IGNACIO CAMACHO, ABC – 22/06/14
· El discurso real fue sobre todo un compromiso ético. Felipe VI ha vinculado su legitimidad de hecho a la ejemplaridad.
Estilos aparte, la diferencia esencial entre el discurso inaugural del Rey Felipe y el de su padre Juan Carlos I es la que va del impulso político al imperativo ético. En 1975 España era una dictadura cuyos poderes heredaba el S oberano, que en apenas diez vibrantes minutos se comprometió a utilizarlos para construir un sistema constitucional de derechos y libertades. En 2014 ese régimen es una realidad tan sólida que sus problemas son las de una cierta fatiga de materiales acumulada durante el curso de la normalidad democrática.
Las primeras palabras del Heredero de la Corona revelan que si bien el aliento que el país necesitaba hace 39 años era de naturaleza política, las circunstancias actuales requieren un planteamiento de índole moral. Lo que aquel Monarca, todavía con facultades ejecutivas, presentó a las Cortes era en realidad un programa de gobierno; su hijo, en cambio, sometido a los estrictos límites arbitrales de la Constitución, ha comparecido con un compromiso de responsabilidad deontológica.
Hasta tal punto parece consciente el nuevo Rey de la importancia de esa función ética que en su discurso del jueves vinculó su legitimidad de ejercicio –la que Don Juan Carlos se ganó a base de instinto político– a la ejemplaridad. Los últimos años han provocado un sensible desgaste del prestigio de la Monarquía española, rodeada de escándalos y reproches sociales que se suman a un descrédito institucional generalizado, y la primera alocución de Felipe VI revela hasta qué punto sabe que esos estragos han resultado determinantes en la decisión abdicatoria y en su propia llegada al trono.
Falto quizá de una cierta retórica de hálito histórico, el discurso se centró sin abstracciones en la necesidad de una regeneración moral que ha de empezar por la propia jefatura del Estado. Es un texto que contiene un contrato explícito e inédito de honradez: al prometer ante las Cortes «una monarquía íntegra, honesta y transparente» el rey constitucional se declara sometido al juicio ético de los ciudadanos para dar carta de naturaleza a su condición de representante simbólico de España.
Se trata de una pieza escrita desde la conciencia de que la crisis económica ha desembocado en una crisis de valores. Ese necesario paradigma de conducta que el Rey ofrece como prenda para ganarse el orgullo y la confianza de los españoles es –y no tanto el problema catalán, en el que sus responsabilidades competenciales son estrictamente limitadas– el verdadero «23-F» de este reinado, el punto de inflexión sobre el que el Monarca ha de asentar su legitimidad de facto. La implacable laminación de la Infanta Cristina en los actos de proclamación demuestra que Don Felipe conoce las reglas del escrutinio social sin condescendencia a que va a estar sometido. La continuidad de la «monarquía renovada» del siglo XXI pasa por establecer con ella un patrón ético.