La Audiencia provincial descarta el tráfico de influencias por el que también habían sido imputados al no ver presiones acreditadas ni despejar quién dio la orden de crear la plaza. Sin embargo, se centra en los retoques con el que diseñaron «un traje a medida» y se amoldaron a las necesidades del músico, interesado en sus proyectos operísticos. El enchufe sigue en el foco, aunque su origen haya prescrito. La ilegalidad no radica en una elección a dedo, sino en la modificación ‘ad-hoc’ del nombre del puesto, funciones y ubicación sin justificación en beneficio del hermano del presidente. Aceptar un sistema de privilegios vulnera de forma flagrante el principio de igualdad que debe garantizar todo concurso público, basados en el mérito, la capacidad y las mismas oportunidades. David Sánchez, con experiencia en diferentes teatros y orquestas europeas, accedió al puesto y lo consolidó en condiciones ventajosas sobre los demás, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa.

Los jueces consideran probado que los funcionarios condenados firmaron para «complacer a su jefe», Gallardo, aunque sigue la sospecha sobre si éste último lo hizo por contentar al suyo. Más allá de la previsible crispación política –el PP exigía ayer a Sánchez poner fin a su ciclo político, el PSOE denunciaba un intento de «derribar» al Gobierno y sus aliados cuestionaban una condena «desproporcionada»-, la sentencia abre una brecha institucional: la Fiscalía, encargada de defender el interés público, solicitó la absolución de los implicados, mientras la Audiencia de Badajoz ha visto un delito de prevaricación que pasará a la historia.