ABC 04/04/15
EDITORIAL
AL igual que no se puede confundir libertad con libertinaje, una cosa es ejercer el derecho de manifestación y otra muy distinta aprovechar esa legítima expresión de protesta social para cometer actos vandálicos, tal y como, por desgracia, suele suceder en numerosas marchas callejeras. Según el Ministerio del Interior, se produjeron casi mil incidentes violentos en las manifestaciones que tuvieron lugar en España entre 2012 y 2014. El coste económico de dichos disturbios ascendió a 47,5 millones de euros, pero lo más grave es que el humano se saldó con un total de 869 civiles y 632 policías heridos. Son cifras alarmantes, cuya tolerancia o justificación debería ser objeto de la más radical condena por parte de todas y cada una de las fuerzas políticas. De ahí, precisamente, que no se entienda el frontal rechazo que ha originado la nueva ley de Seguridad Ciudadana entre los partidos de la oposición, con el PSOE a la cabeza, ya que el espíritu de esta norma no es otro que el de prevenir y sancionar el vandalismo.
El objetivo de esta ley consiste en garantizar que las manifestaciones transcurran de forma pacífica, evitando que su celebración acabe en violentos disturbios, cuyo estallido perjudica tanto al resto de asistentes como, sobre todo, al conjunto de los ciudadanos. Por ello, y puesto que el castigo penal no es el adecuado para este tipo de casos, la norma contempla fuertes sanciones económicas en función de la gravedad que revistan los hechos, como, por ejemplo, el uso de armas y sustancias explosivas o la celebración de marchas no comunicadas, lo cual, sin duda, servirá para desincentivar este tipo de incidentes. No querer o no saber distinguir entre lo que es un derecho y un acto vandálico constituye una grave muestra de irresponsabilidad, tanto social como política.