Ha querido el azar que las negociaciones para la investidura del próximo presidente del Gobierno coincidan con el calendario de efemérides del separatismo, que los interlocutores de Pedro Sánchez están aprovechando para aumentar la presión. Primero, el 11-S, en cuyos actos ERC y Junts radicalizaron sus exigencias y se ratificaron en su renuncia a abandonar la unilateralidad.

Hoy los separatistas celebran la infausta memoria del 1-O, aniversario del referéndum ilegal de independencia. Y no se trata de una mera conmemoración, sino de un empeño por repetir aquel golpe de Estado aprovechando una coyuntura política nacional propicia.

Ese es el propósito del movimiento secesionista, como declaró en la concentración de la Diada: «El reconocimiento explícito de que el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 fue el acto de soberanía que refrenda a Cataluña como sujeto político en conflicto con el Estado». Y por tanto «hacer efectiva la declaración de independencia que está congelada desde el mes de octubre de 2017».

Y nada mejor para este propósito que la amnistía que negocian en secreto con Sánchez. Al hacer como si el atentado contra el orden constitucional no hubiera existido, la amnesia penal, como ha sintetizado Enric Millo en conversación con este periódico, «les lleva a la casilla de salida».

De esta manera, en esta fecha simbólica, el independentismo puede ve más cercana no sólo la reactivación del procés. Si la amnistía se consuma, quedaría desautorizada retroactivamente la aplicación del artículo 155, por lo que también obtendría un reconocimiento tácito de la legitimidad de su horizonte secesionista.

Esta misma inferencia tramposa es la que perspicazmente ha advertido Feijóo este sábado, que ha alertado de que la lectura de las implicaciones de la amnistía podría llevar a pensar que esta valida la declaración de independencia.

No en vano, Artur Mas ha defendido en su último artículo en Ara que «hay que abordar la amnistía como un eslabón de una cadena que debe llevar más allá». Parece pues claro que, al contrario de lo que pretende el Gobierno, los separatistas no entienden la amnistía como un pago a cambio del que aparcar el referéndum para una futura discusión en una mesa de diálogo. Al contrario, lo conciben como una negociación en fases. Un itinerario en el que cada etapa que se consuma pone las bases para avanzar hacia la siguiente. Por eso ha llamado Junqueras este sábado a la amnistía «una herramienta más en el camino para poder decidir democráticamente».

La resolución acordada por Junts y ERC el jueves en el Parlament, en vísperas del aniversario del referéndum del 1-O, para condicionar el apoyo a la investidura al referéndum de autodeterminación, prueba que los socios de Sánchez no enfocan el horizonte de la consulta como un órdago más, sino como parte de un plan muy tasado.

Por eso Puigdemont quiere aprovechar este 1-O para espolear una movilización masiva con la que poder pedir un nuevo referéndum, seis años después. Y aunque Sánchez ha vuelto a evitar referirse al elefante en la habitación, Óscar Puente ya ha hablado de amnistía. Y lo que es peor, de «una consulta para valorar un marco de consulta». Lo cual invita a dudar de la reciente significación del PSC en contra del referéndum.

En esta Jornada Antirrepresiva, el independentismo pugnará para que la memoria del 1 de octubre de 2017 se materialice en un nuevo 1-O. Por lo pronto, tendremos que asistir a la ignominiosa «autoamnistía» que ha denunciado Emilio García Page, en la que son los propios independentistas los que votarán su exención.