ABC 02/12/15
EDITORIAL
· Es el colmo del cinismo que la Generalitat pida con una mano ayuda al Supremo para gastar el dinero del FLA a capricho, y con la otra le desobedezca en materia lingüística o educativa
EN un nuevo ejercicio de victimismo, la Generalitat de Cataluña ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo para denunciar el uso finalista que le obliga a hacer el Gobierno de Mariano Rajoy del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), de modo que desde ahora se destinará a pagar miles de facturas de proveedores, y no a subvencionar el proceso independentista. El Gobierno de Artur Mas cree que la decisión del Ejecutivo central de controlar ese gasto es «arbitraria e inadmisible» porque convierte a los catalanes en «ciudadanos de segunda». Nada más lejos de la realidad. La Generalitat debería saber hace tiempo, cuando decidió plantear un desafío secesionista, que los únicos ciudadanos de segunda son los que, pese a votar y pagar sus impuestos, no son gobernados. Y bien se ha ocupado Artur Mas de no gobernar y destinar todos sus recursos a enfrentarse al Estado. El resultado es palpable: fractura social, parálisis institucional, huida progresiva de inversiones, inestabilidad política, incapacidad manifiesta para aprobar leyes… Si hoy Cataluña no aparece abandonada a su suerte es precisamente por la tabla de salvamento que representa el FLA. Este fondo supone un ejercicio de responsabilidad del Gobierno para impedir que los catalanes sean «ciudadanos de segunda», y encarna la generosidad del resto de los españoles, que ya están financiando, por ejemplo, los 319 millones de la factura farmacéutica catalana de noviembre.
Mas lidera un partido roto y su investidura depende de diez diputados anarquistas. Recurrir al Supremo para disponer libremente de 3.300 millones del FLA, y que se destinen a alimentar el capricho soberanista, es un sarcasmo y un doble ejercicio de cinismo. Primero, porque el Gobierno está plenamente legitimado para fiscalizar ese gasto cuando hay sospechas evidentes de su uso cuasi-fraudulento. Y segundo, porque son muchas las ocasiones en que la Generalitat se ha burlado de los Tribunales incumpliendo sus sentencias. Incluso, el Gobierno catalán ha promovido iniciativas para no reconocer al TC –a punto de anular la declaración independentista–, y se ha negado a cumplir fallos del Supremo en materia lingüística, educativa o de símbolos. Es el colmo del oportunismo que la Generalitat pida ayuda al Supremo con una mano, mientras con la otra incurre en una desobediencia sistemática de sus resoluciones. Ser legalista para unas cosas y vulnerar la ley para otras es absurdo. Hay dos datos objetivos: Cataluña sigue paralizada, y el resto de España es quien oxigena sus cuentas. La independencia es un negocio ruinoso, salvo para la élite de Convergència. Lo mínimo es asegurarse de que no se malversa el dinero del FLA.