la Justicia española. Sino también porque lo hicieron buscando un imposible: tratando de aprobarla al amparo de la misma legalidad que pretenden derogar.
Los independentistas eligieron una vía muy poco habitual para consagrar su desafío: la modificación a última hora del orden del día del pleno para aprobar una norma que tenían guardada en un cajón desde hace casi un año. A partir del momento en que Junts pel Sí y la CUP invocaron el artículo 81.3 para aprobar por el procedimiento de «urgencia extraordinaria» la Ley del Referéndum, Carme Forcadell se convirtió en un muro contra el que se estrellaron los intentos de la oposición de hacer valer sus derechos parlamentarios.
Durante 11 horas y media, nada detuvo a la presidenta de la Cámara, aleccionada por Junts pel Sí. Ni el hecho de que el secretario general del Parlament, Xavier Muro, se negara a publicar la tramitación de la norma en el Boletín del Parlament, y diera orden de que tampoco lo hiciera ningún otro funcionario (lo acabaron haciendo los cuatro miembros independentistas de la Mesa). Ni un escrito de los letrados que recordaba las prohibiciones del Tribunal Constitucional sobre la ley que se iba a aprobar. Ni que el Consejo de Garantías Estatutarias (el TC catalán) advirtiera por unanimidad que la oposición estaba en su derecho de pedir una revisión previa de la norma, lo que podía retrasar hasta un mes su aprobación. Ayer tenía que ser el día y no había legalidad que valiera.
La obstinación de Forcadell la llevó incluso a negar la palabra al letrado mayor de la Cámara cuando quería tomar la palabra para advertir a los miembros de la Mesa de los peligros que corrían, según fuentes parlamentarias.
La actitud de la presidenta de la Cámara, y la intención de los diputados de la oposición de alargar todo lo posible los debates para dejar en evidencia sus desplantes al reglamento, provocó que se viviera la sesión parlamentaria más tensa que se recuerda. Hubo constantes reproches cruzados, cada vez más subidos de tono, tanto dentro de la Cámara como fuera. La mayoría independentista calificó de «filibusterismo» todas las apelaciones de la oposición –indignada porque se les dio un periodo de sólo dos horas para presentar enmiendas– a la observación de las reglas.
La maquinaria del Estado se puso en marcha poco después del mediodía. Después de seguir la sesión de la mañana, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró sentir «vergüenza» por la «patada a la democracia» del Parlament, impropia de un país «occidental». Al tiempo, el Ejecutivo solicitaba al TC que declare nulos la admisión a trámite de la ley y todos los actos que se derivan de ella, entre otras medidas. Los independentistas buscan forzar al Gobierno a actuar con contundencia.
Pero faltaba el espectáculo de la tarde. Después de larguísimos recesos, provocados por los intentos de la oposición de que se tuviera en cuenta el informe del Consejo de Garantías Estatutarias, llegó el debate de la ley. Los independentistas dijeron que no les había quedado más remedio que acortar al máximo los plazos e impedir los trámites habituales; Cs, PSC y PP abandonaron el hemiciclo tras denunciar el «golpe a la democracia». La Ley del Referéndum se aprobó con un hemiciclo medio vacío, con el apoyo de 72 diputados (los de Junts pel Sí, CUP y el no adscrito Germà Gordó) y la abstención de los 11 de Catalunya Sí que es Pot. Hubo una última performance parlamentaria: Àngels Martínez, diputada de Podemos, retiró las banderas españolas que antes de su salida habían dejado los representantes del PP sobre sus escaños. Los que quedaban en el hemiciclo cantaron Els Segadors con porte solemne.
Inés Arrimadas anunció poco después que intentará una moción de censura que parece condenada al fracaso. El Govern en pleno salió del hemiciclo a la carrera a las 21.30 horas. Se reunieron en una sala de la Cámara para firmar, todos juntos, el decreto de convocatoria del referéndum. Después de años de discursos, los independentistas están a punto de entrar en el territorio inexplorado de la desobediencia.
Después de firmar el decreto, y ya pasada la medianoche, Puigdemont, aseguró que «defenderá hasta el final» el derecho a decidir de Cataluña y aseguró que el resultado del 1-O será «vinculante».
El pleno continuaba al cierre de esta edición. Junts pel Sí y la CUP seguían aplicando su rodillo en la designación de los miembros de la Sindicatura Electoral, el organismo que la Ley del Referéndum crea para actuar como junta electoral el 1-O. Se trata de Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès (juristas) y Jordi Matas y Tània Verge (politólogos).
Además, los independentistas, buscando aprobar toda su artillería parlamentaria antes de que se active el TC, convocaron de madrugada una nueva reunión de la Mesa para admitir a trámite la Ley de Transitoriedad Jurídica, que se votará hoy. La norma establece un régimen legal despúes de una eventual victoria del sí en el referéndum unilateral.