IGNACIO CAMACHO-ABC
El juez Llarena encarna en solitario al pelotón spengleriano sobre el que recae in extremis la defensa del Estado
CON el 155 aplicado en baja intensidad, los cuadros separatistas en sus cargos y la TV3 entregada a la propaganda abierta, la posición del Estado en el problema catalán la está abanderando casi en exclusiva el magistrado Pablo Llarena. Firme en la aplicación de la ley, ni cede a la provocación ni ofrece al soberanismo un solo resquicio por el que colar su estrategia, aunque sus decisiones procesales acabarán con toda probabilidad en un recurso ante la jurisdicción europea. Pero mientras eso sucede, el juez del Supremo aguanta impertérrito la razón del derecho en pleno ejercicio de su independencia. Él solo es el pelotón spengleriano que defiende el sistema. En el confuso limbo del post-procés, con la opinión pública desentendida ya por hartazgo del tostón cansino y las instituciones en compás de espera, España ha fiado su defensa a un profesional de la toga obligado a detener sucesivas tandas de penalties con reflejos de guardameta.
Cuando la historia del desafío de secesión pueda escribirse con cierta objetividad habrá que dedicarle un capítulo al instructor que se ha erigido en solitario dique contra la rebeldía. Ante el desistimiento de la política, ante la renuencia del Gobierno y los partidos constitucionalistas a ejercer con el vigor necesario la intervención de la autonomía, la respuesta al terco envite nacionalista ha quedado en manos de la justicia. Suya es la responsabilidad de impedir que un Parlament teledirigido al alimón por Puigdemont desde Waterloo y por Junqueras desde la cárcel se burle de la nación con arrogante chulería. Todas las consecuencias de haber resuelto la crisis de octubre con una respuesta alicorta y tímida recaen ahora sobre el responsable del sumario de la rebelión, convertido en la ultima ratio de un Estado a la expectativa. Llarena no cambia de criterio; desde la autoridad que le da el conocimiento prolijo de los antecedentes y los hechos, sus autos y resoluciones proclaman con nitidez la evidencia de que los líderes independentistas están muy lejos de renunciar a su proyecto. Su línea argumental es clara y compacta: todos los movimientos de la investidura están relacionados con la intención expresa de «desbordar» la observancia de la ley y él no va a aceptar casuismos circunstanciales que den lugar a ese riesgo. Mientras el objetivo declarado sea la creación de una República catalana, la posibilidad de reiteración delictiva impide la excarcelación de los dirigentes presos.
Frente al pensamiento optimista, ilusorio o descomprometido de los agentes políticos, esa contundente convicción sobre la continuidad del reto soberanista es la única formulación expresa de la realidad del conflicto: no existe arrepentimiento más allá del plano declarativo y por tanto sigue vigente el peligro de subversión del orden jurídico. Y no valen cantos de sirena: ellos, los de entonces, siguen siendo los mismos.