EL MUNDO – 15/04/16
· La Generalitat ha vuelto a utilizar la educación para abrir una batalla contra el Gobierno. En esta ocasión, se trata de la negativa de la Consejería de Enseñanza de pagar 6.000 euros a cada una de las 43 familias que han solicitado la escolarización en castellano, medida que decidió el Ejecutivo central.
· La negativa a hacerse cargo del pago fue anunciada ayer en persona por la consejera del ramo, Meritxell Ruiz, al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Ruiz aseguró que el Govern recurrirá «todos» los expedientes abiertos respecto a estas peticiones, ya que en su opinión «no tienen ningún sentido».
El Departamento de Enseñanza considera que esta medida supone un «ataque al modelo de inmersión lingüística y a las competencias propias en materia educativa», por lo que tratará de evitar que el Gobierno no le reste este dinero, tal y como establece la normativa. Ruiz también expresó al ministro su «profundo malestar» por estos expedientes autorizando la escolarización en castellano en Cataluña, ya que considera que se cuestionan las competencias en educación de la Administración autonómica.
La disposición adicional 38 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) establece que los alumnos que tengan que estudiar en un centro privado, por no tener en su comunidad uno público o concertado donde recibir educación en castellano como lengua vehicular, serán compensados por la Administración autonómica con un importe máximo equivalente al coste de una plaza en un centro público, que es de unos 6.000 euros.
Según esta norma, el Ministerio de Educación debe ingresar el importe correspondiente a las familias por mensualidades y, cada tres meses, remitir al Ministerio de Hacienda la información, para que éste retenga el importe «de los regímenes de financiación de las comunidades autónomas». Mediante este sistema, la factura final de la escolarización del castellano es sufragada por aquellas comunidades autónomas que no prestan el servicio.
Precisamente, lo que el Govern anunció ayer que va a recurrir es la retención de esas cantidades, que se ve obligado a pagar de forma indirecta por su negativa a escolarizar en castellano por motivos políticos.
La batalla de las familias en Cataluña por poder escolarizar a sus hijos en castellano viene de lejos y se ha encontrado siempre con la oposición de la Generalitat, firme defensora de la inmersión lingüística en catalán, hasta el punto de haberla convertido en uno de los pilares del nacionalismo y del enfrentamiento con el resto de España. Ni las diversas sentencias judiciales que se han producido a favor del bilingüismo ni, ahora, las medidas impulsadas por el Gobierno, han hecho a la Generalitat modificar su postura.
Por otro lado, la consejera comunicó a Méndez de Vigo durante la entrevista que mantuvieron en Madrid que «Cataluña no hará las pruebas de evaluación de la Lomce» y que los alumnos catalanes de 6º de Primaria seguirán el sistema fijado en la Ley de Educación de Cataluña. Ruiz aseguró que las pruebas que ellos realizan sirven igualmente para «evaluar el sistema y para orientar las políticas educativas del Departamento», pero «sin publicaciones de rankings que estigmatizan a los centros». Además, lamentó que la Lomce les obligue «a escoger la lengua», algo que «en este país no es posible».
La consejera de Enseñanza se mostró igualmente «totalmente contraria» a que los alumnos de 4º de Secundaria tengan como requisito indispensable aprobar el examen que prevé la Lomce para obtener el título. «La evaluación siempre será diagnóstica y para dar un efecto orientador, tanto para las familias como para los centros. No creemos que utilizar la evaluación para condicionar un título sea el uso adecuado» aseguró.
EL MUNDO – 15/04/16