ABC – 05/02/17
· El expresidente Mas afronta una posible pena de inhabilitación para cargo público.
· Engaño Según el TSJC, los acusados urdieron una «estrategia de desafío completo y efectivo» al TC.
· Mas, renacido Arropado por 40.000 fieles, Mas podría protagonizar mañana el primer acto de la campaña electoral.
La liturgia de las grandes ocasiones: autocares llegados de toda Cataluña, más de 40.000 inscritos para manifestarse, llamadas incluso a los funcionarios para que se tomen el día libre… el objetivo, convertir mañana la apertura del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a dos de sus consejeras por organizar la consulta del 9-N de 2014 en una nueva movilización independentista, un intento de revigorizar un proceso soberanista que, según sus promotores, avanza en 2017 hacia su último estadio.
Una forma de apoyar a los primeros «mártires» del movimiento secesionista, una intolerable forma de presionar a la Justicia, tal y como han denunciado la mayoritaria entre los jueces Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria, que no han dudado en calificar de «escrache» judicial la manifestación convocada para mañana ante las puertas del Palacio de Justicia. A modo de previa, y para dar mayor solemnidad a la cita, el presidente Carles Puigdemont recibirá a los encausados en el Palau de la Generalitat antes de que, en comitiva, y acompañados por el gobierno catalán casi en pleno y decenas de cargos municipales, Mas y las exconsejeras Joana Ortega (Gobernación) e Irene Rigau (Educación) acudan al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Primer juicio
Al margen de lo que suceda en el exterior, lo relevante del juicio es el hecho de que, por primera vez desde que en 2012 comenzase la escalada independentista, sus impulsores rendirán cuentas ante la Justicia, afrontando la posibilidad de, descartado el ingreso en prisión, verse inhabilitados para el ejercicio de cargo público durante largos años. Al hacerse público el auto de apertura del juicio oral, el TSJC confirmó que se procesa a los tres dirigentes por los delitos de desobediencia grave y prevaricación, lo que podría comportarles penas de entre nueve y diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, según la petición de la Fiscalía. La acusación popular ejercida por los sindicatos policiales SPP y UFP, así como por Manos Limpias, eleva la inhabilitación hasta los 12 años.
Por contra, y en lo que en su momento se leyó también como un intento por parte del Gobierno de atemperar el caso, el ministerio fiscal pidió, y fue atentido, desestimar la demanda de la acusación popular de procesar a los tres por malversación de caudales públicos, lo que hubiese implicado que afrontasen posibles penas de prisión en caso de condena. La posibilidad de ver al expresidente Artur Mas entre rejas es una imagen que, por razones políticas, y aunque la confrontación ahora mismo está más enconada que nunca, entre las mismas filas constitucionalistas se ve como contraproducente.
Homs, en el Supremo
En este caso, y aunque inicialmente la Fiscalía incluyó la malversación en su escrito de acusación, al final lo desestimó tras constatarse durante la fase de instrucción que la mayoría de los gastos relacionados con la consulta se encargaron y pagaron con anterioridad al 4 de noviembre de 2014, que es cuando el Tribunal Constitucional suspendió el «pseudo referéndum» que se acabaría celebrando cinco días después.
Por los mismos hechos está también encausado el líder del PDECat en el Congreso de los Diputados, y en 2014 consejero de Presidencia, Francesc Homs, que por su condición de aforado será juzgado en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal, en su caso, sí mantiene la acusación de malversación contra Homs, con lo que quien fuese hombre de máxima confianza de Artur Mas sí podría afrontar pena de cárcel. La siguiente causa marcada en rojo por el soberanismo, y nuevo argumento para la movilización, es la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell,
Sea como fuere, y a falta de conocer cuál será la estrategia de las defensas, lo cierto es que el auto del juez instructor José Francisco Valls Gombau constituye un detallado y contundente relato de cómo los tres acusados articularon «una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional» (TC) para llevar adelante la consulta. El objetivo, según el mismo auto, fingir la apariencia de que la consulta la organizaban y llevaban a cabo voluntarios cuando, en realidad, el impulso era público, de la Generalitat.
ABC – 05/02/17