El Govern también anunció que no facilitará la lista de funcionarios públicos vinculados al pago de facturas que reclama el Ministerio de Hacienda. En concreto, será el consejero de turno quien responderá sobre su área ante el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda –tutelado por el propio Junqueras–, que recogerá toda la información sobre los pagos que se efectúan con el dinero del FLA y la facilitará a la interventora general. Un procedimiento que va en la línea del Ejecutivo catalán de actuar de forma colegiada y en nombre de la Generalitat ante cualquier movimiento o investigación del Gobierno central.
De hecho, la comparecencia ayer de Junqueras se centró casi en exclusiva en contestar al Ejecutivo de Rajoy, en explicar las supuestas bondades de la economía catalana –calificada de «bono basura» por la agencia Standard & Poor’s– y en poner ejemplos de los pagos sociales que se realizan con los recursos del FLA.
«Es evidente que no haremos un referéndum utilizando el FLA», resumió el vicepresidente económico tras un largo discurso en el que incluso citó ejemplos de organismos como el Banco de Sangre y de Tejidos, el Instituto Catalán de Oncología o la Escuela Catalana de Música para explicar qué facturas se pagan con el dinero proveniente del FLA. «Esperamos que el Gobierno no actúe de forma arbitraria contra estas entidades», concluyó antes de lanzar otro órdago al Estado: «Si no quiere pagar las facturas de julio con el FLA, que las devuelva» y ya lo hará la propia Generalitat «con un plan de contingencia» previsto en la tesorería.
Junqueras también confirmó que en ningún caso estas advertencias frenarán la celebración del referéndum de independencia y reiteró que el 1 de octubre «habrá urnas» y estarán «llenas de votos».